Más Salt en la herida

La anécdota es famosa. Corría el año 1942. El Sindicato Español Universitario convocó una protesta frente a la embajada del Reino Unido en Madrid para reclamar la devolución de Gibraltar a España. las masas rodearon el edificio y la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Ramón Serrano Suñer, a la sazón ministro del Interior y todopoderoso cuñado de Franco, llamó por teléfono al embajador británico, sir Samuel Hoare, ofreciéndose a enviar más policía para la protección de la embajada. “No me mande más policía, señor ministro -respondió el embajador- mándeme menos manifestantes”. Serrano Suñer desmintió siempre la veracidad de la historia aduciendo que los ingleses siempre quieren aparecer como más agudos de lo que realmente son,  pero la respuesta de Sir Samuel Hoare es tan buena que si non è vera è ben trovata.
El imán de Salt, que ahora tiene reuniones semisecretas con el alcalde de Esquerra para asegurarle que “no tiene nada que ver” con las algaradas que se han producido por su desahucio, dejó de pagar la hipoteca del piso que había comprado, entiendo que sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho para aceptar el préstamo, hace cinco años. Dice ahora una de sus hijas mayores  que no dejó de pagar porque quiso, sino “porque el banco quebró”. A qué banco se refiere y de que quiebra habla, no lo dice. El imán, cuyos venerables 70 años le dispensan de ocuparse de la mezquita en el día a día pero no de aumentar su ya extensa familia con cuatro hijos todavía menores de edad, decidió no pagar y quedarse en el piso a la espera de conseguir una vivienda social gratis. No siendo una familia vulnerable porque afortunadamente la familia tiene suficientes ingresos, el legítimo propietario consiguió un primer desahucio tras el cual fueron realojados por el ayuntamiento en un hostal. Descontentos con la situación,  la familia decidió okupar de nuevo el piso en el que habían estado viviendo sin pagar la hipoteca que habían contratado.

Estamos hablando de Salt, con más del 34 por ciento de población de origen marroquí y subsahariano concentrada en barrios en los que los mossos y la policía local, escasamente dotados, es mejor que no entren por su propia seguridad personal

La mala suerte es que los auténticos dueños de la vivienda habían puesto la correspondiente alarma y fueron desahuciados de nuevo esta vez en caliente. Hasta aquí nada distinto a lo que sucede todos los días. Pero estamos hablando de Salt, con más del 34 por ciento de población de origen marroquí y subsahariano concentrada en barrios en los que los mossos y la policía local, escasamente dotados, es mejor que no entren por su propia seguridad personal. En una Cataluña en la que hace más de una década se tiene una relación esquizofrénica con la legalidad y el ordenamiento jurídico, en la que no se respeta la propiedad privada y se justifica la okupación por una gran parte de la clase política, lo normal es que también los recién llegados asuman rápido que pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya.

Las autoridades catalanas, salvo contadísimas excepciones como la del alcalde de Badalona, no aguantan la presión social. Puedes incendiar literalmente una población, como ocurrió en Salt hace pocos días, y conseguir rápidamente tus objetivos. El lmán, siempre por persona interpuesta, niega su participación en la convocatoria de los disturbios pero deja caer que hay que conseguir la solución a su problema, es decir, que le demos casa gratis entre todos los contribuyentes, actuando con  “inteligencia”. No podemos negársela, ahí está el alcalde de Salt vaciando la agenda para reunirse con él y darle un trato prioritario al del resto de los ciudadanos. Se legitima el uso de la fuerza pero no por los que tienen el derecho constitucional a usarla para la seguridad de todos sino por los que se saltan la ley. El mundo al revés. Y los principales perjudicados por este trato desigual son los inmigrantes que sí cumplen con las reglas del juego y se ven injustamente incluidos en las generalizaciones inevitables.

Nada es seguro, ni la propiedad de tu casa ni el uso de las carreteras, porque te las pueden bloquear aguerridos guerrilleros urbanos en cualquier momento. Una diputada de la CUP justificó la violencia callejera de estos días en Salt diciendo que “lanzar piedras a los mossos es un hecho cultural propio de Cataluña”

La inmigración ilegal y masiva sin suficientes herramientas para su asimilación y sin que se le exija, como al resto de nosotros, el cumplimiento de las normas básicas de convivencia desemboca ahora en el crecimiento imparable de Alianza Catalana. El buenismo inexplicable de unos políticos que viven su día a día en barrios alejados del problema se ha vuelto insoportable para una parte importante de la población que se ha sacudido los complejos y ha dicho basta. Que Silvia Orriols sea la alcaldesa de Ripoll, el pueblo del que salieron los terroristas del atentado de las Ramblas, no es casualidad. La ley del péndulo se ha puesto en marcha. La región que ejerce la mayor presión fiscal sobre los contribuyentes es a la vez la que menos los protege. Nada es seguro, ni la propiedad de tu casa ni el uso de las carreteras, porque te las pueden bloquear aguerridos guerrilleros urbanos en cualquier momento. Una diputada de la CUP justificó la violencia callejera de estos días en Salt diciendo que “lanzar piedras a los mossos es un hecho cultural propio de Cataluña”. Esa sensación tiene la gente anónima que ni es Imán de Salt ni tiene la capacidad de generar miedo en los políticos y se desloma para pagar su hipoteca y sus impuestos. La de que nos lanzan piedras a todas horas acertando siempre. Una vergüenza.

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