El tiempo muerto que ha solicitado Pedro Sánchez a la ciudadanía española ha marcado el inicio de un peligroso debate: el de poner coto a los medios de comunicación. Espoleados por un Gobierno que acusa a la "derecha mediática" de difundir bulos y, respaldados por un pequeño séquito de periodistas cuya cercanía al Gobierno es más que notable, la opinión pública empieza a hablar del cierre de medios o de una llamada 'ley antibulos'.
Estas voces parecen desconocer que ciudadanos particulares como Begoña Gómez y empresas privadas tienen la posibilidad de acudir a un juzgado a interponer una demanda por vulneración del derecho al honor o difamación. Por ejemplo está el caso de Plus Ultra, que se acogió a este derecho y denunció a este diario por sus informaciones sobre la compañía. Fue un juzgado quien absolvió a los periodistas de Vozpópuli, determinando así que sus informaciones eran veraces. Por tanto, las herramientas para defenderse ante los bulos existen y se utilizan.
Porque sí, suena mejor decir que "uno defiende la democracia y lucha contra los bulos" que afirmar que uno busca "censurar a todos aquellos medios que critican al partido que yo defiendo", pero la auténtica realidad es la segunda. Porque de las noticias citadas por Manos Limpias, solo hay una que ha resultado no ser cierta y no ha sido publicada precisamente publicada por este diario. El empeño de algunos es meter a todos los medios críticos con el Gobierno de Sánchez en el mismo saco.
Para colmo, que quizá es lo más enervante para un periodista, es asistir a la contagiosa complicidad de algunos compañeros de profesión, que han firmado un manifiesto con claros fines ideológicos, ya que nada tiene que ver con esta profesión. Con Silvia Intxaurrondo al frente -547.514 euros al año en la televisión pública, según El Mundo-, el mentado escrito censura "el ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno". Es decir, que no busca erradicar los bulos de los medios nacionales en su totalidad, sino lo que digan tan sólo los que provienen de quienes no le bailan el agua al poder.
Las portadas de Camps y el infundio sobre Feijóo
De haber buscado la objetividad y la veracidad, quizá deberían haber incluido en el grupo de medios censurables o, directamente, liquidables, a aquel que publicó 169 portadas sobre Francisco Camps -absuelto por la justicia-. O el más reciente, el que señaló falsamente a Feijóo por favorecer a su pareja con una subvención de 114.000 euros cuando era presidente de la Xunta. Lejos de que esto haya sucedido, el propio director del medio que publicó aquella información -rectificada, por cierto- sobre el actual líder popular ha sido firmante del manifiesto. Ver para creer.
Cierto es que el periodismo tiene mucho margen de mejora y debe reflexionar sobre cómo ofrecer una información veraz, contrastada y de calidad. Pero un manifiesto que señala solo a aquellos medios cuya línea editorial no se corresponde con la del Gobierno solo sirve para alentar un cisma en la profesión, una fractura frentista que lamentablemente ya está asentada en la sociedad. ¿Hay periodistas que mienten? Lamentablemente los hay, de todos los colores. ¿Este manifiesto busca desenmascararlos? Me temo que no.
La única realidad es que nuestro trabajo es auditar al poder y exponer sus errores o corruptelas ante la opinión pública, no defenderlo aunque su imagen y, por tanto, su respaldo social, quede en tela de juicio.
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