Aunque no es mi propósito analizar a fondo el contenido de la futura Ley de la Memoria Democrática que se debate actualmente en las Cortes, es imprescindible hacer unas breves consideraciones pues se trata de una ley que pretende imponer un relato sesgado y manipulador de nuestra historia. Sólo diré que equiparar la Constitución de 1978, fruto del consenso y del espíritu de concordia que presidió su elaboración y única de nuestra historia que fue sometida a referéndum del pueblo español, con otras Constituciones como las de 1808, 1869 y 1931 que nunca desembocaron en una auténtica democracia, es un desatino.
Las Cortes no tienen atribuida la misión de declarar cuál es la verdad histórica, que ni siquiera es función de la Real Academia de la Historia. Y no se diga que la memoria democrática es la que asume como relato histórico la sociedad porque ésta no tiene una conciencia única, pues está integrada por ciudadanos libres, y cada uno puede tener una visión diferente. Otra cosa es que los actos dirigidos a romper por la violencia el orden constitucional sean reprobables, al igual que la apología de regímenes no democráticos, incitando a llevar a cabo el derribo de la democracia sin reparar en los medios utilizados para ello. Resulta incuestionable que no se tiene legitimidad para demonizar a la ultraderecha antidemocrática mientras se comparte gobierno con grupos comunistas que glorifican la URSS del camarada Stalin, el mayor genocida del siglo XX, y no se recatan en defender la implantación de la dictadura comunista que todavía padecen algunos países en el mundo a cuyos regímenes totalitarios ponen como modelo.
La Ley de la Memoria Histórica, impulsada por Rodríguez Zapatero, abría un resquicio para poder considerar que los asesinatos en ambas zonas por razones ideológicas o religiosas eran susceptibles de reparación e indemnización. Es decir, se condenaba la violencia “venga de donde venga”. Pero, en su ejecución, el Gobierno de Zapatero demostró que tan sólo pretendía sustituir el espíritu de reconciliación de la Transición y por una voluntad revanchista al considerar crímenes de guerra únicamente a los perpetrados en la zona en el que el general Franco se convirtió en dictador vitalicio después de autoproclamarse Jefe del Estado.
Todos cuantos estuvieron en el bando republicano son demócratas y merecedores de honores y reconocimientos. Los que combatieron en el otro bando son condenados al fuego eterno
En el proyecto de ley promovido por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez la historia de España desde 1808 hasta 1978 se reduce a una lucha de los demócratas contra los antidemócratas que acaban siempre con toda experiencia democrática mediante la violencia. La II República es la expresión máxima de esa voluntad democrática segada de raíz por la sublevación militar de 1936. Todos cuantos estuvieron en el bando republicano son demócratas y merecedores de honores y reconocimientos. Los que combatieron en el otro bando son condenados al fuego eterno.
La Memoria Democrática supone la implantación de una dictadura ideológica permanente. Todo cuanto se considere contrario a dicha Memoria podrá ser sancionado. De modo que es más que posible que denunciar que durante cien años el PSOE defendió no la democracia sino la Revolución Social mediante utilización de la violencia para imponer la dictadura del proletariado, hasta el punto de haber protagonizado en 1934 un cruento golpe de Estado armado contra la República, sea susceptible de sanción. O sostener que no se puede considerar demócratas a quienes perpetraron durante la guerra civil el genocidio contra la Iglesia Católica al asesinar al menos a ocho mil clérigos por el mero hecho de serlo. O recordar que el camarada Stalin, al frente del comunismo soviético es el mayor genocida del siglo XX, y nada tienen de demócratas quienes en España declaran su voluntad de implantar un sistema comunista. ¿Se podrá decir, sin temor a represalias, que el Frente Popular (PSOE, PC, ERC, etc.) dio en febrero de 1936 un “pucherazo” electoral robando la victoria a “las derechas”? ¿Se podrá sostener que Azaña fue un nefasto gobernante que arrebató con malas artes la presidencia de la República a Niceto Alcalá Zamora? ¿Se considerará exaltación del franquismo la beatificación y santificación de los numerosos mártires sacrificados por la sañuda persecución contra la Iglesia Católica que estaba alentada desde la propia Constitución de 1931?
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