De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda en España lo de la 'memoria democrática', un constructo de nuevo cuño concebido para reivindicar a las víctimas del franquismo. A lo largo de los últimos años se han aprobado leyes de memoria democrática en varias comunidades autónomas. Empezó Andalucía hace tres años y le siguieron Cataluña, Aragón, Extremadura y Asturias. No es algo anormal esto. A menudo las iniciativas legislativas arrancan a escala regional y, pasado un tiempo, el Gobierno se decide a hacer una ley para todo el país. En este caso la memoria histórica nació en una comunidad gobernada entonces por el PSOE y ha ido reproduciéndose en otras en las que manda el mismo partido o los nacionalistas.
En todo lo relativo a la memoria histórica la izquierda es muy activa. Encontró un filón hace más de diez años con este tema y lo sigue explotando con el ánimo nada disimulado de emplear la guerra y la posterior dictadura como un argumento político contra partidos como el PP, Ciudadanos y Vox. Es decir, que en estas leyes de memoria hay más política del día que intención de restañar unas heridas que cicatrizaron hace ya mucho tiempo.
La sublevación militar que la provocó se produjo hace 84 años. Los que nacieron en aquel infausto año son hoy venerables octogenarios y apenas queda gente que recuerda la guerra en sí
De la guerra civil hemos de hablar en pretérito absoluto. La sublevación militar que la provocó se produjo hace 84 años. Los que nacieron en aquel infausto año son hoy venerables octogenarios y apenas queda gente que recuerda la guerra en sí. El franquismo es más reciente pero, aún así, terminó hace casi medio siglo. La mayor parte de los españoles vivos actualmente o nacieron tras la muerte de Franco o lo hicieron en los últimos años del régimen, por lo que no recuerdan nada de aquella época.
Esto, evidentemente, no significa que no debamos tener bien presente nuestra historia, pero sí significa que no debemos politizarla y, mucho menos, tomar categorías políticas del pasado y aplicarlas en nuestro tiempo con intereses partidistas. Pero, ¿cómo resistirse a utilizar un relato tan provechoso en el que unos se reservan el papel de buenos adjudicando a los contrarios el de malos? En esto Pedro Sánchez no hace más que continuar con la obra de Zapatero debidamente corregida y aumentada.
Calles, plazas y monumentos
El franquismo está ya tan lejano que no se puede hacer justicia con sus prohombres porque crían malvas desde hace años. Así que sólo queda ir a por las ideas que movieron aquel régimen y los pocos símbolos que quedan de él. Hace quince años, antes de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, quedaban algunos más en forma de calles, plazas o pequeños monumentos que no habían sido retirados durante la transición, pero hoy cuesta encontrar un solo símbolo del franquismo más allá del Valle de los Caídos que ya fue definitivamente expurgado de los restos del dictador hace unos meses.
Es cierto que frente al altar sigue la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, fusilado por el Gobierno republicano unos meses después de iniciada la contienda civil y que, por lo tanto, no tuvo ni arte ni parte en el franquismo. El régimen utilizó su imagen de forma muy intensa con fines propagandísticos, especialmente en los primeros años, pero nunca se sabrá que hubiese pensado Primo de Rivera del Gobierno de Franco de haber sobrevivido a la guerra. Su causa puede vincularse al régimen, no así su persona, que cualifica como víctima de la guerra civil.
En definitiva, que a Alberto Garzón le asiste el mismo derecho a ensalzar a Fidel Castro que a los miembros de la Fundación Francisco Franco a hacer lo propio con quien da nombre a lo suyo
Respecto a las ideas, la Constitución garantiza la libertad ideológica en su artículo 16 y la libertad de expresión en el artículo 20. Luego la pretensión de ilegalizar asociaciones o fundaciones franquistas se da de bruces con la Carta Magna. En España uno es libre de enaltecer a quien le venga en gana exponiéndose, eso sí, al estigma social que trae aparejado alabar a dictadores propios o ajenos. Además, si esto lo hiciésemos extensible a todas las dictaduras algunos partidos como Unidas Podemos se verían en problemas legales por la apología sistemática que muchos de sus militantes hacen de dictaduras pasadas, como la soviética, o presentes, como la castrista. En definitiva, que a Alberto Garzón le asiste el mismo derecho a ensalzar a Fidel Castro que a los miembros de la Fundación Francisco Franco a hacer lo propio con quien da nombre a lo suyo.
El Valle de los Caídos es, sin duda, un símbolo para los pocos nostálgicos del régimen que quedan en España, pero también es un cementerio, una basílica pontificia y una abadía benedictina con escolanía propia. Que Franco fuese católico no es sinónimo de que el catolicismo lo sea, de la misma manera que el hecho de que Stalin o Enver Hoxha fuesen ateos no convierte a todos los ateos en comunistas. El Gobierno mezcla deliberadamente dos planos que nada tienen que ver el uno con el otro, seguramente movido por la animadversión que profesa hacia la Iglesia Católica y toda su simbología.
Fiscalía especial del pasado
Pero lo más llamativo de la nueva ley es la creación de una fiscalía especial en el Tribunal Supremo cuyo cometido será investigar las violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1978. Empresa interesante sin duda pero, a estas alturas eso ya no es trabajo de los fiscales, sino de los historiadores porque han pasado entre 50 y 80 años de aquello y los responsables están muertos. Luego está el rango temporal escogido. Si esa fiscalía investiga la guerra encontrará infinidad de abusos en ambos bandos, un trabajo que, además, ya está hecho porque de la guerra civil hay mucha información disponible y ha habido tiempo de sobra para investigarla.
La guerra de España no es precisamente un conflicto olvidado. Todo lo contrario, es un tema recurrente desde el punto de vista historiográfico. Pocos episodios de nuestra historia se han estudiado tan a fondo como la guerra civil, sus prolegómenos y sus consecuencias. Hay miles de obras al respecto de especialistas españoles y extranjeros. La dictadura también está muy bien estudiada, pero a veces se olvida que no concluyó de manera abrupta mediante una ruptura, sino tras una negociación entre los aperturistas del régimen y la oposición democrática. Fue algo rápido, en apenas año y medio el régimen quedó desmantelado. En junio de 1977, cuando habían transcurrido sólo 19 meses desde la muerte de Franco, se celebraron elecciones libres, por lo que en 1978 la dictadura ya había concluido. Todo lo que se hizo ese año fue poner el broche final con la promulgación de la Constitución. Algunos aseguran que el franquismo perduró mucho más tiempo, y es posible que lo hiciese en ciertos ámbitos de la administración, pero no en las instituciones.
Los diputados constituyentes salidos de las elecciones del 77 se encontraron ante este problema para elaborar su ley de amnistía. Acordaron una fecha concreta: el 15 de diciembre de 1976
En este punto habría que preguntarse cuándo terminó realmente el franquismo. Es una pregunta difícil porque no hay una fecha exacta. Las estructuras políticas del régimen se disolvieron entre diciembre de 1976 y junio de 1977. Los diputados constituyentes salidos de las elecciones del 77 se encontraron ante este problema para elaborar su ley de amnistía. Acordaron una fecha concreta: el 15 de diciembre de 1976, día en el que se ratificó la ley de reforma política, el instrumento que el propio régimen empleó para hacerse el harakiri y que permitió el tránsito a la democracia de un modo más o menos tranquilo.
Con la amnistía vino la amnesia y el acuerdo tácito de no emplear el pasado como arma política. Quizá en aquel momento tenía sentido algo así en aras de la reconciliación. De eso hace ya más de cuarenta años. Hoy no hay nada que olvidar porque ninguno de los diputados actuales lo era en 1977. No pueden olvidar algo que no vivieron, así que nunca está de más recordar lo que pasó entre 1936 y 1976 pero partiendo del hecho que no se pueden pedir responsabilidades porque ha pasado demasiado tiempo. De modo que lo más seguro es que esta ley no sea más que el enésimo pataleo extemporáneo de un Gobierno que necesita la tensión para mantener movilizadas a sus bases en un momento en el que poco más puede darles.
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