Yo no me considero negacionista. Creo que el machismo existe y por lo tanto entiendo que puede existir una forma de violencia condicionada por este. Mi crítica -y la de cualquier persona con dos dedos de frente- se dirige por lo tanto hacia cómo se articula esta violencia en nuestro código penal, porque una cosa es que exista la violencia machista y otra que toda forma de violencia que ejerza un hombre sobre una mujer sea machista independientemente del contexto. El problema que tenemos en España, y es un problema gordo, es que la ley no admite contextos.
A continuación voy a exponer tres casos incluidos en las cifras de mujeres asesinadas “por violencia machista” a las que tanto se afanan en recordarnos casi a diario desde distintos medios de comunicación y administración pública:
- El de un hombre de 80 años en Asturias que mata a su mujer enferma de Alzheimer y luego se tira por la ventana dejando una carta en la que le pide perdón a sus hijos.
- El de la mujer asesinada en O Carballiño por su marido, un hombre que padecía demencia y que ni siquiera fue capaz de declarar debido a su estado mental.
- El de la señora de 91 años asesinada en Villanueva del Fresno después de padecer durante décadas una enfermedad mental que se había agravado los últimos años.
Otro caso más reciente -y más sonado- sería el de Ángel Hernández y María José carrasco, que después de practicarle la eutanasia a su esposa, hecho que fue documentado por La Sexta, fue procesado en un juzgado de violencia contra la mujer.
Una vez establecido que nuestra administración pública, con la complicidad de distintos medios de comunicación, no contempla otro contexto u otra variable más allá del machismo en cualquier forma de conflicto entre un hombre y una mujer en el ámbito de la pareja íntima me parece relevante recordar un artículo escrito en 2006 para El País titulado “Un feminismo que también existe” en el que se criticaba el reduccionismo de la LIDVG que apuntaba al machismo como causa única de la violencia y que ignoraba otros factores determinantes en el ámbito de la violencia dentro de la pareja como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, toxicomanias, alcoholismo… En ese artículo se criticaba el espíritu punitivista de la ley con los agresores, la victimización de las mujeres, y sus autores señalaban que no se reconocían en lo que apuntaban como un feminismo revanchista y vengativo.
Aquella carta abierta al sentido común estaba firmada por personalidades poco sospechosas de pertenecer a sectores proto-fascistas o de cultivar secretamente cualquier forma de machismo, a saber: Empar Pineda, María Sanahuja y Manuela Carmena, juezas, Justa Montero y Cristina Garaizabal, feministas, Paloma Uría, Reyes Montiel y Uxue Barkos, diputadas, y 200 mujeres más de toda España.
A día de hoy la postura más parecida dentro del Congreso a lo defendido por ese artículo de tribuna firmado por famosas personalidades dentro de la izquierda contemporánea es la que sostiene el grupo de Vox. Entre las firmantes más destacadas, Manuela Carmena, que sería alcaldesa de Madrid, nos regalaría los oídos con reflexiones como la de que “la violencia estaba incardinada en el ADN de la masculinidad”; por su parte Uxue Barkos se convirtió en Presidenta de Navarra y llegó a impulsar el polémico plan Skolae de coeducación en el que se defendía que “buena parte de los hombres han manifestado una evolución muy limitada hacia un compromiso real con la igualdad” y que “la violencia de género era una herramienta utilizada por los hombres para limitar a las mujeres el acceso a la igualdad” una tesis que bebe de la cultura de la violación establecida por Susan Brownmiller en su celebrado libro Contra nuestra voluntad y que defiende que la violencia -así como la violación- serían herramientas de las que se beneficia el colectivo de varones para mantener sus privilegios y someter a la mujer.
Este relato ideológico es el que a día de hoy en España sostiene una Ley que reproduce un derecho penal de autor que, emulando la filosofía jurídica de la Alemania nazi, no te juzga por tus actos sino por tu naturaleza. Una ley que pasó por unanimidad en el Congreso con 30 diputados ausentes, entre ellos la jurista constitucionalista Carmen Calvo. Desde entonces, y hasta hace relativamente poco, escribir un artículo como el que están ustedes leyendo era algo impensable, y durante 15 años los españoles hemos convivido con una ley cuya esencia pertenece más al Antiguo Régimen que al siglo XXI, una ley que viola el artículo 14 de nuestra Constitución y que fue avalada por el Tribunal Constitucional después de fuertes presiones por parte de nuestro poder ejecutivo como hace poco admitieron importantes personalidades del PSOE como son Joaquín Leguina o Alfonso Guerra.
En la actualidad cualquier agresión de un hombre a una mujer en una relación de pareja o expareja es hecho constitutivo de violencia de género y estos actos de violencia constituyen actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad del agresor, además desde nuestras instituciones se trabaja de forma diligente en expandir este modelo a prácticamente cualquier conflicto que pueda existir entre personas de distinto sexo.
Esta Ley por lo tanto es incompatible con cualquier estado de Derecho moderno y mínimamente garantista, y ser crítico con ella es por tanto una obligación moral de cualquiera que se considere demócrata y tenga un mínimo de sentido de justicia. Es curioso que por defender hoy cosas que defendían símbolos de la izquierda como Manuela Carmena o Uxue Barkos hace 10 años te llamen machista, fascista, negacionista o alguien que justifica el maltrato a las mujeres.
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