Si fuera verdad, como escribe Juan Claudio de Ramón en el diario El Mundo, que en nuestro país todo estuviera permitido en materia de alianzas políticas acabaríamos justificando las aberraciones propias aferrados al y tú más. Pero la convocatoria electoral en Castilla y León fijada para el 13 de febrero, la que se está presintiendo en Andalucía y las que aún pueden desencadenarse allí donde los estatutos de autonomía atribuyan esa competencia al presidente de la Comunidad, vendrán a confirmar o desmentir si hemos vuelto a la España sin pulso diagnosticada por Francisco Silvela el 16 de agosto de 1898 en el artículo que publicó con ese título. Porque a la hora de las urnas veremos si los electores se encierran en esa nube general de silenciosa tristeza, desencanto y abstención, que prestaría un fondo gris al cuadro, o si entran por uvas y sancionan la mentira, las vanidades y el desprecio a la realidad que hayan advertido en los titulares del poder o de la oposición y, papeleta en mano, arremeten contra las formas huecas donde cunde el desaliento.
Los cuarenta y tres años de democracia constitucional han demostrado que para perder las elecciones generales es necesario antes haber perdido las autonómicas y municipales y, a la inversa, que para ganar a escala nacional hay que ganar antes en las autonomías y los ayuntamientos. De modo que el discutido líder del PP, Pablo Casado, podría estar pensando que ha encontrado la escala de Jacob para encaramarse a la Moncloa, a donde llegaría como culminación de las sucesivas victorias territoriales después de haberse engullido a los de Ciudadanos y sin dejar que los de Vox le toquen la gorra. Pero, antes, tendría que terminar la guerrilla que le enfrenta a Isabel Díaz Ayuso porque el público no perdona el espectáculo de la división. Además, tendría que comprender que toda victoria va precedida de una renuncia y la que le corresponde ofrecer de modo inmediato es la de abandonar el bloqueo incomprensible e improrrogable que mantiene para la renovación del Consejo del Poder Judicial con grande daño para el sistema democrático al que debemos lealtad, sin que las agresiones infligidas por otros puedan en absoluto ser aducidas como justificación de las propias.
Valdría la pena atender en qué ha quedado la derogación íntegra de la reforma laboral, saldada con el real decreto ley 32/2021, aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de diciembre
Yendo por partes, conforme al método preconizado por Jack el destripador, valdría la pena atender en qué ha quedado la derogación íntegra de la reforma laboral, saldada con el real decreto ley 32/2021, aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de diciembre. Sabiendo que su convalidación por el Congreso de los Diputados ha quedado pendiente para cuando empiece en febrero el nuevo periodo de sesiones, según dispone el artículo 73 de la Constitución y el 61 del Reglamento de la Cámara. Con la lealtad inquebrantable que los aliados parlamentarios del Gobierno tienen acreditada, todos ellos empezando por ERC, Bildu, PNV y hasta Teruel existe han lanzado ya salvas de advertencia señalando sus objeciones.
Es decir, queda abierta la veda para amagar con enmiendas al articulado o impugnar los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.7.ª, 13.ª y 17.ª de la Constitución Española, donde se atribuye al Estado la competencia exclusiva en las materias de legislación laboral, de la planificación general de la actividad económica y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por los órganos de las comunidades autónomas. ¿Imaginan los lectores una intervención de Pablo Casado ofreciendo el apoyo del PP para liberar a Pedro Sánchez de esas amenazas nacionalistas? ¿Recuerdan qué golpe fue conocer que el dato adelantado por el INE del IPC correspondiente al mes de diciembre que ascendía al 6,7% pero en 1977? Pero cuando los Pactos de la Moncloa el IPC era del 28,8%, es decir, lo cuadruplicaba. Entonces, la realidad era mucho más grave; ahora, las que son mucho peores son las actitudes. Atentos.
