Definitivamente, el Gobierno de Sánchez sufre una fuerte descomposición de su vientre tributario con un cuadro sintomático que presenta frecuentes y molestas evacuaciones. Fruto de esta patología, en las últimas semanas se han puesto en marcha los dos nuevos impuestos que gravarán a las empresas energéticas y bancarias, se ha propuesto -sin éxito hasta ahora- por la fracción podemita del Consejo de Ministros otro que grave a las grandes superficies, y la fracción socialista acaba de anunciar el establecimiento de otro cuyos destinatarios serán las “grandes fortunas”, impuesto éste del que renegaron cuando lo propuso la otra banda de su Gobierno.
Por ser la última evacuación sufrida por el paciente, conviene realizar un rápido análisis clínico del último detritus gubernamental: El “flamante” Impuesto a las grandes fortunas. Su abrupta expulsión se debe a la intensa reacción alérgica que en el Gobierno han provocado las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía. La eliminación práctica del Impuesto sobre el Patrimonio y la deflactación del IRPF autonómico para los contribuyentes con ingresos inferiores a 40.000 euros han inflamado el conducto intestinal del Gobierno provocándole una nueva erupción anal. Primero, han acusado a Juanma Moreno de gobernar solo para los ricos que, según Sánchez, son aquellos con rentas menores de 40.000 euros. Después, han expulsado en forma recauchutada el anuncio de su nuevo impuesto.
Estamos ante el primer paso de la recentralización fiscal proyectada por el Gobierno, explícitamente explicada y propuesta en el llamado libro blanco de la llamada comisión de expertos
Entrando en el análisis técnico, el impuesto anunciado tendrá inevitablemente el mismo objeto tributario y hecho imponible que el Impuesto sobre el Patrimonio: los bienes y derechos de una persona y la titularidad sobre ellos. Por ello, estaríamos en principio ante una flagrante doble imposición que solo puede eliminarse de dos modos. Uno, eliminando el actual Impuesto sobre el Patrimonio. Otro, estableciendo en el nuevo impuesto una deducción que permita reducir su cuota en el importe efectivamente pagado en el hoy existente, de manera que el Impuesto sobre el Patrimonio quedara como una suerte de impuesto a cuenta del nuevo tributo sobre las Grandes Fortunas.
En ambos casos, estamos ante el primer paso de la recentralización fiscal proyectada por el Gobierno, explícitamente explicada y propuesta en el llamado libro blanco de la llamada comisión de expertos que creó la ministra de Hacienda. En efecto, el Gobierno se apropiaría de un objeto y de un hecho imponibles que, en la actual configuración del Estado Autonómico, forma parte de la materia tributaria propia de las Comunidades Autónomas. Se reduciría así su autonomía financiera y, por ende, su autonomía política -según reiterada afirmación del Tribunal Constitucional-, para ir configurando el neocentralismo fiscal propuesto por los expertos de M.J. Montero (ya llegará el envite a las medidas reductoras del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
Penalizando aún más el ahorro, ahuyentando la inversión y provocando el cambio de residencia de determinados contribuyentes que, aunque pocos en número, son fiscalmente muy rentables para el Estado
Sobre lo ya expuesto, conviene resaltar que la potencia recaudatoria de la nueva figura tributaria será inevitablemente mínima. Siendo inexcusablemente menor su número de contribuyentes al existente en el Impuesto sobre el Patrimonio -177.000- y dado el carácter obligatoriamente reducido de sus tipos impositivos por la prohibición constitucional de que resulte confiscatorio, cabe estimar que los 1.152 millones de euros que actualmente proporciona el Impuesto sobre el Patrimonio puedan aumentar como mucho en torno al 50% de dicho importe ¡Valiente instrumento de redistribución! Pero eso sí, penalizando aún más el ahorro, ahuyentando la inversión y provocando el cambio de residencia de determinados contribuyentes que, aunque pocos en número, son fiscalmente muy rentables para el Estado en el IRPF, rentabilidad que se perdería. Que pregunte Sánchez a su homónimo portugués cuantos españoles han cambiado su residencia a Portugal huyendo de la agresividad fiscal española.
Y no debe olvidarse que cualquier impuesto que grava los bienes y derechos poseídos supone un tercer gravamen sobre los ingresos que obtiene un individuo, pues éste tributa al obtenerlos, lo vuelve a hacer cuando los utiliza para adquirir un bien o derecho, y queda obligado a tributar otra vez anualmente en el Impuesto sobre el Patrimonio y/o en el que anuncia ahora el Gobierno. Sin olvidar que por sus propiedades inmobiliarias también se le exige tributar cada año en el IBI.
El conjunto de deficiencias, disfunciones y defectos del Impuesto sobre el Patrimonio que hemos señalado, así como de cualquier figura que grave el mismo objeto y hecho imponibles, ha conducido a que en ningún país de la Unión Europea exista un tributo ni igual, ni parecido. En esto sí que existe una auténtica excepción, no ibérica pero sí española. Por ello, aplicando el criterio que mantienen Sánchez y los suyos para criticar a Díez Ayuso o a Moreno Bonilla, habría que acusar también a todos los gobiernos de la Unión Europea de estar gobernando solo para los ricos. Son las cosas de la sanchezería, agravadas ahora con la crisis diarreica que le asola.
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