Cinco años después de la llegada del PSOE a la Moncloa, sigue sin resolverse el problema de acceso a la vivienda en España, lo cual confirma que el Gobierno ha sido incapaz de aportar soluciones a uno de los problemas fundamentales que padecemos. No es que no haya solucionado, o al menos paliado, el problema de acceso a una vivienda digna que por razones económicas sufren millones de ciudadanos, sino que ha estado de brazos cruzados y no ha tomado una sola medida al respecto. Se ha entretenido en otras cuestiones, como satisfacer las reivindicaciones particulares de sus socios más extravagantes. Solo ahora, a escasas semanas de las próximas elecciones municipales y autonómicas y a unos pocos meses de las generales, el Gobierno de España ha presentado el Proyecto de Ley de Vivienda; justo a tiempo de que parezca que hace algo pero sin que haya tiempo de que comprobemos si sirve para algo lo que ha hecho, aunque lo supongamos. Es el electoralismo 2.0, el más sutil y avanzado. Y eso, por cierto, a pesar de que la competencia en materia de vivienda corresponde a las Comunidades Autónomas, como casi todo en España.
El problema es complejo y las posibles recetas pueden ser buenas, malas o regulares; de momento, ha habido de todo menos de las primeras, salvo honrosas excepciones. Ojalá dispusiera de una varita mágica para solucionar el entuerto, pero no es el caso. Sí creo que los poderes públicos deben intervenir y que deben hacerlo teniendo en cuenta los distintos actores que intervienen en el juego, pero en defensa siempre del interés general: es decir, que las medidas que se tomen sean beneficiosas para el conjunto del país y nos trasladen a una situación mejor de aquella en la que nos encontramos. De hecho, ¿por qué no iba a intervenir el Gobierno si es precisamente el Gobierno el principal responsable de ayudar a resolver los problemas que sufrimos? La cuestión es intervenir bien y que el remedio no sea peor que la enfermedad, evitando parches, populismo y demagogia.
Se trata de intervenir, claro, acertadamente, cosa que no es fácil, especialmente cuando nos gobiernan o políticos al servicio de intereses ajenos a la mayoría o gobiernos incompetentes
Algo en lo que coinciden bastantes expertos es en la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler y que sea revisable, baremada y destinada a los ciudadanos que realmente la necesiten durante el tiempo en que la necesiten, de modo que no se reproduzcan situaciones injustas que conocemos todos: no puede ser que personas con muy buenos sueldos disfruten de viviendas de protección oficial durante toda su vida, lo que les permite disfrutar de un alto nivel de vida, esquiar los fines de semana y disponer de buenos vehículos, mientras otros muchos apenas pueden llegar a final de mes ahogados en su alquiler o en su hipoteca, algo que ha sido permitido e incluso fomentado por los gobiernos durante décadas.
Además, hay numerosa vivienda deshabitada en España. Se trata de implementar medidas que hagan que sus dueños las incorporen al mercado inmobiliario (bien en venta, bien en alquiler), incrementando de ese modo la oferta, lo cual supondría una reducción de los precios o un menor incremento de estos. Para lograrlo, derecha e izquierda defienden medidas distintas, pero ahí está el juego político democrático. Hay quien nos recuerda que algunas medidas intervencionistas se han mostrado ineficaces o incluso contraproducentes allí donde se han aplicado; por ejemplo, topar el precio de los alquileres no supondrá que quien no puede acceder a la vivienda pueda hacerlo sino que se perfeccione la selección de los inquilinos interesados, más de lo que ya se hace. Sin embargo, el mercado libre sin contrapesos tampoco ha resuelto nada sino todo lo contrario. Se trata de intervenir, claro, acertadamente, cosa que no es fácil, especialmente cuando nos gobiernan o políticos al servicio de intereses ajenos a la mayoría o gobiernos incompetentes, como ha solido ser el caso.
Es preciso fomentar áreas alternativas de desarrollo económico, invertir en lugares menos atendidos, rehabilitar vivienda y garantizar que haya mejores servicios públicos
La gente quiere vivir en la mejor solución habitacional posible ubicada en el lugar más atractivo, siempre que pueda pagarlo. Es la naturaleza humana y la ley de la oferta y la demanda. A más demanda, más precio. Por ello los centros de algunas ciudades se están convirtiendo en espacios prohibitivos, lo cual obliga a los residentes con menos recursos y a miles de jóvenes a hacer las maletas (y esto cuando no les queda otra que seguir en el domicilio paterno), trasladarse a lugares distintos de donde viven sus padres y vivir en la periferia. No existe, claro, el derecho a mantener el lugar de residencia familiar si no puedes pagarlo. En general, los ricos viven en las mejores zonas, y los menos pudientes, en las peores. Por eso yo no vivo en Miraconcha. Aquí el Gobierno de España tiene una tarea que realizar: se trata de que no sea indispensable vivir en los centros de las ciudades para disponer de una vivienda digna y disfrutar de un entorno amable y unos buenos servicios públicos, más allá de los gustos de cada cual y de que nunca llegue a ser lo mismo. Es decir, es preciso fomentar áreas alternativas de desarrollo económico, invertir en lugares menos atendidos, rehabilitar vivienda y garantizar que haya mejores servicios públicos donde los hay peores; se llama políticas públicas y planificación urbanística. La cuestión es que, siendo una medida indispensable, sus beneficios se observarían en el medio o en el largo plazo, y a los partidos políticos les interesan las próximas elecciones, que siempre son a la vuelta de la esquina.
Por lo demás, se trata de mejorar la economía del país y que ello repercuta en el bienestar de la mayoría, de crear empleos dignos, estables y bien pagados, de controlar la inflación y el euríbor, de disponer de unos buenos servicios públicos y de atender a los ciudadanos en situación más vulnerable. Todo ello, como el concreto problema de la vivienda, se resuelve con medidas serias, efectivas y de largo alcance, no con demagogia ni electoralismo.
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