La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su intervención del martes, día 1, en el pleno del Congreso, al dar cuenta y razón del presupuesto de su departamento para 2021, criticó a quienes “en misivas, amparándose en una carrera militar que ya no sirven, de la que están muy lejos, sin defender los valores castrenses, pretenden implicar al jefe del Estado, Su Majestad el Rey, vulnerando la clave fundamental [de las Fuerzas Armadas] que es la neutralidad política”. Esa misiva a la que alude la ministra está fechada el 25 de noviembre y la suscriben militares en situación de retiro, pertenecientes a la XXIII promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, de los cuales uno es teniente general, dos generales de división, cuatro generales de brigada y 66 coroneles. Todos ellos han dejado de estar sujetos a la disciplina militar, sin que les sea aplicable sanción alguna en ese ámbito.
La titular de Defensa reprocha a los firmantes que hayan hecho ostentación de su grado militar, que se hayan dirigido al Rey que es capitán general de los Ejércitos, y que pretendan “implicar” al Jefe del Estado en la batalla partidista. La carta 73 se refiere al “gobierno social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas” al que considera una amenaza para la cohesión nacional” y la unidad de España. Afirmaciones que desagradan a Margarita Robles pero que tal vez debiera aceptar con naturalidad, habida cuenta de que hay ministros que hacen ostentación de su pertenencia al Partido Comunista, como es el caso de Alberto Garzón y de Yolanda Díaz, y de que los otros compañeros del Gabinete son socialistas y populistas.
En cuanto a los apoyos de los filoetarras, de EH Bildu, y de los independentistas, de Esquerra Republicana de Cataluña y de otras formaciones que sostienen la misma pretensión, ha quedado de manifiesto que, más allá de los votos sumados a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Bildu y ERC han quedado incorporadas a la alianza estratégica para esta legislatura y a la dirección del Estado encaminado hacia esa plurinacionalidad, con referéndum de autodeterminación incluido, que reclaman abiertamente los aliados del vicepresidente Pablo Manuel Iglesias.
Dice el artículo 1.3 de la Constitución que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” pero hay que esperar hasta el artículo 56 para que aparezca la primera mención al Rey definido como “el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes”. Luego, el artículo 62 declara que corresponde al Rey, por ejemplo, convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución, el mando supremo de las Fuerzas Armadas o ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
Asombro produce que, más allá de sus convicciones íntimas, figure entre quienes hacen público su rechazo a la Monarquía, por ejemplo, el vicepresidente Pablo Manuel Iglesias, que, eso sí, tomó posesión prometiendo “cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey"
Volviendo a la intervención de la ministra en el pleno del Congreso de hoy señalemos el tono grave que ha utilizado para subrayar que “el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, es de todos, no de algunos que, ciertamente, con determinadas cartas y misivas, implicando a Su Majestad el Rey, no están haciendo lo que tienen que hacer como servidores públicos, ni defendiendo aquellos valores que caracterizan a la familia castrense”.
El Rey quiere serlo de todos los españoles, pero no todos los españoles le quieren como Rey. Asombro produce, en todo caso, que, más allá de sus convicciones íntimas, figure entre quienes hacen público su rechazo al Rey y a la Monarquía, por ejemplo, el vicepresidente Pablo Manuel Iglesias, y los ministros de Unidas Podemos y del Partido Comunista, que, eso sí, tomaron posesión prometiendo “cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”.
Javier Marías, en su columna del domingo califica de taimada la actitud de Pablo Manuel y señala cómo hace gala continua de falta de escrúpulos, trata desde el Gobierno de derribar el sistema democrático que le correspondería defender; elogia sin pausa a quienes dieron base y cobertura a ETA y prefiere esa compañía a la de Ciudadanos -por ejemplo-, que no se ha apoyado nunca en un ‘brazo armado’. Todo ello, sin que el presidente del Gobierno le aplique el merecido correctivo. Y sabemos bien que lo que no se replica se convalida.
La carta 73 no es la primera porque el 10 de noviembre un general de división, 23 coroneles, 3 tenientes coroneles y 12 capitanes pertenecientes a la XIX promoción de la Academia General del Aire de San Javier remitieron al Rey otra similar que las autoridades de Defensa prefirieron silenciar.
Siempre hemos comprobado que cuando callan quienes deben hablar, acaban hablando quienes deben permanecer en silencio. Atentos, pues, a la indisoluble unidad de la Nación, patria común e indivisible de todos los españoles, cuya soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional tienen la misión de garantizar las Fuerzas Armadas, según reza el artículo octavo de nuestra carta magna y la fórmula del juramento a la bandera prescrito en la Ley 39/2007 de 19 de noviembre.
Es a los órganos que encarnan la soberanía nacional -Congreso de los Diputados y Senado- a quienes corresponde definir que sea la independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional para que las Fuerzas Armadas sepan qué es lo que han de garantizar. Confusiones y ambigüedades quedan excluidas. Sépase que como el artículo 26 de las Reales Ordenanzas exige “todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución” y que según el artículo 34 de esa norma “cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas y que, en todo caso, asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión”.
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