El desmantelamiento del Estado nacional explica el descontrol en la gestión de la crisis de la Dana. La propia actitud del presidente del Gobierno no deja lugar a duda. Siendo el presidente del Consejo de Seguridad Nacional español que tiene la obligación de afrontar una situación que sus propios datos definían inequívocamente como una “emergencia de interés nacional”, Sánchez se ha comportado como si fuera un Alto Comisionado de la ONU. Es indecente que para evitar desgaste político esté ofreciendo ayuda a una parte de España como si se tratara de un país lejano en apuros.
Aunque disimulen, las obligaciones del Gobierno están fijadas, negro sobre blanco, en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), un texto que, como en otros países desarrollados, responde a las exigencias de la Sociedad del Riesgo en la que nos toca vivir. Se aprobó, se presentó en rueda de prensa y se guardó en un cajón. Pero obliga al Ejecutivo Nacional, muy especialmente en lo que a las alertas se refiere, sobre las que dice: “Es necesario disponer de un Sistema de Alerta Temprana versátil y digitalizado que permita una respuesta ágil”. Obligación esencial ignorada.
Evitar el desgaste político
Uno de los meteorólogos españoles más reconocidos en alarmas tempranas, Martín León, no podía ser más explícito cuando afirmaba “Aemet tenía datos como para dar el aviso rojo 3 días antes”. Lo que exige la ESN es que, como en EEUU -tan descentralizado como España-, el sistema de alerta pase de “avisos observados”, que siempre llegan demasiado tarde, a “predicciones de confianza” que permiten anticiparse. Pero, para evitar desgaste político, el sanchismo convirtió en un problema local una emergencia nacional, como ya hizo antes por las mismas razones con otros riesgos y amenazas también contempladas en la ESN, incluidos “epidemias y pandemias” (Covid) o “inmigraciones ilegales”.
Destruir la capacidad del Estado de las Autonomías para responder a una emergencia nacional de libro con mando y control único es un crimen que regala argumentos a quienes están interesados en su demolición. Como demuestra el especialista en distribución de competencias Armando Salvador, no cabía otra opción que una dirección nacional ”sin condicionamiento alguno a la previa petición autonómica (como erróneamente ha señalado algún medio de comunicación)”. Todos los datos de Aemet y confederaciones hidrográficas sobre varias comunidades autónomas que llegaban al Gobierno conducían inevitablemente a la declaración de emergencia nacional y estado de alarma, como señala quien fuera alto cargo con gobiernos socialistas.
De TVE a La Sexta o La Ser, el mensaje machacón es este: “Sánchez quiere ayudar, pero el presidente Mazón no le deja”. ¡Qué duro es el trabajo de resucitar un cadáver político!
Para imponer en la opinión pública que ante un estado de máximo riesgo la respuesta le correspondería a cada comunidad autónoma, el sanchismo ha desplegado “por tierra, mar y aire” un relato ad hoc fabricado obviamente por su gurú de Moncloa, Diego Rubio, que no tiene complejo en afirmar que la política es el arte de mentir. El País, por ejemplo, escribe “El Gobierno sopesó declarar emergencia nacional, pero renunció para no quitarle el mando a Mazón”. Habría sido como aplicarle un 155, afirman con descaro. De TVE a La Sexta o La Ser, el mensaje machacón es este: “Sánchez quiere ayudar, pero el presidente Mazón no le deja”. ¡Qué duro es el trabajo de resucitar un cadáver político!
He criticado con frecuencia a Felipe González, pero tiene toda la razón cuando denuncia que Sánchez no tiene proyecto de país. Un Estado que no es capaz de responder a una emergencia nacional no es un Estado. El Rey lo ha entendido, el Presidente del Gobierno, no. Es incomprensible que, reconociendo una situación equiparable a un “estado de guerra”, la ministra de Defensa haga depender el despliegue del Ejército del jefe autonómico de Murcia, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, en función de cómo se vaya desplazando la Dana. Lo que evidencia esta crisis es que, a más concesiones de “estructuras de Estado” para País Vasco o Cataluña, menos Estado Nacional para responder a las obligaciones que marca la Estrategia de Seguridad de España.
Lo urgente ahora es conjugar el verbo dimitir en todas las administraciones implicadas, imprescindible para restaurar la confianza en el Estado. Pierre Rosanvallon en su clásico El buen gobierno señala la dimisión como un acto de purificación democrática basado en el compromiso personal del responsable político para dar a los ciudadanos “la sensación de que su desamparo o su ira se toman en cuenta”.
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