Un niño de 12 años ha fallecido esta semana en el Reino Unido. Sus padres no han conseguido evitar que, en la situación de coma que se encontraba, se le desconecten los aparatos que le unían a la vida. Desde el 7 de abril se ahorcó por un reto en Tik Tok de internet. No hay duda de que en este tipo de casos lo más importante debió ser respetar y salvar la vida del niño, aunque vivía de forma artificial, pero siempre hay unas posibilidades, aunque sean mínimas. Se trata de un asunto muy complicado de valorar. Sobre lo que no puede existir atisbo alguno de duda es que hay demasiadas decisiones de este tipo que se adoptan de acuerdo con criterios de estricta viabilidad económica. Está pasando. El problema es que, si nos atenemos a ese criterio, es decir, el gasto sanitario, su utilidad o inutilidad, podemos entrar en un escenario muy peligroso para ancianos o enfermos incurables o incluso, llevado al extremo, respecto a enfermos crónicos. Es un asunto horripilante pero ha de analizarse desde todas las perspectivas.

En nuestro país, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, se recoge la regulación respecto al consentimiento informado del paciente, que, en el caso de un menor en coma, la decisión depende de sus padres, por lo que muy posiblemente está situación ni se plantearía. Hay que tener en cuenta que los progenitores del menor británico, del pequeño Archie, lucharon hasta lo indecible para evitar que su hijo fuera desconectado de los aparatos que le mantenían con vida.

Inducción al suicidio

Otro hecho a destacar, aunque se antoja ya misión imposible, es el de las conductas de quienes en las redes sociales han impulsado y animado este juego macabro, sin prever o sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos, y, por ello, podrían ser investigados en el orden penal. En nuestro ordenamiento jurídico, sea por medio del homicidio imprudente, sea por medio de la inducción al suicidio, con una pena de hasta 8 años, podría llegar a sancionarse a quienes hayan animado a través de las redes al menor a jugar a ahorcarse. Esta inducción al suicidio requiere de una intención, de una conducta dolosa, pero esta intención puede materializarse en el hecho de que los autores del juego no previeron que un menor pueda tomar una decisión fatal engañado o sumido en la pasión irreflexiva del divertimento. Lo que en el argot jurídico se denomina el dolo eventual.

Esto nos lleva, igualmente, a la necesidad de un mayor control parental en la utilización de las redes sociales de los hijos, puesto que la voluntad de un menor puede verse influida por terceros, y las redes sociales son un buen ejemplo de ello, quizás más claro. Es evidente que la sociedad no debe mirar hacia otro lado y debe proteger a los menores y evitar que estos retos de internet, en su versión más extrema y, por tanto, peligrosa, puedan seguir existiendo. Ha de estudiarse y aplicarse medidas mediante penas y sanciones para evitarlo, que no tienen cabida más que en un falso concepto de libertad -los límites de la libertad están en el otro, vivimos en sociedad- y se escudan en ello para obtener un beneficio económico.

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