El antiguo concepto de memoria histórica ya presentaba algunos problemas de la misma categoría que los de la bomba del Dr. Strangelove; eran problemas esenciales para el correcto funcionamiento del producto. La memoria es algo subjetivo, individual y sentimental, y encuentra su necesario lugar en el ámbito de lo privado. La historia en cambio tiene pretensión de objetividad, de universalidad y de cientificidad, y por eso la historia es pública. La intención de combinar en España cuestiones tan opuestas en un único elemento sólo podía haber sido producto de una época y de una mente como la de José Luis Rodríguez Zapatero, y los objetivos eran evidentes: subrayar con el bolígrafo de esto-entra-para-el-examen (de ciudadanía) los acontecimientos que encajaran en la memoria progresista, con las anotaciones necesarias, y tachar con el bolígrafo negro lo que nunca debía dar tiempo de explicar. La II República se convertía así en un régimen no sólo absolutamente legítimo -salvo esos dos años a los que había que aplicar el boli negro-, sino absolutamente ejemplar. Ideal de las democracias avanzadas, sistema fracasado sólo por ataques externos y referente binario para el futuro. Para que funcionase el invento era necesario además que cualquier matiz crítico fuera despachado con el sello del revisionismo. ¿Qué autoridad tienen los hechos cuando se trata de los recuerdos colectivos cuidadosamente cultivados?
La memoria democrática es otra cosa. El sello del revisionismo ha sido sustituido por el del negacionismo. Y la historia no debe someterse ya a la memoria progresista, sino al sello democrático. El salto es enorme y siniestro, y las consecuencias sólo pueden sorprender a ese tipo de ciudadano que configura la condición de posibilidad del totalitarismo: el crítico pasmado. El que sólo empieza a alarmarse cuando aparece un bigote, grande o pequeño -especialmente si es el pequeño- en el Congreso.
Ernest Lluch ha pasado para el PSOE de ser asesinado por ETA a ser meramente asesinado. Podría haber sido un despiste, un gesto mal interpretado o un detalle sin importancia, pero nadie ignora ya la luna de miel que están disfrutando los socialistas y la izquierda abertzale
En esta segunda fase los hechos se van adaptando a lo que exija la mayoría democrática. Ésa es una cuestión previa esencial: hay mayorías democráticas y mayorías antidemocráticas. Hay mayorías que canalizan correctamente la voluntad del pueblo y mayorías que se enfrentan a ella. Las primeras pueden designar legítimamente la memoria colectiva y reescribir la historia con el único argumento del número, y la semana pasada pudimos ver hasta qué punto el artilugio podrá llegar a alterar la historia reciente de nuestro país.
Después de 23 años, Ernest Lluch ha pasado para el PSOE de ser asesinado por ETA a ser meramente asesinado. Podría haber sido un despiste, un gesto mal interpretado o un detalle sin importancia, pero nadie ignora ya la luna de miel que están disfrutando los socialistas y la izquierda abertzale. Dentro de no mucho tiempo podrán pasar a conmemorar su trágica muerte, y en una década tal vez quedará democráticamente establecido que falleció hace 33 años. El PSOE sabe que su alianza con quienes lo asesinaron no es un mero pacto, sabe que esa alianza no es un paréntesis y sabe que sus votantes avalan esa alianza con sus votos cada vez que se traspasa una de esas pretendidas líneas rojas. La rectificación posterior tras el tuit inicial es sólo una cesión sin importancia, porque la tranquilidad es lo que más se busca y es posible que aún quede en España algún socialista que llega tarde al reajuste ideológico. Lo importante es que ETA es ya para el PSOE lo mismo que para toda la izquierda hegemónica, que ha sido capaz de superar sus diferencias y ya no necesita etiquetas secundarias: un accidente inevitable, una fuerza impersonal, algo innombrable y felizmente superado. La memoria consensuada establece que ya basta de acordarse de todo aquello, y la derecha seguirá recordándolo porque es esencialmente antidemocrática.
No hay nada extraño en todo esto, y podemos ir acostumbrándonos a las escenas que veremos en los próximos años. Será de nuevo un ejercicio continuo de arbitrariedad descarada, y no hará falta esconderlo porque vendrá avalado por una ley sagrada. Hace un par de meses la memoria democrática estableció que mostrar en redes sociales la bandera preconstitucional era exaltación del franquismo, y que eso debía conllevar sanciones fuertes y reprimendas firmes. Hace unos días, la Audiencia Nacional estableció que pintar ‘Gora ETA’ en una pared no constituía enaltecimiento del terrorismo, probablemente porque no se puede enaltecer lo que ya no existe. El franquismo, en cambio, debe de seguir existiendo de alguna manera.
Es posible resumir la situación de manera gráfica y rápida: el pensamiento -es un decir- de Eneko Andueza, Odón Elorza e Iñaki López no es que haya llegado a dominar el PSOE y la política española; es que se ha convertido en ley.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación