Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo, en 2019 se produjeron 1.359.548 accidentes de trabajo, de los cuales 695 fueron mortales y 635.227 causaron la baja del trabajador. Un auténtico drama que explica la existencia de normativa específica, tanto a nivel laboral como penal, para prevenir este tipo de accidentes y sancionar a los incumplidores. Aunque el objetivo siempre es “accidentes cero”, éstos se siguen produciendo, a veces con desenlace fatal. Eso no quiere decir que haya que relajarse, pero a nadie se le ha ocurrido, ya sea gobernante o tribunal, prohibir a los ciudadanos trabajar para evitar los accidentes y/o muertes laborales por mucho que, con los datos en la mano, pudiera parecer la medida más eficaz para evitarlos.
Para que me sigan hasta donde pretendo llegar, desarrollo el mismo argumento tomando prestado otro ejemplo que utilizaba este lunes el jurista Daniel Lázaro en la red social Twitter: se estima que en 2019 se produjeron en España un total de 104.077 accidentes de tráfico con víctimas, en los que, además de las 1.755 personas que perdieron la vida, 139.379 resultaron heridas, de las cuales 8.605 requirieron ingreso hospitalario. Todos sabemos que existe legislación cuyo objetivo es, bien sancionar conductas que atentan contra la seguridad del tráfico, bien tratar de evitar que los accidentes ocurran. Por supuesto que, si se encerrase a todo el mundo en sus casas y se prohibiera a la gente deambular por las calles y carreteras, los lesionados y los muertos por este motivo experimentarían un radical descenso, pero una decisión de esta envergadura sólo puede ser parida por mentes enfermas de dictadura.
Espero tenerlos ya en situación para que comprendan por qué es una aberración jurídica la decisión que acaba de perpetrar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con la complicidad de la Fiscalía. Básicamente, han limitado el derecho a la libre circulación de un importante número de los ciudadanos de esa comunidad autónoma usando como pretexto la erradicación de los botellones. Para que tras el cierre del ocio nocturno, unos pocos no beban en la calle sin respetar las medidas de distancia social -lo que genera un incremento de los contagios- todos los vecinos de un total de 32 municipios, incluida la ciudad de Valencia, no podrán circular por las calles de éstos entre la 1.00 y las 6.00 horas.
Una patraña preñada de falsedades que lo único que evidencia es que ni la Sala de lo Contencioso del Tribunal valenciano ni la fiscalía regional están por actuar como garantes de la legalidad
En el auto dictado este lunes para vergüenza de todos los que nos dedicamos al mundo del Derecho, dijo el TSJCV que el llamado “toque de queda” ha demostrado ser la medida más eficaz para atajar los botellones que están “colapsando” los centros de Atención Primaria. Una patraña preñada de falsedades que lo único que evidencia es que ni la Sala de lo Contencioso del Tribunal valenciano ni la fiscalía regional están por actuar como garantes de la legalidad y erigirse en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables. Al contrario, rinden pleitesía a la corte roja de Ximo Puig, afirmación que viene avalada por el rosario de decisiones tomadas por los susodichos durante esta pandemia: ni una sola de ellas ha contradicho el criterio del gobierno valenciano. Luego que por qué la imagen de la independencia judicial está tan dañada en nuestro país.
En fin, volviendo al tema de los botellones en el espacio público, nadie discute que es una actividad que en la mayoría de las situaciones se traduce en molestias y muestras de incivismo que sufren los vecinos del lugar donde se desarrollan. Y éste es uno de los motivos por los que están prohibidos en el territorio valenciano. Concretamente en el artículo 69, apartado séptimo, de la Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalidad, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalidad, de Salud de la Comunidad Valenciana, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 69. Prohibiciones. No se permitirá la venta, el suministro ni el consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes lugares:
7.- En la vía pública, excepto terrazas y veladores autorizados. No obstante, las ordenanzas municipales podrán autorizar la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en determinados lugares de la vía pública o en determinados días de fiestas patronales, locales o festivos concretos o excepcionalmente con motivo de algún evento autorizado.
Los ayuntamientos podrán autorizar el consumo en espacios de tradición gastronómica, dentro del horario y la delimitación de espacio que marquen las propias corporaciones locales.
La venta o el consumo de bebidas deberán ser de menos de 20 grados.
Cuando las entidades locales autoricen el consumo de bebidas alcohólicas en determinados espacios públicos al aire libre en los que estén previstas las concentraciones de personas, se deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la prohibición de venta, suministro y consumo de bebidas para menores de edad y las demás prohibiciones establecidas en esta ley. Las entidades locales que otorguen la autorización velarán, asimismo, por la salud y seguridad de las personas que se encuentren reunidas y por el derecho al descanso de las personas”.
Ni que decir tiene que el incumplimiento de estas prohibiciones constituye una infracción que acarrea multas muy cuantiosas, según establece la propia norma. Por cierto, en desarrollo de la misma, existen numerosas ordenanzas municipales.
El confinamiento severo decretado en marzo del año pasado se demostró más eficaz todavía, pero no sólo con los botellones, sino que también sirvió para que disminuyesen de forma drástica los accidentes de tráfico y los laborales
El tenor literal del precepto legal es, como pueden ver, cristalino. Pero el TSJCV lo soslaya argumentando que, según un informe policial, nada se ha demostrado más eficaz para evitar los botellones de los sectores jóvenes de la población -que redundan en el aumento del número de contagios y repunte de la incidencia acumulada (IA)- que el toque de queda. Y digo yo que, ya que se ponen, el confinamiento severo decretado en marzo del año pasado se demostró más eficaz todavía, pero no sólo con los botellones, sino que también sirvió para que disminuyesen de forma drástica los accidentes de tráfico y los laborales en sectores como el de la construcción. ¡Ya tardan en reeditarlo! Ah, no, que es que en estas otras materias el objetivo no es muertes cero, porque se asume razonablemente que la actividad conlleva un riesgo inevitable y lo que se pretende es reducirlo a la mínima expresión posible, ponderando el derecho de los ciudadanos a desplazarse o a trabajar. Algo que tiene todo el sentido.
Entonces: ¿por qué cuando hablamos del coronavirus no sólo nos imponen un escenario de muertes cero sino también de contagios cero a la hora de valorar las posibles restricciones de derechos? Porque, si no recuerdo mal, lo que nos vendieron era que nuestro sacrificio tenía como objetivo aliviar las UCIS y la presión hospitalaria.
Jóvenes y población vulnerable
Y entonces es cuando llegamos al juicio de proporcionalidad realizado por el tribunal valenciano, que tampoco se sostiene. Si atendemos a los datos ofrecidos por el ministerio de Sanidad, sólo el 2,66% de las camas de hospital están ocupadas por pacientes diagnosticados con la covid. Gracias a la vacunación, el hecho de que los jóvenes contraigan la enfermedad no conlleva un riesgo para la población mas vulnerable. Y los ingresos de personas menores de 30 años son porcentualmente insignificantes. Como muestra, el llamado “macrobrote” de Mallorca, que a pesar de los miles de infectados se saldó con un único ingreso en UCI (por suerte el enfermo pudo abandonarla tras unos días).
A falta, pues, de poder invocar altas tasas de ocupación hospitalaria, dice la resolución del TSJCV que nos encontramos con un riesgo de colapso de los centros de Atención Primaria. Es curioso, porque llevan muchos meses realizando las consultas de forma telefónica, algo que sabemos y padecemos los usuarios del servicio. A lo mejor si se hubieran reforzado estos centros con algunos de los 3.000 sanitarios despedidos por la Consejería de Sanidad vía SMS el colapso no sería tal. También habría ayudado mucho que la única manera de someterse a un PCR de forma gratuita o sin pagar un dineral no fuera acudiendo a esos centros. Sin ir más lejos, yo misma me hice uno en una clínica privada en diciembre de 2020 y siete meses después la misma prueba cuesta más del doble. Minucias que no parecen preocupar a nuestro ministro de Consumo, que tiene toda su atención puesta en nuestros hábitos alimenticios, en exceso carnívoros para su gusto.
Al adelantar el cierre del ocio nocturno y prohibir el callejero, las fiestas y botellones se trasladen al interior de los domicilios privados y espacios cerrados
Lo de la efectividad práctica de la medida adoptada tampoco parecen haberlo pensado mucho: al adelantar el cierre del ocio nocturno y prohibir el callejero, las fiestas y botellones se trasladen al interior de los domicilios privados, espacios cerrados donde no se van a tomar medidas de ningún tipo y, además, donde la autoridad no puede irrumpir gracias a la sagrada inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, hay quienes afirman que las medidas restrictivas para reducir la incidencia son necesarias, dado que podría producirse una mutación del virus que diese lugar a una variante más peligrosa y mortal. Pero no se pueden limitar derechos fundamentales aferrándose a la incertidumbre: los seres humanos somos mortales y el riesgo a que éste u otro virus mute o uno nuevo aparezca siempre estará ahí.
Curiosa sociedad en la que vivimos, cuyos divulgadores científicos de sobremesa y factcheckers se mofaban del uso de las mascarillas y jaleaban a las ministras que decían que nos iba la vida en acudir a las manifestaciones cuando el riesgo era cierto y la pandemia se nos venía encima. Ahora que, gracias a la ciencia con mayúsculas, ésta se bate en retirada, se rasgan las vestiduras clamando por prohibiciones que también son aplaudidas por los ciudadanos. Tengan cuidado, que del hábito de la sumisión es muy difícil desintoxicarse. Y en la Comunidad Valenciana se promueve desde las altas instancias judiciales, que no es poco.
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