La semana pasada el presidente del Gobierno regional de Cataluña ha lanzado otro órdago a Sánchez dando a conocer su nueva exigencia consistente en que el Estado ceda a la Generalitat la gestión íntegra del 100% de los impuestos que pagan los residentes en aquella región. Como dato curioso, cabe constar que ni en Navarra ni en las Diputaciones Forales del País Vasco se llega a tanto, pues uno y en otros casos el Estado gestiona y recauda allí el IVA y los Impuestos Especiales que gravan la importación, circunstancia que no sucedería en lo pretendido por los independentistas catalanes. En un acto de simulada generosidad, Aragonès se ha mostrado dispuesto a que Cataluña pague al Estado un cupo que se destinase a la cobertura de los servicios públicos básicos en otras Comunidades Autónomas con menor capacidad recaudatoria. Eso sí, el reseñado cupo se acordaría anualmente y de forma bilateral entre el Estado y la Generalitat, tendría una duración limitada en el tiempo y estaría condicionado a que las Comunidades receptoras progresaran en la forma que consideren adecuada los dirigentes de Cataluña. Menuda desfachatez.
Sí, porque es desfachatado pretender quebrar las disposiciones constitucionales sobre financiación autonómica y sus normas de desarrollo para otorgar a Cataluña un régimen financiero especial que está exclusivamente previsto para los territorios forales con derechos históricos. Y también lo es que, con ello, se amenace con romper el principio de solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución. Pese a lo desfachatadas que resultan estas pretensiones, no cabe sorprenderse por ello pues, a fin de cuentas, los independentistas catalanes llevan tiempo subidos en el carro del descaro. Lo auténticamente grave para España es la preocupante tibieza presente en la respuesta del Gobierno español.
Nuestra peculiar ministra de Hacienda y vicepresidenta primera no ha estado a la altura que requería el envite y se ha cuidado mucho de cerrar categóricamente la puerta a la desorbitada exigencia
Gravedad que tampoco puede sorprender en demasía dadas las sucesivas genuflexiones de Sánchez ante las atrocidades que le exigen y le arrancan los independentistas catalanes. La última, amnistiar a los que amenazaron seriamente el orden constitucional en 2017 y/o robaron -sí, robaron- a las arcas públicas antes y después del citado año. Pero volviendo al tema, es preciso recordar que la pretensión ahora manifestada por Aragonès no resulta novedosa porque figuraba ya, y básicamente en los mismos términos que ahora, en el documento suscrito conjuntamente por el PSOE y Junts mediante el que este último partido se comprometía a apoyar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Si entonces ya criticamos la pretensión del partido de Puigdemont y la tibieza de la respuesta socialista, ahora corresponde aplicar la crítica a la exigencia de la Generalitat y a la meliflua reacción del Gobierno de España.
En efecto, ante el nuevo órdago lanzado por Aragonès, nuestra peculiar ministra de Hacienda y vicepresidenta primera no ha estado a la altura que requería el envite y se ha cuidado mucho de cerrar categóricamente la puerta a la desorbitada exigencia tal y como exigía la mínima dignidad a la que le obligaba el puesto que ocupa. Y eso pese a que los rechazos categóricos del Gobierno ante las pretensiones de los independentistas catalanes valen lo que duran, poco más de dos telediarios. Pero, aún más, resulta preocupante que MJ Montero haya manifestado que el Gobierno está dispuesto a mejorar la financiación de Cataluña.
Ministra, tiene usted que esforzarse en entender que la financiación autonómica es un juego de suma cero por lo que su anunciado propósito de mejorar financieramente a Cataluña supone anunciar su disposición a que empeore la que perciben otras Comunidades Autónomas. Es así, con las matemáticas no pueden practicarse los trucos estadísticos con los que el Gobierno del que forma usted parte maquilla los datos oficiales del empleo, de la inflación, de crecimiento del PIB o de la estrepitosa caída de las inversiones extranjeras en España. Valga esta última referencia como ejemplo de la magia estadística que emplea el Gobierno para intentar camuflar sus fracasos. Constatado que en 2023 la inversión extranjera en España descendió casi un 20% respecto del año precedente, lejos de reconocer la gravedad del dato el Ministerio de Economía ha manifestado que su importe en el citado 2023 se sitúa en el promedio de los cinco años anteriores. Nos ha fastidiado, porque esta media interanual incluye el dato de 2020 en el que dicha inversión se derrumbó por la crisis pandémica. Disimular, cuando no ocultar, la realidad que no les gusta. A eso se dedica este Gobierno.
Volviendo al tema, la conjunción del órdago lanzado por los nacionalistas catalanes -ayer Junts, hoy Aragonés- y la pacata respuesta recibida -entonces del PSOE, ahora del Gobierno- permiten pronosticar que, efectivamente, Cataluña será financieramente privilegiada a costa del resto de las Comunidades Autónomas del régimen común. Vistos los antecedentes y el posicionamiento del Gobierno sobre la cuestión, no cabe lamentablemente esperar otra cosa. Y por proporcionar solo un parámetro económico de lo que puede suponer, constatemos que la actual contribución de Cataluña al Fondo destinado a financiar los servicios públicos básicos, una cuarta parte de lo que aporta la Comunidad de Madrid, equivale a la percepción que reciben para ello Aragón, Cantabria, Asturias y La Rioja. Quiere decirse que mejorar la financiación autonómica de Cataluña, tal y como ha sido ya aceptado expresamente por el PSOE y por el Gobierno, pondría en peligro la financiación de la sanidad y la educación públicas en las Comunidades Autónomas que precisan de ayuda para proveerlas.
Esto implicaría que sería la Administración tributaria catalana, y por tanto nacionalista, la que inspeccionaría el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades que respectivamente declarasen los individuos y las empresas residentes en Cataluña
Cambiando de tercio, imaginemos ahora lo que pudiera suceder si la cesión de Sánchez fuera completa y llegase incluso a entregar, tal y como se le exige, la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña a la Generalitat. Cederlo supondría que sería el Gobierno catalán el que gestionaría, recaudaría e inspeccionaría todos los impuestos allí pagados. Esto implicaría que sería la Administración tributaria catalana, y por tanto nacionalista, la que inspeccionaría el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades que respectivamente declarasen los individuos y las empresas residentes en Cataluña. ¿Cabe alguna duda respecto a que el control tributario estaría al servicio de la política independentista? ¿Y sobre el castigo fiscal que recibirían todos aquellos que no se plegaran a las directrices del soberanismo? Personalmente, creo que ninguna. Una Generalitat empoderada con el feroz instrumento que supone la posibilidad de perseguir y castigar fiscalmente a los disidentes dispondría de un poder absoluto para acallar cualquier voz crítica y aplastar cualquier postura de resistencia.
De manera que la tropelía jurídica y económica que supone la exigencia fiscal que de modo altanero están planteando Junts, ERC y la Generalitat constituye también una auténtica tropelía política. Pero ni con esas hemos podido observar los españoles una postura firme del PSOE y del Gobierno. Muy al contrario, estamos contemplando las progresivas relativización y naturalización que, como ya sabemos, anteceden y preparan la definitiva y sumisa entrega de Sánchez a los independentistas catalanes después de cada exigencia que le plantean. Lo hemos visto en el caso de los indultos y la amnistía, pero también con cuestiones menos sangrantes aunque sí relevantes como por ejemplo las regalías ferroviarias. Y empezamos a vislumbrar que el próximo minarete que van a conquistar los socios preferentes de Sánchez es el de una financiación autonómica privilegiada. Después… ya lo están anunciando ellos mismos.
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