Confieso ser uno más de los miles de españoles que esta semana asistían perplejos a los preparativos del anuncio de acuerdo entre PSOE y PP, o mejor, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Perplejo porque a lo largo de la semana había ido tomando cuerpo la especie de que el PP iba a terminar tragando con el nombramiento de ese sectario con balcones que responde al nombre de Cándido Conde-Pumpido, el de las togas y el polvo del camino, como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), la clave del arco que cierra el proyecto sanchista de demolición del edificio constitucional con la ayuda de la patulea que le mantiene en el poder, la destrucción del régimen del 78, proyecto que reclama el control del tribunal de garantías como condición sine qua non para llevar a efecto la labor de derribo y que, además, le proteja personalmente de cualquier asechanza que pudiera surgirle el día que, otro presidente del Gobierno y una Justicia independiente, alguien decida sentarlo en el banquillo por delito de alta traición (art. 102 de la CE).
El control del Constitucional es la obsesión de Sánchez desde que accedió al poder, un Sánchez a quien importa una higa el CGPJ y sus vocales. Incluso está dispuesto a asumir cualquier tipo de compromiso, en línea con lo que viene proponiendo el PP, para que sean los jueces quienes se hagan cargo de al menos el 50% de su composición. Ya negará ese acuerdo o se apeará de él el día que le convenga. El desahogado que antes de junio de 2018 decía en La Sexta estar dispuesto "a recortar el poder de decisión del PSOE en todos esos órganos; estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del CGPJ, porque yo soy de los que creen que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido al PSOE", ya no puede engañar a nadie, salvo a quien se deje engañar. A él le importa controlar un TC dispuesto a tragarse el sapo de validar las leyes sometidas a recurso de inconstitucionalidad, las que están a punto de caramelo (la Ley Trans, por ejemplo) y las que están por venir y que tienen que ver con el estatus de Cataluña dentro (o fuera) de España, mediante un nuevo referéndum a pactar en la Mesa de Diálogo del socialismo con el separatismo. En eso Sánchez y Junqueras se parecen como dos gotas de agua. También a los chicos de ERC les obsesiona el control de la Justicia o más bien su desnaturalización, en concreto la revisión a la baja del delito de sedición en el Código Penal, y no ya para permitir el regreso triunfal del patético Puigdemont y demás huidos, sino, mucho más importante, para "ampliar el espacio de impunidad para cuando llegue el momento de hacer realidad el ho tornarem a fer", en palabras del columnista Ignacio Varela.
Feijóo se ha asomado esta semana al precipicio. Ha estado a punto de firmar su propia sentencia de muerte o, por decirlo de otra forma, de perder las próximas generales muchos meses antes de ser convocadas
Por eso resultaba estos días escandaloso ver al PP caminar cogido del ronzal por Sánchez hacia el acuerdo sobre el CGPJ cuando ya el lunes 24, el boletín oficial del sanchismo había anunciado ("El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición", Lo País) su intención de dar satisfacción a ERC, mientras el pánfilo de González Pons y Félix Bolaños, el siniestro mayordomo de Moncloa, negociaban los términos del pacto. Y por si en Génova no se hubieran enterado, 48 horas después, miércoles 26, la pintoresca María Jesús Montero, ministra de Hacienda, volvía a sacar a colación la reforma del Código Penal durante el debate de enmiendas en el Congreso a la totalidad de los PGE de 2023. "Traeremos a esta Cámara (…) la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país". De modo que el PP estaba más que advertido, no obstante lo cual Feijóo y su magra guardia de corps siguieron adelante con los faroles. Resultado: Bolaños se ha burlado de Pons y Sánchez ha hecho lo propio con Feijóo.
De la inclinación al engaño por parte de Sánchez estaba muy al tanto el malogrado Pablo Casado, que lo sufrió en sus carnes y que había llegado a la conclusión de que no era posible pacto alguno con quien está dispuesto a vender España a trozos para seguir un día más en el poder. Pero Feijóo no quiere parecerse a Casado (leit motiv de su política), no quiere encerrarse en el "no" perpetuo, consciente de la necesidad que un partido alternativa de Gobierno tiene de abrirse a pactos con otras fuerzas. Esta es la única explicación amable que cabe para el gallego al fiasco de esta semana: su buena voluntad para desbloquear la renovación del CGPJ a tenor de la promesa que días atrás hizo al comisario europeo de Justicia. Y de hecho es el propio Feijóo quien, en la conversación telefónica que en la tarde del jueves mantiene con un Sánchez "chulo y faltón" (Génova dixit) mientras volaba de regreso a España, le pide que le aclare si realmente piensa llevar a cabo la reforma de la sedición, y el vampiro le dice que sí, que naturalmente, faltaría más, que está en su programa de Gobierno y que no sabe de qué se extraña… convencido como estaba de tener al gallego entre la espada y la pared, como ayer sugería aquí Alberto Pérez Giménez: si firmas, mal; y si no firmas, peor, porque ya me encargaré yo de demoler tu figura a cuenta del "temblor de piernas". Y es entonces cuando el líder del PP huye despavorido de la boca del lobo en que se había metido y anuncia la ruptura del pacto, no sin que antes Ayuso y otros le hubieran advertido del riesgo que estaba corriendo.
Esto no va a ser un paseo triunfal, Alberto, como pudo parecer tras la degollina de Casado. Estamos ante un enemigo formidable, un superdotado para el mal y un tipo sin ningún tipo de escrúpulos morales
Porque hubiera resultado pura dinamita, en realidad hubiéramos asistido al final de la España constitucional tal como la hemos conocido, con sus grandezas y miserias, desde el 78, si el PP hubiera consentido poner la Justicia, teóricamente para reforzar su independencia, en manos de este bandolero, mientras por la puerta de atrás él mismo la desmantela para permitir a sus socios volver a delinquir con impunidad, todo ello para que nuestro pequeño sátrapa, que esa es la madre del cordero, pueda seguir gozando del apoyo de los 15 escaños de ERC en el Congreso. Ese es el crimen que hemos estado a punto de presenciar, y el drama de un país con su arquitectura constitucional supeditada a los intereses de una persona. "El Gobierno quiere una Justicia a la medida de los independentistas", dijo Feijóo el viernes en Vitoria. Pues claro, Alberto, y no es que lo quiera, es que se lo imponen sus socios, es el peaje que tiene que pagar para seguir vivo, pero eso lo sabe cualquier español mínimamente alfabetizado desde junio de 2018 sin necesidad de ser líder de la oposición, como sabe también que no es posible negociar nada con Sánchez y su banda a menos, claro está, que puedas cobrarte por adelantado a la manera de peneuvistas, separatistas y filoetarras, como ayer afirmaba el también columnista Ignacio Camacho.
Feijóo se ha asomado esta semana al precipicio. Ha estado a punto de firmar su propia sentencia de muerte o, por decirlo de otra forma, de perder las próximas generales muchos meses antes de ser convocadas, porque semejante claudicación hubiera resultado insoportable para la dignidad de los votantes del centro derecha español. De la encerrona ha salido trasquilado pero vivo, que no es poco. Negociar sí, pero con otro PSOE. Con Sánchez y su banda, ni a aceptar una herencia. Los detalles de este drama con ribetes de farsa son de sobra conocidos. Ahora importa saber si en Génova han aprendido la lección y sacado alguna enseñanza provechosa con vistas al futuro. Porque esto no va a ser un paseo triunfal, Alberto, como pudo parecer tras la degollina de Casado. Lo he dicho ya otras veces pero conviene recordarlo: estamos ante un enemigo formidable, un superdotado para el mal, un tipo sin ningún tipo de escrúpulos morales, con una cantidad formidable de dinero para gastar a su antojo en la subvención de cada vez más grupos sociales encantados con la perspectiva de vivir a costa de un llamado Estado del Bienestar que no es otra cosa que el bienestar del Estado. Un sujeto dispuesto a todo con tal de repetir victoria en las generales de 2023. De aquí a noviembre de 2023 veremos cosas que nos helarán la sangre. De momento, aquel Feijóo que llegó en abril como presidente del Gobierno in pectore, no es más que el jefe de la oposición en octubre.
Urge abrir ventanas, salir a la calle y hablar alto y claro. Abandonar cuanto antes la hura. Urge acabar con la abulia ideológica que tiene sedado al PP desde hace ya muchos años drenando cualquier ambición de cambio real
En cualquier empresa que hubiera soportado un trauma semejante al del PP se impondrían cambios drásticos en su estructura gerencial. Convendría, por ello, saber si Cuca Gamarra, que el martes separaba campanuda la rebaja del delito de sedición de la negociación del CGPJ porque ambos asuntos "iban aparte", está en el puesto que corresponde a su valía, y convendría valorar si no es un drama para la historia universal de la literatura que González Pons desperdicie su enorme talento para la novela erótica por un arte tan menor como la política. Parece necesario reforzar la estructura de Génova con la incorporación de verdadero talento, tan escaso hoy, porque esta no es guerra para diletantes. Pero, por encima de todo, es urgente abordar de una vez por todas cuestiones que deberían estar en el ADN de un partido de centro liberal moderno y que el marianismo enterró hace tiempo convencido como estaba de poder vivir tranquilo en la deserción de la guerra cultural, la renuncia a la opción reformista y el apaciguamiento del socialismo peronista.
Urge abrir ventanas, salir a la calle y hablar alto y claro. Abandonar cuanto antes la hura. Urge acabar con la abulia ideológica que tiene sedado al PP desde hace ya muchos años drenando cualquier ambición de cambio real. Casi todo lo que ha anunciado Feijóo en estos últimos meses, desde la deflactación del IRPF hasta el agravamiento de las penas de sedición y la tipificación del referéndum ilegal, lo registró Casado como proposiciones de ley hace muchos meses, alguna hace incluso años. Las iniciativas de Feijóo al respecto están por ver. Parece razonable otorgar al gallego un margen de confianza en el bien entendido de que llegar a la Moncloa no será nunca un paseo triunfal a pesar del profundo deterioro institucional y de la herida económica que su presidencia va a dejar en el bolsillo de los españoles. El PP debe volver a ser un partido al servicio de España y no una forma de vida para su cúpula, lo cual reclama abandonar el silencio habitual y proponer una dosis extra de actividad, de explicación alternativa, de propuestas, de presencia constante en los medios. Una admirable Inés Arrimadas a las puertas de su muerte política ha hablado más, y más brillantemente, en los últimos días de los problemas de España que todo el PP en los últimos meses. Vale insistir: lo que está en juego no es el futuro de Feijóo, sino el de la España constitucional.
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