Desde estas páginas de Vozpópuli, nos narraba Mercedes Serraller el lío que hay montado en la Agencia Tributaria y cuya última consecuencia, de momento, ha sido el cese y sustitución de su directora del Departamento de Recursos Humanos. La cuestión dista de ser irrelevante pues el cargo tiene la condición de director general de la Administración pública española pero, sobre todo, por las causas que han originado el relevo.
Hace tiempo que los inspectores de Hacienda andan, con razón, ciertamente preocupados por varias circunstancias que vienen sucediendo con y en la Agencia. Primero fue cuando el Gobierno anunció su propósito de rebajar a niveles freáticos los requisitos para el ingreso en la Función Pública, rebaja inadmisible en general por ser contraria a los principios de mérito y capacidad establecidos por la Constitución y especialmente grave en lo que se refiere a los grupos de funcionarios cuya labor afecta a la hacienda de los contribuyentes. Que las inspecciones tributarias que sufren los ciudadanos españoles puedan ser realizadas por funcionarios con insuficiente preparación técnica que han adquirido su estatus en un proceso sin exigencia ni garantías, y que pueden adquirir y perder la condición funcionarial por decisión de sus superiores, constituye un peligro evidente para la independencia funcional de la Inspección de Hacienda y, por consiguiente, un paso en la instrumentación política de la Agencia Tributaria.
Poco después, y en el curso de una actuación tributaria, en principio cuasi rutinaria, tendente a comprobar la procedencia de la devolución de IVA solicitada por Soluciones de Gestión -empresa de Víctor de Aldama-, el inspector actuante descubrió la génesis del fraude de las mascarillas materializado a través de las compras fraudulentas realizadas por diversos ministerios y varias Comunidades Autónomas como la de Baleares o la de las Islas Canarias. Entregado el informe a su superior inmediata, que era la delegada de la AEAT de Aragón, ésta lo trasladó al director del Departamento de Inspección quien a su vez lo remitió al juzgado competente. A la ministra de Hacienda no le gustó ni el contenido del informe ni que éste llegara a sede judicial y, fruto de su disgusto, Hacienda cesó de inmediato a la citada delegada y al reseñado director. No pudo hacer lo mismo con el inspector autor del informe porqueocupaba un puesto obtenido por concurso de méritos por lo que no era susceptible del libre cese. Las dos fulminantes destituciones fueron una clara evidencia del sectarismo de MJ Montero y de su evidente deseo de ejercer un control político sobre el desarrollo cotidiano de las funciones que desarrolla la AEAT. Conozco de primera mano la contrariedad que la decisión arbitraria de la ministra provocó en buena parte del conjunto de los inspectores de Hacienda.
Posteriormente, los funcionarios de la entidad vieron con enojo que la ministra de Hacienda incumplió el obligado deber de sigilo que legalmente le viene impuesto al desvelar públicamente -ante las cámaras de televisión- datos tributarios de un particular. Fue una ilegal utilización de datos legalmente protegidos con objeto de dañar a una rival política. Comprobar que la citada obligación, por cuyo incumplimiento no pocos compañeros suyos han sido severamente castigados, era incumplida por la propia ministra provocó la ira más que justificada de los inspectores, estado de ánimo que se acrecentó ante la ausencia de la respuesta corporativa que merecía semejante quebranto de la Ley.
La implementación del acuerdo supondría el fin del modelo tributario establecido en la Constitución, rompería la igualdad y la solidaridad entre los españoles
Más recientemente, ha tenido lugar la adopción del acuerdo entre el Partido Socialista y ERC para ceder a la Generalitat catalana la gestión, recaudación y la inspección de todos los tributos que se pagan en Cataluña, cuestión que implica la concesión del sistema de concierto a Cataluña y, consecuentemente, la desaparición de la Agencia Tributaria estatal en dicha región. Además de dejar abandonados al tsunami independentista a los 4.000 funcionarios que hoy tiene allí la entidad, la implementación del acuerdo supondría el fin del modelo tributario establecido en la Constitución, rompería la igualdad y la solidaridad entre los españoles, quebraría la unidad de las bases de datos tributarios y afectaría negativamente a la eficacia de la gestión del sistema impositivo estatal. Así lo ha denunciado la Asociación Profesional de los Inspectores de Hacienda que, según he podido constatar, sienten que una institución como la AEAT está siendo utilizada como moneda de cambio política para la obtención de espacios de poder.
Y por si fuera poco todo lo hasta ahora expuesto, la actuación de la AEAT en el escandaloso caso de David Sánchez, el hermanísimo del presidente del Gobierno, ha sido la última bomba que ha terminado de minar la paciencia de los funcionarios de la entidad en general y de los inspectores de Hacienda en particular. Es así por el conjunto de irregularidades presentes en el caso como son: 1) la incomprensible inacción comprobadora de la AEAT durante varios años ante una expatriación fiscal más que sospechosa; 2) la remisión de un informe a requerimiento del Juzgado que de inicio es anómalamente anónimo; 3) la confesión posterior, por obligación, de una pretendida autoría que ahora se achaca a tres directivos, circunstancia inexplicable por su inadecuación y excepcionalidad; y 4) el inconcebible contenido del informe, un increíble y farragoso amasijo de obviedades irrelevantes, de verdades a medias, de omisiones dolosas y de conclusiones infundadas cuyo único fin es exculpar al hermano de Pedro Sánchez de los presuntos ilícitos que ha podido cometer, administrativos y es posible que penales. Consideran los inspectores que no pueden aceptar sin rebelarse que en la AEAT se utilicen dos varas de medir tan radicalmente diferentes: Una severa vigilancia fiscal aplicada al común de los contribuyentes para detectar y castigar sus incumplimientos y la inaudita connivencia que se aplica con los cometidos por otro, casualmente el hermano del presidente del Gobierno.
No puede extrañar que el escenario descrito haya provocado una suerte de revuelta entre los inspectores de Hacienda. Y ahí se encuentra la explicación del cambio operado en el equipo directivo de la AEAT
La acumulación de las actuaciones descritas ha convencido a los inspectores de Hacienda de la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir a la Agencia Tributaria en un pedúnculo instrumental de su acción político-partidista. Sienten, y no les falta un ápice de razón, que la institución en la que trabajan está perdiendo la credibilidad que tenía.
No puede extrañar que el escenario descrito haya provocado una suerte de revuelta entre los inspectores de Hacienda. Y ahí se encuentra la explicación del cambio operado en el equipo directivo de la AEAT con el que hemos iniciado este artículo. Se ha cesado a una directora de fuera, ajena a los cuerpos de la Hacienda Pública, para sustituirla por una veterana inspectora de Hacienda -Consuelo Sánchez- considerada como una dura entre sus compañeros, casada con otro Inspector -Luis Rubí, el infortunado administrador judicial del Atlético de Madrid- con el presumible objetivo de que logre controlar el patio. Pero el patio está muy revuelto y la dureza de la nombrada para controlarlo no es el mejor atributo para que amaine la tormenta. Más eficaz hubiera sido entender las causas de la revuelta e intentar eliminarlas pero actuar así no parece factible con MJ Montero al frente del Ministerio, razón que puede explicar por qué se ha optado por lo que se ha optado. Errónea decisión, si se quiere solucionar un problema hay que acudir a sus causas y no a sus consecuencias. Es casi una ley física y quien no la respeta corre el peligro de acabar cayéndose. Eso sí, dejando el problema original subsistente y posiblemente agravado.
