Opinión

Los nacionalismos, un lastre para el progreso post-covid

Argentina ha decretado que Internet, la televisión de pago y la telefonía móvil y fija son "servicios públicos y esenciales", una nacionalización de hecho que atenta contra la libertad económica y la competencia

El año 2020 va a marcar un antes y un después, y no solo en el ámbito sanitario, sino también en lo que se refiere al progreso tecnológico y a la digitalización. Además, este año va a mostrar cuáles son los países más ambiciosos en su apuesta por la innovación y los que no quieren ver el futuro y se van a quedar rezagados en el intento.

Comencemos, no obstante, volviendo la vista atrás, en concreto al siglo XIV. La peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia. Siete siglos después, y a pesar de los inmensos avances tecnológicos del siglo XXI, estamos viviendo otra gran pandemia. Sin vacunas ni tratamiento específico, el aislamiento es la medida común contra dos enfermedades que alteraron radicalmente la vida en épocas muy distantes y muy distintas. Solo las comunicaciones de las que ahora disponemos diferencian la forma de operar por parte de los ciudadanos ante las pandemias. Gracias a las inversiones en infraestructuras llevadas a cabo por los operadores de telecomunicaciones, sus desarrollos tecnológicos y el de las empresas de Internet, el teletrabajo ha permitido, en gran medida, que se mantenga la ocupación laboral y que la economía no se detenga; los programas académicos han seguido avanzando a través de plataformas educativas en línea; la Administración ha podido seguir operando a través de sus servicios digitales, etcétera. En definitiva, se ha recurrido a la digitalización como medida para poder seguir "viviendo" a pesar de la pandemia. Pero no todos lo están haciendo igual.

El presidente argentino, Alberto Fernández, a través de un decreto, ha declarado Internet, la televisión de pago y la telefonía móvil y fija "servicios públicos y esenciales" y, además, ha congelado las tarifas de estos servicios hasta finales de este año. Asimismo, tampoco podrán aumentar tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado. ¿Es comprensible que un gobierno ataque a los servicios que ofrece la industria de las telecomunicaciones en un momento en el que son más necesarios que nunca? La globalización es mayor que en cualquier otra época y las empresas de telecomunicaciones no son, por tanto, nacionales, sino que operan a nivel global.

2020 va a mostrar cuáles son los países más ambiciosos en su apuesta por la innovación y los que no quieren ver el futuro y se van a quedar rezagados por mucho tiempo"

La pandemia lo ha demostrado: gracias a sus servicios de Internet y telefonía, estas empresas han sido claves para que los Estados hayan mantenido en gran parte a flote sus economías, y a los ciudadanos seguir comunicándonos y relacionándonos. Esa es la gran diferencia entre la era covid-19 y la peste negra. ¿De verdad quiere Argentina volver al siglo XIV? No lo creo, pero esta medida intervencionista atenta contra la libertad económica, contra la competencia y contra la innovación tecnológica. Destruyendo la posibilidad de hacer inversiones, el riesgo es que Argentina no tendrá la posibilidad de desarrollar la economía digital y todos los puestos de trabajo que conlleva.

No conformándose con ello, el presidente Fernández puso a Finlandia y a Noruega como ejemplos de países que han tomado medidas similares. Por supuesto, el Gobierno finlandés lo desmintió alegando que el país nórdico lo que hace es "garantizar la disponibilidad de los servicios básicos de comunicaciones para toda la población" basándose "en la competencia abierta entre sus actores, lo que propicia un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores". En este sentido, el objetivo de Finlandia es "crear un entorno de mercado que brinde nuevas oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente la línea de servicios".

Intervenir precios es ir a contracorriente de las tendencias internacionales y te aísla como país. Desde Europa, esta idea está clara. De ahí el hecho de dejar de lado políticas intervencionistas para atraer inversiones internacionales y progresar económica y socialmente. Desde hace décadas, tendemos a establecer reglas comunes a nivel regional e incluso internacional, a nivel de la OCDE, para el desarrollo económico en todos los rincones del planeta. ¿El motivo? No caben proteccionismos ni nacionalismos en la era de la globalización, ni tampoco plantear cuestiones fiscales al margen de la OCDE, lo que implica quedarte fuera del progreso. Ejemplo de ello es la discusión actual acerca de la creación de un impuesto a los servicios digitales. Una mayoría de Estados lo están contemplando conforme a unos criterios comunes al amparo de la OCDE, pues son conscientes que las operadoras de telecomunicaciones y empresas de Internet operan a nivel mundial, por lo que una legislación nacional implicaría correr el riesgo de aislarse del resto de países, alejando inversiones y cerrando estos mercados ante la innovación.

En conclusión, con la crisis de la covid-19, no cabe duda de que las economías están tocadas, pero no hundidas. Las empresas de telecomunicaciones han invertido para ofrecernos valiosos servicios como Internet y telefonía. Por ello, seguir el camino que ha emprendido el Gobierno de Argentina arremetiendo contra la innovación es cerrar los ojos ante la realidad. Y la realidad es que el bienestar de los ciudadanos de un país pasa por defender la libertad económica, la defensa de la competencia, la seguridad jurídica y las inversiones internacionales.

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