En Irlanda hay un fenómeno realmente fascinante que puede causar mayor asombro que el de sus mágicas auroras boreales, sobre todo a españoles y franceses, como hemos visto recientemente. En el país de San Patricio, cada vez que quieren reformar algún artículo de la Constitución parece que tienen una exótica costumbre: que el pueblo vote para aprobar o rechazar la modificación propuesta. Debe de ser un hábito propio de bárbaros del Norte. ¿Qué clase de democracia es ésa? Imaginen que en España sucediese lo mismo. Cuando los políticos quieran modificar la Carta Magna que previamente el pueblo aprobó en referéndum, éste tuviese que pronunciarse sobre dicha reforma en ejercicio de su soberanía nacional. ¿Acaso la democracia en Irlanda es un sistema político donde el pueblo, aparte de pagar, puede decidir algo y mucho menos un artículo de la Constitución? ¡Qué extravagancia! Imaginen que la gente no vota lo que el poder quiere. ¿Cómo podríamos llamar a un sistema como ése?
En España hace unas semanas las Cortes aprobaron una modificación del artículo 49 de la Constitución en la que se introducía la ideología de género haciendo una diferenciación entre los derechos de los hombres con discapacidad y las mujeres en la misma situación entrando en conflicto frontal con el artículo 14. Una reforma que se llevó a cabo por acuerdo de los partidos mayoritarios del régimen, PSOE y PP, que se negaron a que los españoles la aprobasen en referéndum. Ya están ellos, imagina que votamos otra cosa. El consenso es lo que se han encargado de implantar para que no haya democracia en España. Se ensalza el acuerdo a oscuras del poder y cuestionarlo supone estar a favor de la confrontación. El consenso en una partitocracia como la nuestra no sólo es una expropiación de la voluntad de una nación, sino una desprotección absoluta de los españoles que no pueden defender sus intereses frente a una clase dirigente que puede ser agasajada por países extranjeros y vacaciones en Marruecos y decidir a sus espaldas grandes cuestiones. Nuestra soberanía como ciudadanos ha sido expropiada por partidos y utilizada para dar legitimidad democrática a la tiranía o corrupción de las élites.
En Irlanda, todos los partidos, desde los de centro derecha de la coalición de Gobierno hasta los de la oposición liderada por el Sinn Féin, habían acordado la reforma de la Constitución en dos de sus artículos sometidos a ambos referéndums simultáneos, uno por cada artículo a modificar. Todos hicieron campaña en apoyo del «sí». Lo luminoso fueron las mayorías apabullantes por las que ganó el «no», ambas alrededor del 70%. Un buen ejemplo que visibiliza la enorme desconexión entre el discurso político correcto y democrático y la realidad que afecta a los intereses de los ciudadanos.
Bajo la excusa de actualizar la Constitución de 1937 a los nuevos tiempos, la primera propuesta fue cambiar la definición constitucional de «familia», entidad estrechamente vinculada a la institución del matrimonio, a una familia basada en una «relación duradera». El matrimonio homosexual fue legalizado y aprobado en referéndum en Irlanda en 2015, por lo que los tiros no van por ahí en el país con mayor tasa de católicos practicantes.
Los irlandeses, con más sentido común que los progres de sus políticos, se preguntaron ¿qué es eso de una relación duradera para que sea considerado legalmente familia a efectos hereditarios y de acceso a las ayudas sociales? Todo el mundo sabe qué es un matrimonio, pero cada uno tiene un concepto de qué es una relación duradera. El problema que abre con la inmigración creciente constitucionalizar algo tan abierto que otorga tantos derechos. Quizá un paquistaní inmigrante considere que la poligamia permitida en su país de origen ahora obtendrá beneficios en la modernizada Irlanda. No quieren verlo, pero la adaptación a la nueva realidad de Europa está más relacionada con su islamización que con cuestiones de género que acaban fomentando aquella.
Irlanda retrocede, titulaban algunos periódicos. Por votar lo que consideran mejor para sus intereses
En cuanto a la reforma del papel de la mujer en el hogar, rechazada por el 73% de los electores, quizá hacer desaparecer la palabra mujer en medio de la implantación de la ideología trans provocó desconfianza. Quizá no mantener el reconocimiento que hace el Estado a que ninguna madre por razones económicas tenga la obligación de trabajar en vez de cuidar a sus hijos, despertó sospechas de pérdida de derechos en una sociedad que tiene muchas ayudas sociales al cuidado de hijos y donde la mujer está plenamente integrada en el mercado de trabajo.
Todos los medios han acusado a Irlanda de retrógrada, de rechazar la modernidad. Irlanda retrocede, titulaban algunos periódicos. Por votar lo que consideran mejor para sus intereses. El consenso parece ser modernidad y no oligarquía en España. Equiparar matrimonio con relación duradera es algo muy moderno y por tanto fabuloso. El culto a lo nuevo en esta sociedad necia y podrida es intrínsecamente bueno. La realidad es que las mujeres no podemos decidir si trabajar o cuidar hijos, es una necesidad, y gracias a acabar con el matrimonio esto último cada vez es menos una posibilidad.
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