En esta España del sanchismo postrimero, cualquier funcionario decente está forzado a emular la rutina del héroe tan sólo para cumplir con su deber. Un mix entre el James Stewart de El hombre que mató a Lyberty Valance o el Tom Cruise de Algunos hombres buenos. Es lo que sucede con estos tres letrados de la Comisión de Justicia del Congreso -cuyo nombre es mejor obviar para no animar a la jauría- que firmaron un informe sobre la ley de Amnistía con un efecto demoledor.
Un letrado de las Cortes era, hasta el momento, una figura de escasa relevancia política, menos aún mediática, Son profesionales de sólida formación, bien pagados, encargados de conducir a los señores parlamentarios por el sendero de la rectitud jurídica, y que pasaban tan inadvertidos como un Rufián en el club de los estajanovistas recalcitrantes.
En su aireado informe, que la titular del Congreso mantuvo oculto hasta que concluyó el plazo de la presentación de enmiendas, subrayan algunas evidencias sobre la inconstitucionalidad de la amnistía que
insistir sobre ello produce sonrojo. Tan sólo salvaban cinco de los 26 artículos que integran este norma excepcional, elaborada para libar de la cárcel al prófugo Puigdemont y evitar contratiempos a cuantos diseñaron, organizaron y ejecutaron el golpe de Estado del 17 en Cataluña. En este texto irreprochable, señalan algunas evidencias, harto repetidas estos meses por especialistas, catedráticos, expertos, juristas y demás profesionales del Derecho. He aquí algunos detalles:
-Falta una delimitación clara de los delitos que la ley acoge y se percibe una cierta vaguedad en los plazos. (Esto último es ahora objeto de tironeo entre Cerdán y Turull dado que que el negociador independentista pretende que el perdón alcance hasta finales de 2011, para exonerar así el saqueo consumado por la familia Pujol).
-La exposición de motivos es más larga que el articulado, lo que resulta un hecho insólito que incide en lo atrabiliario de la propuesta.
-Es contraria a la armonización de las normas europeas referidas a los delitos de malversación y de terrorismo. (También esto ahora se negocia, puesto que la distinción entre los delitos con sentencia firme y los que no, puede chocar con el marco legal de la UE)
-Los indultos generales están expresamente prohibidos en la Carta Magna.
-Se trata de un ley retroactiva que anula la legislación vigente.
Nadie sabe dónde están esos informes, ni cual es su contenido, ni si realmente existen. Tan sólo se tiene noticia del elaborado por Fernando Galindo, letrado mayor de la Casa, (un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo...)
El triministro Bolaños, desbordado ya en todos los frentes, no dudó en calificar este texto de 'un informe más' de los diversos que ahora circulan. La viceprimera María Jesús Montero, escasamente versada en asuntos del Derecho, en ese tono tan desabrido que ahora exhibe, quizás debido a la vertiginosidad con la que ha afinado su silueta, aseguró que el Gobierno dispone de otros informes de juristas que "al menos gozan de tanto prestigio" como los ahora objeto de tribulación. Nadie sabe dónde están esos informes, ni cuál es su contenido, ni si realmente existen. Tan sólo se tiene noticia del elaborado por Fernando Galindo, letrado mayor de la Casa (un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo...), que se limitaba a abrirle las puertas a su tramitación parlamentaria sin entrar en más consideraciones.
Los tres letrados se la están jugando, y lo saben. Su anterior jefe, Carlos Gutiérrez, tuvo que abandonar su cargo luego de emitir el correspondiente trabajo sobre la improcedencia de cualquier tipo de amnistía. Por aquel entonces, tanto Sánchez como once ministros se habían declarado firmemente opuestos a esta medida de gracia que condena al inocente y exonera al culpable al que, además, hay que pedirle perdón. El 23-J lo cambió todo. Lo hasta entonces prohibido se trocó en idóneo y los delincuentes empezaron a dictar las nuevas leyes. La rectitud y la decencia se convirtieron en actitudes reprobables y los defensores de lo recto pasaron a ser ultraderechistas inmundos.
La embestida contra el juez Castellón
Hay más casos de gente corriente, profesionales, funcionarios que, debido a su rutinaria integridad, está en el punto de mira de los inquisidores del sanchismo y sus aliados liliputienses. Al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón lo acaba de señalar, en intervención televisiva, la vicepresidenta-tres, Teresa Ribera, porque mantiene la tesis de que el Tsunami de los golpistas catalanes implica delito de terrorismo. La embestida ha sido feroz. Moncloa movilizó a unos voceros de guarida (el Marlaska farisaico, un Planas extraterreste, el estentóreo Puente...) para que aliviaran, con escasa convicción, el sonoro exabrupto.
A nadie engañan. Los oficiales de la Justicia están en el punto de mira de Sánchez. Y los empresarios. Y los medios. Y la oposición. Y la Corona. Nunca desde la Transición se habían sucedido episodios tan miserables, actitudes tan atroces. Estamos asistiendo, en vivo, al asalto a la Constitución y a la demolición de un régimen de convivencia. Cualquiera que intente impedirlo, o se cruce en el camino de este Liberty Valance del progreso y sus bárbaros secuaces, será perseguido, hostigado y, socialmente, liquidado. Aquellos héroes que, como Stewart, osen plantarle cara a este remake petulante de Lee Marvin, será fulminado. Lamentablemente, esto no es un western. Es una película de terror.
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