El Tribunal Constitucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el Art. 160 de la Constitución, una vez constituido después de su última renovación, ha propuesto al Rey a uno de sus miembros para presidirlo durante los próximos tres años. Sobre esa cuestión nada hay que decir, porque se encuentra dentro de la normalidad del funcionamiento del propio Tribunal, aunque no está de más recordar que las importantes funciones, que corresponden al Presidente del Alto Tribunal, han de ser ejercidas siempre con arreglo a Derecho en lo jurídico y con prudencia en todo lo demás, conducta que hay que suponer va a desarrollar el nuevo Presidente.
Cuestión distinta ha sido la elección como Vicepresidenta (cargo previsto solo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero no en la Constitución) de una Magistrada no incluida en la próxima prevista renovación, sino prácticamente recién llegada al Tribunal y además postergando el meritorio currículum del otro candidato, Ricardo Enríquez, si incluido en ese tercio de futura renovación, faltando a la norma no escrita, aunque observada como costumbre en casi todas las ocasiones anteriores y poniendo de manifiesto y eso es lo peor, que en la elección han pesado consideraciones distintas a las de la pura evaluación de los méritos, dicho sea con el máximo respeto por los que sin duda tiene la persona elegida.
Tampoco puede ignorarse que la situación por la que atraviesan las Instituciones españolas colocan al Tribunal Constitucional en un futuro de enormes responsabilidades, que es de esperar asuma en cada momento, porque en ello va la permanencia de valores tan transcendentes como son la unidad territorial de España y la estabilidad de nuestra democracia. Realidad de un peligro que, sin alarmismo alguno, no cabe ignorar, entre otras cosas que resultan patentes, porque los mismos que lo amenazan, no tienen recato alguno en anunciar de forma pública y reiterada que su propósito, incluso en un futuro inmediato, es el de dar los pasos necesarios para la convocatoria de un referéndum, o consulta o designado con la palabra que se busque en su momento, dirigido a la llamada “autodeterminación” (institución que las Naciones Unidas solo reserva para los procesos de descolonización) llegando al extremo de decir “lo volveremos a hacer”, referido a los sucesos de octubre de 2017 en Cataluña, que fueron objeto de enjuiciamiento por los Tribunales españoles y al más alto nivel reconocidos como un delito de “sedición”, siendo de destacar que la tipificación en el Código Penal de dicho delito acaba de desaparecer en una de las últimas reformas de dicho importante cuerpo legal.
Tampoco puede ignorarse que la situación por la que atraviesan las Instituciones españolas colocan al Tribunal Constitucional en un futuro de enormes responsabilidades
En relación directa con esta importante cuestión, han resultado esperanzadoras las primeras declaraciones del nuevo Presidente del TC negando dicha posibilidad de secesión con toda energía y de acuerdo con el más elemental de los análisis del asunto a la luz de nuestra Constitución.
Y decimos que es una cuestión de la máxima importancia, porque todos los problemas que padecemos y hasta los que se anuncian como difícilmente evitables, palidecen ante el riesgo de qué, por no saberla defender a tiempo, España pudiera desaparecer como Nación por los sumideros de la Historia.
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