La negociación del techo del gasto público viene marcada por la tributación empresarial. Nuevamente se incide en elevar la presión fiscal a las empresas españolas sin tener en cuenta su reducido tamaño medio y los retos que deben afrontar en un mundo marcado por la transformación digital y en constante cambio. En el debate político español no aparecen propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestras empresas y mejoren su competitividad en una demografía empresarial mundial en la que aparecen nuevos actores.
Hasta 2025 se prevé que surjan 7.000 nuevas grandes empresas, de las que 5.000 estarán localizadas en economías emergentes, especialmente en China (un 40% de ellas). Además, más de 280 ciudades de países emergentes (150 en China) acogerán la sede de una gran empresa por primera vez, y se triplicará, respecto a 2010, la presencia de matrices en esta categoría de países. Paralelamente, se estima que más del 45% de las empresas del Fortune Global 500 tendrán su sede en África, Asia, principalmente en China, y América Latina, frente al 5% en 1990 y el 17% de hace una década.
A su vez, las empresas españolas en las próximas décadas desarrollarán sus modelos de negocio y de crecimiento en un nuevo entorno geopolítico y económico, no exento de incertidumbres y oportunidades. A medio y largo plazo deberán dar respuesta a los efectos derivados del cambio del centro de gravedad económico mundial, del envejecimiento de la población en los principales países avanzados y en China, de la revolución tecnológica, de la transición energética, y de los cambios de patrones de consumo, entre otros. Un mundo cada vez más global, interconectado y en constante cambio que requiere que la estructura empresarial española gane tamaño, y no de un sistema tributario que no tenga en cuenta el mayor retorno fiscal futuro generado por su crecimiento e internacionalización.
Actualmente, España mantiene un reducido tamaño medio de su estructura empresarial. El 99,3% del total de empresas son micro y pequeñas que tienen menos de 50 empleados, y solo cuenta con un 0,6% de medianas (entre 50 y 250 empleados) y un 0,1% de grandes. Estas cifras contrastan con las de Alemania y Reino Unido donde las microempresas pierden peso a favor de las pequeñas y medianas formando un ecosistema que impulsa el dinamismo y una mayor estabilidad recaudatoria y laboral ante los cambios de ciclo económico. Por tanto, las empresas de mayor tamaño contribuyen positivamente a mejorar la productividad, la calidad del empleo, la innovación y la internacionalización que son elementos todos ellos claves para generar un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.
Sin embargo, en nuestro país siguen existiendo barreras fiscales, laborales y burocráticas que dificultan la creación y el crecimiento de nuestras empresas, y ampliar la base imponible empresarial, ya que actualmente el 55% de la recaudación del Impuesto de Sociedades corresponde a las medianas y grandes empresas. Por ello, no es el momento de aumentar la presión fiscal empresarial, sino de consensuar reformas que creen un marco regulatorio y tributario con el objetivo de favorecer la competitividad y fortalecer la generación de valor y de empleo de calidad del tejido empresarial español. Es decir, apostar por el largo plazo.
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