El arte de la política suele tener mucho de juego escenográfico, de gestos en busca de fotos, de circulonquios sin alma, de una cosa y su contraria sin que los actores se ruboricen. En esa variedad de registros y actitudes se mueve Pedro Sánchez con la cuestión catalana. El presidente ha sido capaz de reconocer en una entrevista a La Vanguardia que Cataluña es una nación, algo que desde Madrid tuvo luego que matizar, a acordar sin complejos las medidas del artículo 155 cuando meses antes su partido garantizaba que jamás lo haría. Peligrosa ambivalencia cuando el nuevo inquilino de Moncloa debe repartir caricias y zanahorias a todos aquellos que le auparon a la bancada azul del Congreso. Y en ese saco andan los secesionistas de Esquerra y el PdCat, los burgueses de la antigua Convergencia, tan echados al monte como los descerebrados de la CUP. Los nuevos fontaneros de Moncloa auguran no sólo zanahorias, también palos para Quim Torra, el fugado Carlos Puigdemont y su troupe. “Apoyó a Rajoy con el 155 y no se ha movido un ápice de esa convicción. Volverá a echar mano de ese recurso si fuese necesario”, insisten en Moncloa, como declaración de intenciones. ¿Cuál es la verdadera alma de Sánchez frente a Cataluña? La versión del poli malo de Josep Borrell o el diálogo del poli bueno que está ejerciendo Meritxell Batet. La reunión de este lunes entre Sánchez y Torra en Moncloa no despejará dudas. Si acaso, más bien todo lo contrario.
En lo que respecta al desafío separatista, el Gobierno de Sánchez se parece cada vez menos a la oposición de Pedro Sánchez. No hace tanto que el hoy presidente se retrataba con Rajoy, ofreciendo la foto de la responsabilidad de Estado frente al plan segregador. Aquel Sánchez incluso reclamaba una actualización del delito de rebelión que reconociera que hoy es posible dar un golpe -y tipificarlo como tal- sin recurrir a la violencia de añejos espadones. Aquel Sánchez llamaba racista y supremacista al mismo Torra al que se dispone a recibir en Moncloa, y le comparaba con Le Pen con una precisión fundada en los propios escritos de Torra.
Sánchez incluso reclamaba una actualización del delito de rebelión que reconociera que hoy es posible dar un golpe sin recurrir a la violencia
Pero este Pedro Sánchez aupado al poder con los votos -entre otros- de los separatistas es ya otro Pedro Sánchez. Importa poco que su mutación la haya producido la liquidez ideológica, la aparente insinceridad de su compromiso con el 155 o el puro instinto de supervivencia que le obliga a depender, para agotar la legislatura -contra lo que prometió durante la moción-, del voto de quienes le hicieron presidente. Esa misma suma permitió al grupo parlamentario socialista renovar a su gusto el Consejo de RTVE, después de coprotagonizar con Podemos varias jornadas de bochornoso enjuague para hacerse con su control. Los socios de censura del presidente ejercen a diario sobre él un chantaje poco disimulado. Claro que un chantaje solo es eficaz si el chantajeado es lo suficientemente débil como para tener que aceptarlo o bien convocar elecciones. Pero cuando está en juego la integridad de la Nación y la supervivencia del orden constitucional, toda cesión traiciona la historia del PSOE, la postura previa de Sánchez y a los ciudadanos.
La voluntad de Sánchez se resume en una frase pronunciada en el Congreso en respuesta al portavoz del PP, Rafael Hernando: “Han utilizado el País Vasco y Catalunya, pero sin escuchar a Catalunya. Este Gobierno quiere que Cataluña esté en España pero escuchará a Catalunya”. Sánchez está convencido de que hay que atajar el problema con política, pero no acaba de aclarar la receta más allá de que el PSOE se mueve en la máxima de la reforma constitucional. Tal y como señalaba en septiembre de 2017, justo antes del referéndum del 1-O, “nos merecemos abordar una reforma del modelo territorial con seriedad, valentía y audacia”, y aunque garantizaba ya su apoyo al Gobierno en defensa de la legalidad, lamentaba que “no se habla de los costes del no diálogo, que más allá de los económicos son sentimentales y emocionales”.
No hay por tanto margen para que Sánchez acepte el derecho a decidir, ni de Catalunya, ni del País Vasco, pero ve una vía de acción recuperando el Estatut esquilado por el Tribunal Constitucional (TC) al reconocer que fue recortado pese a contener las idénticas medidas que otros, como el andaluz. A su juicio, la raíz del problema radica en el hecho de que el Estatut vigente en Catalunya no fue el que votaron los catalanes por culpa de los recortes que sobre él practicó el TC tras el recurso del PP. Un clavo ardiendo para el mundo secesionista. Elsa Artadi en sus conversaciones con Batet quiere dar la vuelta a ese calcetín. Artadi ha puesto sobre la mesa toda una batería de leyes, preceptos y resoluciones que fueron llevados al Constitucional por el ejecutivo popular. Son veintitrés, nada menos. El Govern catalán exige que se retiren todos esos recursos y parece que así va a procederse. Sánchez se plantea incluso dar instrucciones a la Fiscalía general del Estado para que module también su papel en los procesos contra los políticos presos del secesionismo.
Artadi y Batet han trabajado a marchas forzadas para que la reunión de los presidentes tenga todo cerrado y a punto
Las dos dirigentes políticas han trabajado a marchas forzadas para que la reunión de los presidentes tenga todo cerrado y a punto, limitándose ésta a estrecharse las manos y ofrecer una foto de buen rollito y talante, eso sí, que no falte el talante. Que los pactos van por buen camino lo ha dejado entrever el propio Torra al decir públicamente que espera una segunda reunión con Sánchez en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, de cara al próximo septiembre.
Así que, de momento, repasemos los pagos que se compromete a hacer Sánchez a los separatistas: retirar los recursos presentados por el gobierno del PP, mando en plaza en RTVE, vía libre para que los organismos de la Generalitat otorguen diferentes grados de libertad provisional a los encarcelados, un pre acuerdo de financiación con una provisión de fondos que está aún por concretar, compromiso firme por parte del gobierno de España de no interferir en la escuela catalana y en los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat, mordaza al servicio exterior diplomático para que lo de Morenés no vuelva a repetirse, trato de socio preferente en materia de legislación parlamentaria especialmente en materia de infraestructuras, garantías de que el PSC va a colaborar en todo lo que el Govern le pida y, finalmente pero no por ello menos importante, barra libre para la adquisición de armas de guerra destinadas a los Mossos.
En el lado del debe hacia el mundo separatista, Sánchez apuntó esa versión del Sánchez del 155 al trasladar el pasado viernes al Constitucional una moción aprobada por el Parlament, presentado originalmente por la CUP, que abre la vía para retomar la vía unilateral hacia la independencia. El Gobierno puso en marcha de inmediato el mecanismo de impugnación ante el Tribunal Constitucional que empieza por pedir un dictamen al Consejo de Estado, aunque no sea vinculante. Estos son los mismos pasos que dio el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy por una moción de la misma naturaleza que consideraba válido el referéndum ilegal del 1 de octubre para iniciar el camino hacia la secesión. La Generalitat lamentó el recurso de Gobierno, pero evitó la salida de tono en la crítica, con la intención de no enrarecer el encuentro en La Moncloa de este lunes.
La razón es sencilla. Torra está ganando este primer round ante un Sánchez dispuesto a todo. A ambos les interesa que las negociaciones lleguen a buen puerto. En especial para Sánchez. Podría presentarse ante la opinión pública como el político que pacificó Cataluña. Hasta a Torra le viene bien ese juego. Da un poco de miedo, para qué negarlo, salvo que los fontaneros de Moncloa no hayan jugado al despiste.
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