La discusión acerca de la distribución de los menas por CCAA es perversa. No se trata de ver cuántos le tocan a cada autonomía, se trata de que España no puede seguir admitiendo inmigrantes ilegales. Repasen los datos que proporciona el ministerio del interior y verán como la delincuencia en general, delitos sexuales en particular y tráfico de estupefacientes, tiene como protagonistas a personas que forman parte de esa inmigración ilegal. Según la Guardia Urbana de Barcelona el 80% de los delitos cometidos en mi ciudad son protagonizados por menas. Decimos menas -menores no acompañados, especialmente oriundos de Marruecos- pero está por ver cuántos son menores en realidad, porque cuando llegan no llevan documentación alguna que acredite su filiación. En el 2020, el tanto por ciento de la población reclusa de origen extranjero era del 28,8 por ciento. Si comparamos este dato con el de 1990, el 16,5, vemos que aumenta de manera preocupante. Imagínense los datos de este 2024.¿Quiero decir que todas las personas inmigrantes ilegales son delincuentes? No. Pero que la delincuencia entre ellas progresa imparablemente, sí.
El efecto llamada, la ineficacia criminal del gobierno Sánchez -y de otros gobiernos como el catalán- hacen que España sea, según Europol e Interpol, el país al que han desplazado sus sedes todas las organizaciones mafiosas del continente europeo y africano, como la Mocromafia. Fuentes de la policía nacional que piden guardar el anonimato, porque la mano de Marlaska es alargada, nos indican que la violencia y el sentimiento de impunidad de esos colectivos se ha disparado. Y en este marco de sometimiento a lo que dicta Rabat, que pone en la calle a delincuentes para enviárnoslos a España, lo que se propone es irlos repartiendo por el territorio nacional. No huyen de ningún conflicto bélico -en Marruecos no hay guerra- ni vienen a ganarse la vida. Insisto, no todos, pero sí muchos. En su mayoría son hombres jóvenes, fuertes, bien alimentados y todos poseen móviles de calidad.
No huyen de ningún conflicto bélico -en Marruecos no hay guerra- ni vienen a ganarse la vida. Insisto, no todos, pero sí muchos. En su mayoría son hombres jóvenes, fuertes, bien alimentados y todos poseen móviles de calidad
¿Por qué el gobierno no hace lo que propone el capitán de navío Garat, retirado, haciendo que patrulleras de la Benemérita vigilen a veinte millas náuticas nuestras costas, interceptando los barcos que sueltan los cayucos en alta mar para que las mareas los traigan a nuestras costas? ¿Por qué los aviones de vigilancia marítima no avisan a las autoridades cuando avistan esos mercantes?¿Por qué Marruecos expande sus aguas territoriales unilateralmente sin que nadie diga nada? ¿Por qué no se emplea a la Armada? No se trata de discutir cupos, se trata de imponer leyes de inmigración serias, justas y que defiendan nuestras fronteras, Quien quiera venir a trabajar con los papeles en regla, aceptando someterse a nuestras leyes como cualquier otro español, bienvenido sea. Como hicimos los españoles en los años sesenta en Francia, Alemania o Suiza. Y el que no, deportación. Excuso decirles si es un delincuente. Aceptar sentarse a ver cuántos le tocan a esta u otra comunidad es aceptar el discurso izquierdista. Eso, por no hablar de que los delincuentes tienen también como objetivo ir cambiando nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra manera de vivir. Cuando hay colectivos que aceptan que una menor de once años se case con un señor de sesenta porque los padres lo han pactado, o que se practique la ablación de clítoris, o que se diriman las diferencias a golpe de machete, tenemos un problema grave. Y esto va por los señores del PP, que todavía no han entendido el discurso de Giorgia Meloni. Su rendición es la de nuestro estado de derecho y lo pagaremos carísimo. La torre de la catedral de Rouen arde como ardió Notre Dame. No podemos ignorar las señales. Esto es una guerra y hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay que frenarlo o desapareceremos como país.