La enseñanza sufre el mismo deterioro que casi todo lo demás. No podemos regocijarnos por la caída del nivel, una decisión política progresista específicamente programada para sembrar un falso bienestar y para ganar un espurio agradecimiento a los líderes del partido que cada vez achica más las exigencias y relaja el respeto y disciplina de los alumnos. Lo de establecer derechos no está mal, siempre que se garantice la educación de quienes desean recibir una enseñanza de calidad.
Aquí nace el gran dilema de un profesor: ponerse al nivel más bajo para que toda la clase lo siga, en cuyo caso fastidia a los avanzados, o atender a los mejores, mientras los rezagados se distancian aún más. De manera tácita o explícita el profesor ha de mostrarse favorable al paso de curso, incluso cuando se sabe que sembrarán la desigualdad en la clase siguiente porque su nivel no le permite seguir el programa.
La llamada Ley Celaá ha relajado la motivación, el aprendizaje, la disciplina y potenciado la burocracia. Y de eso se queja, desmoralizado, el profesorado, que más que controlar los avances se ve obligado a protegerse y a defenderse no ya del alumnado desmotivado y molesto, que eso todavía podría tener solución, sino del interesado en que los demás tampoco se beneficien de la enseñanza, también interesados en sembrar el desconcierto y en desautorizar al profesor con ataques a sus puntos flacos, ya sean físicos o morales.
El docente ha sido privado de incentivos, de expectativas profesionales, y por supuesto de reconocimiento social o protección moral. Le queda asistir, impávido, al desolador espectáculo de contemplar cómo las autoridades académicas se desentienden de la reducción de las ratios de alumnos por aula, de la moderación de horas lectivas y de la formación adecuada para encauzar los nuevos hábitos disciplinarios. Lo haga bien o mal a nadie le va a interesar porque importan las estadísticas, y mucho menos la capacidad didáctica y el control de la progresión de los alumnos.
Acoso sin tregua, provocaciones verbales, agresiones físicas, arrogancia, faltas de respeto, educación baja o nula y falsas acusaciones dejan huella en la salud mental del docente
No podríamos controlar y valorar lo que está pasando si no existiera el informe Pisa, que solo preocupa al gobierno los días en que es noticia. Una semana después el malestar docente y la inquietud se dulcifica, y se olvida que entre 2015 y 2022 España perdió 22 puntos en lectura y 13 en matemáticas, que equivale a un retraso de las tres cuartas partes de un curso. Sánchez prometió e incumplió, como siempre, mejorar los resultados, y también las frágiles condiciones profesionales.
En la Lomloe se establecía que el Gobierno debía elaborar una propuesta normativa para regular la formación, acceso y desarrollo de la carrera docente. La ley fue aprobada en 2020 y todavía no se ha desarrollado. El Gobierno prefiere regar a los sindicatos afines para que guarden silencio o coloquen una frasecita muy digna en la prensa orgánica para seguir recibiendo sus subvenciones. Los sindicatos harán "un llamamiento a las Administraciones educativas para que impulsen medidas dirigidas a la recuperación de las condiciones socio-laborales del profesorado, que permitan una dignificación de su trabajo". Y a continuación se deja correr el tiempo. A principio de curso estos sindicatos recuerdan que tienen pendiente una protesta a gran escala, y unos días más tarde se olvidan
El informe del Defensor del Profesor del curso 2022/23 determinó la necesidad de proteger la salud mental porque la ansiedad crece y ya afecta casi a la totalidad de los profesores. Acoso sin tregua, provocaciones verbales, agresiones físicas, arrogancia, faltas de respeto, educación baja o nula y falsas acusaciones dejan huella en la salud mental del docente, mucho más instalado en la defensa de su relación con los alumnos que en el objetivo de la enseñanza. Adiós a la docencia, a la transmisión ordenada y pacífica de conocimientos.
El gobierno anunció un plan de choque contra los malos resultados del informe PISA, pero ha hecho muy poco porque no cuenta con los fondos anunciados de 500 millones de euros. Han quedado reducidos a 95 porque dependen de la aprobación de los Presupuestos. No diremos que ni han sido aprobados este año ni lo van a ser el que viene.
Un territorio que resiste
Lo sorprendente, lo que nos hace reflexionar, es que dentro de este caos encontramos un milagro, los institutos de un territorio que resiste, el soriano, y que se encuentra entre los diez mejores del mundo porque, abandonados a su suerte, no le ha llegado la contaminación progresista. Allí los profesores siguen siendo un referente para la sociedad, y los padres imponen la educación en sus hijos. Los institutos abren por la tarde y también el mes de julio con dos fines: reforzar a los estudiantes rezagados y potenciar a los adelantados. Para eso los separan por niveles, para que el profesor pueda dirigirse a todos en bloque.
El sistema educativo de Castilla y León aparece el primero de España en el informe Pisa, a la altura de Canadá y por delante de los países nórdicos. ¿Qué está pasando allí que no pueda pasar en el resto de España? Que lo público no está devaluado. Se aprecia la oferta de actividades extraescolares gratuitas y se aceptan los horarios de trabajo.
Mientras tanto la sensación de no hacer las cosas bien se extiende por el resto del territorio nacional donde el trabajo marginal se considera innecesario y la Lomloe una super-puerta abierta a potenciar la acción de los estudiantes frikis que rechazan toda disciplina. Claro que no se puede dejar a nadie atrás, por supuesto, pero tampoco premiar la holgazanería, la galbana, la falta de compromiso.
La sobresaturación no es un caso aislado, sino una constante entre los enseñantes maltratados que cada vez más se instalan en el desaliento y la fatiga. Se multiplican las bajas temporales por estrés, ansiedad y depresión, que podría afectar a casi el 40%, un porcentaje infrecuente en otras profesiones.
Un profe de Física no es un gorila
Solo el sindicato libre ANPE, que no recibe fondos del gobierno (o recibe muy pocos), solicita una herramienta que dignifique la función del docente, el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado. Se trata de reconocer la jerarquía en el aula para proteger a quienes desean aprender de las frecuentes situaciones conflictivas que el profesor se ve obligado a resolver con escasos recursos, y tan ajenas a su labor docente. Un profesor de Física, pongamos por caso, no es un guardia de seguridad. Se trataría de propiciar un entorno educativo seguro, el respeto debido, los límites, la convivencia y, lo más importante, evitar el deterioro de la salud mental de los docentes y permitir que se concentren en su labor pedagógica.