Se acaba de publicar la noticia de que la Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel en Ciencias Económicas 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”. La noticia tiene interés y aplicación directa a nuestra situación política nacional. En su libro “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James A. Robinson tratan de dar una explicación a la cuestión de por qué hay países que fracasan y no alcanzan la prosperidad y otros que sí, y llegan a la conclusión de que la razón es el proceso político y, más concretamente, el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas. Es decir, esas cosas de las que tanto hablamos hoy porque tenemos la sensación de que vamos cuesta abajo: la aplicación de la ley, la neutralidad de las instituciones oficiales, la independencia de la justicia, la imparcialidad de las reglas que regulan el mercado y la defensa de los derechos de propiedad - el Estado de Derecho en suma- son elementos decisivos no sólo para que impere justicia y la limpieza en la política sino, simplemente, para que nuestra economía funcione y vivamos todos mejor.
Ciertamente la Ciencia Política, como social que es, admite diversos enfoques. Unos creen que lo esencial es la psicología de los individuos (los electores, los gobernantes), que es lo que llamamos conductismo; otros, desde la economía, entienden que lo decisivo es la elección racional (lo que conviene a cada uno), sin olvidar a los que hablan de lo decisivo de la geografía, la cultura o la ignorancia o a los que aplican la teoría de los juegos. Pero no debe olvidarse el enfoque institucionalista, reiniciado por Douglas North en los 70, que entiende que las instituciones priman o penalizan unos comportamientos frente a otros: las reglas del juego, formales (constituciones, leyes) o informales (valores, costumbres) de una sociedad estructuran los incentivos de los intercambios políticos, sociales o económicos y esto determinará bajo qué instituciones económicas vivimos.
La distinción clave que hacen Acemoglu y Robinson se produce entre “instituciones extractivas e inclusivas”, ya sean económicas o jurídicas. Instituciones económicas inclusivas son aquéllas que posibilitan y fomentan la participación de la mayoría de las personas en actividades en las que aprovechan mejor su talento por lo que se aumenta la productividad y la prosperidad. Las instituciones económicas extractivas son las que sólo permiten extraer rentas y riqueza a un subconjunto distinto, las elites extractivas, mediante monopolios y restricciones de entrada. Las instituciones políticas inclusivas permiten el reparto del poder y lo limitan, son pluralistas y las extractivas lo contrario, es decir, fomentan la existencia de “elites extractivas” que se reparten el poder entre ellas, y consecuentemente, la riqueza a través de las instituciones económicas extractivas que con el poder que ostentan fomentan a su favor. Los autores entienden que, en todo caso, es imprescindible que existan estados poderosos y suficientemente centralizados, capaces de imponer la ley y el orden, y garantizar los derechos de propiedad (que consideran muy importante). Como prueba, los autores señalan las diferencias económicas entre países con instituciones diferentes pero próximas como Corea del Norte y del Sur, entre las que no hay diferencias culturales o geográficas; o el pueblo de Nogales, partido por la frontera USA-Méjico, y con iguales condiciones geográficas pero con instituciones diferentes y, curiosamente, riqueza también muy distinta.
España es, sin duda, un país con tendencia a las élites extractivas, que viene de lejos
En definitiva, los países fracasan cuando tienen instituciones políticas –y en consecuencia económicas- extractivas que impiden el crecimiento económico y particularmente lo que Shumpeter denominó “destrucción creativa”: la sustitución de lo viejo por lo nuevo, que es lo que provoca el progreso económico. Los sectores nuevos atraen recursos que antes se destinaban a los sectores viejos y las elites extractivas, que controlan lo viejo, como también controlan las instituciones políticas, tratan de impedir el cambio que les perjudica y con ello impiden también la prosperidad y el progreso general.
¿Les suena algo de esto? España es, sin duda, un país con tendencia a las élites extractivas, que viene de lejos. Hace no tanto, causó revuelo el artículo de César Molinas titulado Una teoría de la clase política española en la que, todavía bajo el mandato del PP, y basándose en la tesis de nuestros nobeles da una explicación de la transición y de la política española devenida en partitocracia muy interesante, aunque controvertida. Un pensador de sensibilidad de izquierdas como Carlos Sebastián hacía en su libro “La España estancada”, a mediados de la década anterior, un análisis institucionalista de la economía española, llegando a la conclusión de que su deterioro ha conducido al estancamiento de nuestra productividad.
Pero eso es de hace casi una década y el nivel extractivo de las instituciones no ha hecho sino aumentar: la politización del Tribunal Constitucional, la elección por los partidos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la elección de ministros para el Banco de España o para la Fiscalía, el nombramiento de parientes y amigos para empresas públicas, el reparto de subvenciones y cargos públicos, la cooptación dentro de las agencias reguladores…. no se engañen, todo eso es hacer extractivas las instituciones.
Y en esta legislatura se está haciendo a pecho descubierto y sin vergüenza y aplicando la ética del engaño sin ambages. Parece que sólo cuando vemos el dinero repartido en sacas, los chalets recibidos como pago de servicios y los lingotes de oro entregados no se sabe cómo nos percatamos que quizá de aquellos barros vienen estos lodos y empezamos, por fin, a sospechar que, quizá, eso que se ve es solo la punta del iceberg, y que el iceberg entero es todo lo que la Economía española estará perdiendo a consecuencia del control de las instituciones y su conversión en extractivas.
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