Transcurrido el quinto AdS. (año después de Sánchez) es posible que una parte de la población -espero que poca- crea que la Justicia está manipulada y que se guía por intereses oscuros y espurios. Quizás no pocos consideren que el sistema judicial español se encuentra al servicio de una derecha manipuladora y fascista. O, peor aún, que la Justicia se halla cautiva en manos de unos jueces machistas, olvidando que la mayoría de los componentes de la administración de Justicia en España son mujeres. Y seguro que no son menos los que piensan que la Justicia de este país siempre perjudica a los desafortunados progresistas (¿Es progresista pactar con independentistas que no creen en la igualdad entre españoles?).
Ese discurso, el que se apoya ahora en el dichoso término lawfare que quedó plasmado por siempre en el deshonroso documento de acuerdo de amnistía suscrito entre PSOE y Junts (y que partidos como el PNV, ERC o CC harán suyo dando su voto favorable a la investidura de Sánchez), podrá haber calado en algunos, pero no en la mayoría. Afortunadamente.
Porque la totalidad (si, todas: conservadoras y no conservadoras) de las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales (las denominadas progresistas y las que no), los presidentes de todas las Audiencias Provinciales de España, de los Tribunales Superiores de Justicia, Abogados del Estado, notarios, una parte importante de Colegios de Abogados, Inspectores de Trabajo, de Hacienda, del cuerpo diplomático, entre otros, han decidido manifestar en los últimos tres días su más honda repulsa a lo ocurrido el viernes. Y no es para menos, porque el vergonzante manoseo al que Sánchez ha venido sometiendo a nuestra Justicia ha alcanzado un límite intolerable.
No es porque el presidente nombrara fiscal general del Estado a quien acababa de dejar su escaño como ministra de Justicia. No es porque modificara el Código Penal para eliminar el delito de Sedición y acomodar el de Prevaricación a la medida de sus socios de gobierno para que no pudieran ser juzgados por esos delitos; no, ya ni tan siquiera es por eso (que no es poco).
Tampoco porque indultara, desdiciéndose como siempre, a los políticos condenados por la aciaga declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017, convirtiendo en nada el duro trabajo que durante meses habían realizado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los fiscales, la abogacía del Estado y el Tribunal Supremo.
El vergonzante manoseo al que Sánchez ha venido sometiendo a nuestra Justicia ha alcanzado un límite intolerable
Y desde luego no es porque haya decidido, cual jerarca decimonónico, amnistiar a cambio de favores (siete votos), a toda una caterva que participó, de un modo u otro, en el proceso independentista que arrancó en el 2012 y culmina ahora.
No, no es por todo eso. En realidad, es porque ahora ha permitido que aquí, e incluso más allá de nuestras fronteras, se sepa que no sólo va a imponer a la sociedad española a un olvido selectivo. Sino también, y lo que es aún peor, que gracias a él arraigue la sensación de que a los sediciosos se les juzgó y condenó por una idea política. Que se les persiguió sólo por puro capricho político. De esta manera, se rebaja a nuestra Administración de Justicia a la categoría de bananera, de prevaricadora, que es lo que, en realidad, quieren que signifique lawfare. Y todo pese a que España resulta ser la democracia europea que menos veces ha tenido que ser corregida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En definitiva, el acuerdo maldito viene a decir que la culpa no fue de los golpistas, sino de la Justicia; porque estaba en el lugar equivocado y llevaba la falda muy corta.
En todo caso, todo esto da igual. Sí, ya da igual. Porque Sánchez no va a dar marcha atrás, no piensa retroceder. En los últimos cinco años ha roto todo consenso, ha hecho saltar por los aires instituciones consolidadas, ha tomado decisiones contrarias a la Constitución (¡si hasta cerró el Congreso de los Diputados durante la pandemia!), ha permitido que ministros de su gabinete atacaran ferozmente a jueces, consintió que una de sus ministras mantuviera en vigor, durante semanas, una ley que posibilitó las rebajas de penas y excarcelaciones de peligrosos delincuentes sexuales.
La Justicia es demasiado valiosa e importante como para que Sánchez la use cobardemente como mera mercadería con aquellos que la detestan
La lista es larga, pero ahí tienen a Sánchez: ayudando ahora a que un huido de la Justicia, que abandonó a los suyos oculto en el maletero de un coche, se permita tildar de lawfare, de prevaricadora, a la Justicia española. Muy pocas cosas en la vida pueden ser objeto de nuestro capricho. Va de suyo que la Justicia en absoluto puede ser una de ellas. Es demasiado valiosa e importante como para que Sánchez la use cobardemente como mera mercadería con aquellos que la detestan.
Y sobre todo, porque el mensaje que rezuma todo lo que está sucediendo es harto peligroso. Así lo advierten los juristas: hoy la amnistía y el señalamiento de la Justicia como instrumento político se ha puesto al servicio de los siete votos de Junts. Pero ¿Y mañana? ¿Quién decidirá el límite?
No será Sánchez quien lo ponga. Porque él ha demostrado que no tiene límites.
Victor Sunkel es abogado
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