Contemplar los últimos cinco meses de la vida española, desde las elecciones generales en julio hasta hoy, es constatar que hemos sido objeto de un engaño electoral premeditado.
Sánchez lo ha vuelto a hacer. Informado de que perdería las elecciones, empezó a urdir pactos secretos con partidos de ultraizquierda y ultraderecha nacionalista. La noche electoral estaba eufórico: los números le daban la presidencia. Sólo tenía que “comprar” los votos al coste que le exigieran. Así ha sido investido presidente, dando impunidad a los delincuentes nacionalistas catalanes, privilegios económicos y cesiones de soberanía a los separatistas, previo contrato firmado (no conocemos los pactos secretos), con verificadores extranjeros y control mensual. Los votos de los 31 comunistas de Sumar, esa criatura sanchista, ya los tenía en el saco de la mano de Yolanda Díaz, pero ahora se le han escapado cinco de Podemos que pasan al Grupo Mixto. Veremos su alcance.
Los españoles de izquierda y derecha, pero libres del control mental que impone el poder y sus terminales mediáticas, han salido a plazas y calles de las ciudades de España para manifestar su rechazo. Los ciudadanos claman contra tanta mentira y el oprobio de quienes se han adueñado con malas artes de los poderes del Estado. La mayoría del cuerpo social se ha revuelto con manifestaciones pacíficas multitudinarias constantes; manifiestos, dirigidos a las autoridades europeas, suscritos por juristas de prestigio; manifiestos dirigidos a la opinión pública de políticos, exministros, militares retirados, profesionales, académicos, escritores e intelectuales; artículos de opinión de periodistas, escritores e intelectuales en medios de comunicación libre. También se ha escapado algún artículo crítico en el Pravda gubernamental.
Para acallar la voz de la ciudadanía aceleran su proyecto autoritario: de un escándalo (legislar la impunidad criminal de sus socios), se pasa u otro (la ignominia de Suiza con Puigdemont), y ahora se anuncia otra ignominia similar con ERC
Las movilizaciones no responden a intereses sectoriales o gremiales, como los habituales en las sociedades libres impulsadas por sindicatos o profesionales. Son manifestaciones de ciudadanos por razón de ciudadanía común (polites), por el atropello de su condición de ciudadanos libres e iguales; condición usurpada por los pactos inicuos de Sánchez y sus socios.
La gente sale a manifestarse pacíficamente por iniciativa propia, como lo hace cada noche ante la sede del PSOE en Madrid, convocada por diversas asociaciones civiles, o por algún partido de la oposición como Vox Todo el establishment del poder sanchista observa y pretende restar importancia a estos hechos sin precedente en la reciente historia de España. Para acallar la voz de la ciudadanía aceleran su proyecto autoritario: de un escándalo (legislar la impunidad criminal de sus socios), se pasa u otro (la ignominia de Suiza con Puigdemont), y ahora se anuncia otra ignominia similar con ERC.
Todavía España goza de un nivel de calidad democrática, reconocido por Democratic Index, The Economist y Freedom House, aunque bajando en algunos indicadores. Desde 2018, el impacto político de Sánchez está transformando las condiciones de la democracia liberal española hacia una democracia híbrida de tipo iliberal o autoritaria, como las caribeñas, progresa sin freno, sin necesidad de cambiar la Constitución porque no puede, pero controla a la mayoría de sus intérpretes.
En esta legislatura, necesita desacreditar y humillar a la judicatura, con acusaciones de guerra judicial (lawfare), controlar el CGPJ y nombrar jueces afines
En la legislatura anterior se empleó a fondo en acumular poder y colocar peones en todas las instituciones: Cortes generales, fiscalía, abogacía, Tribunal constitucional, Consejo de Estado, Correos, empresas públicas, consejos de administración, embajadores políticos…, maniatar al CGPJ, acotar la autoridad del Jefe del Estado.
En esta legislatura, para cumplir los pactos con los enemigos de la Nación de los que alardea necesita desacreditar y humillar a la judicatura, con acusaciones de guerra judicial (lawfare), controlar el CGPJ y nombrar jueces afines. Se va cerrando el círculo del poder sin límites, sin contrapesos constitucionales.
Esta realidad está presente en la conciencia de multitud de ciudadanos porque afecta de lleno a los derechos civiles, a la soberanía del pueblo español y al futuro de la Nación. Por eso se expresan unidos en las plazas de las ciudades en toda la geografía española.
La manifestación pública y reiterada de ciudadanos es totalmente necesaria, pero insuficiente. La acción ciudadana requiere, además, dotarse de organización para ser eficaz. Los ciudadanos han respondido masivamente a las manifestaciones convocadas por asociaciones civiles, con impacto en la prensa internacional, pero sin alumbrar, por ahora, ninguna estructura que dé forma a una acción cívica continua, mantenida y coherente. Las diversas asociaciones civiles convocantes tienen la responsabilidad cívica y política de ir más allá de actos puntuales que por su naturaleza son flor de un día en la vorágine del acontecer actual; se agotan una vez suceden. La reiteración de actos puntuales, aunque luminosos, puede generar, si no se producen cambios, melancolía y frustración.
Los principales líderes del movimiento cívico deben dar un paso adelante, y más allá de siglas y egos, avanzar en la creación de una plataforma, junta nacional o como se la quiera llamar con vocación de permanencia al definir una estrategia, reactiva y proactiva, por la España unida constitucional de ciudadanos libres e iguales. Esta es la visión que motiva y congrega a tantos ciudadanos. La misión derivada debe incluir:
-Un Manifiesto Cívico Unitario con prioridades a corto y medio plazo.
-Impulsar y ejecutar “acciones de respuesta” a los abusos de poder contra España, el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles: manifestaciones, concentraciones, escritos, conferencias, mesas redondas, artículos…
-Definir cambios proactivos para consolidar la calidad democrática liberal y revertir la deriva destructiva actual, presidida por Sánchez, que atribuye valor constituyente a su mayoría del Congreso, y fracciona la soberanía nacional a favor de las élites secesionistas.
La acción cívica organizada y la oposición política responsable tienen el deber de acortar al máximo la permanencia de Sánchez en el poder, devolviendo el poder decisorio a los españoles. La legitimidad de Sánchez es exigua, limitada a la de origen por lograr los votos de la investidura (179), pero con la mancha de la compra de votos para lograrla. Y ahora en minoría (174) al perder los cinco escaños de Podemos. En esta legislatura, Sánchez sólo puede exhibir fuerza (la potestad del cargo), pero carece de la autoridad que otorgan los ciudadanos, imprescindible en la democracia liberal.
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