Este artículo, por razones de tiempo, ha sido elaborado antes de la sesión de investidura prevista para los días 15 y 16 de noviembre. Sé que asistiremos a un debate de investidura cismático, de voladura de puentes de convivencia, de media contra media España, donde los nacionalistas podrán explicar a su socio el Sr. Sánchez con lujo de detalles su propósito de poner fin a nuestra España constitucional. Una perfecta humillación para todos, de derechas como de izquierdas. Ya me gustaría equivocarme).
A las elecciones generales del 23 de julio los españoles acudimos a votar quizá con pocos elementos programáticos de las fuerzas políticas, a fin de cuentas nadie lee los programas electorales. Pero sí había uno que era de toda evidencia: la negativa rotunda del PSOE y del candidato Sr. Sánchez a otorgar una amnistía por los hechos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Eso sí era una certeza: ya en 2021, ni se tomó en consideración, con el apoyo del PSOE, una proposición de ley de Junts y ERC pretendiendo la amnistía, bajo la consideración de que la misma era inconstitucional. Y hasta la misma fecha de las elecciones, medio gobierno con el presidente Sr. Sánchez a la cabeza nos dijo en multitud de ocasiones a los españoles que la amnistía era imposible por ser inconstitucional.
Se convirtió esa cuestión, la amnistía, en un elemento central del programa electoral del PSOE. No sólo no estaba esa amnistía en el mismo; sobre todo se expresaba de forma terminante su rotunda negativa a concederla.
De manera que pretender ahora una investidura con los socios que busca el Sr. Sánchez, a cambio de otorgar la amnistía, es inevitable que tenga un aroma de fraude electoral absoluto. Y lo que es peor: entierra para siempre la palabra del Sr. Sánchez, nunca más será creíble. Porque todo el mundo, y esto excede la divisoria de derecha y de izquierda, se siente engañado por hacer blanco lo que hasta hace tres meses era negro como el carbón.
Esa ley, pactada en Bruselas con un prófugo, que consagra la impunidad de los delincuentes, que contiene la obscena expresión de que se votará por una gente que se amnistía a sí misma con sus votos, que supone un ataque frontal al principio básico de la igualdad; que quiebra la separación de poderes propia de una democracia; que atenta directamente contra la independencia del poder judicial; que condena a la Transición, es una ley innoble y nacida de una mentira colosal.
Oponerse a esa amnistía también es propio de la izquierda, de sus principios históricos de libertad e igualdad. Y ambos quedan arrumbados cuando se pacta la impunidad de los delincuentes
Reitera estos días el PSOE que el PP debe asumir los resultados electorales de julio. En efecto, todos sabemos sumar y sabemos que el apoyo de Junts y de ERC, unido al de Bildu y al de Sumar, más PNV y Coalición Canaria, arroja 179 votos, el 51% de los escaños del Congreso. Pero hay otra manera de verlo: ¿qué se puede construir en democracia a base de un fraude electoral, de una mentira completa?
Estamos asistiendo a una rebelión ciudadana contra esa mentira. Lo vimos el pasado domingo, 12 de noviembre, donde cientos y cientos de miles de españoles salieron pacíficamente, sin un solo incidente, a la calle en todas las capitales de provincia de nuestro país, en protesta contra la amnistía pactada por el PSOE y Junts. Esa inmensa movilización social excede, se reitera, la divisoria entre derecha e izquierda. Porque oponerse a esa amnistía también es propio de la izquierda, de sus principios históricos de libertad e igualdad. Y ambos quedan arrumbados cuando se pacta la impunidad de los delincuentes por hechos desplegados contra nuestro estado democrático y contra nuestra Constitución; una impunidad que humilla a nuestro poder judicial, a nuestras instituciones todas.
Imposible admitir que un estado de bienestar se pueda construir con los enemigos del Estado. Si eso es progresista, venga Dios y lo vea
El pasado jueves conocimos el acuerdo entre el PSOE y Junts para justificar el voto de estos últimos a la investidura del Sr. Sánchez. Un acuerdo –son tres páginas y pico– propio de un redactor carlista de una sola pieza, que avergüenza a cualquier persona de izquierda. Un acuerdo que se remonta falsamente hasta 1.714 (!!); que designa un verificador internacional para la “metodología de la negociación”, como si la España constitucional necesitara de tales bodrios; que introduce el concepto bolivariano o trumpista, tanto da, del lawfare –la utilización de los tribunales de justicia para la persecución política–, con lo que supone la quiebra absoluta de la separación de poderes en que se funda un sistema democrático; que anticipa que Junts reivindicará la cesión del cien por cien de todos los tributos que se pagan en Cataluña; que contemplaba, naturalmente, la ley de amnistía cuya proposición de ley se ha dado ahora a conocer; el delincuente que no se arrepiente, que no pide perdón por sus delitos y que se empeña en proseguir llevándolos a cabo. Imposible admitir que un estado de bienestar se pueda construir con los enemigos del Estado. Si eso es progresista, venga Dios y lo vea.
Lo dijo Felipe González la semana pasada: “Por esos 7 votos (los de Junts), no vale la pena (conseguir la investidura)”. Es evidente que había otra lectura del resultado de las elecciones: llegar a un acuerdo entre los dos principales partidos de España, PP y PSOE, que obtuvieron el 65% de los votos ciudadanos, que se tradujeron en el 73% de los escaños. Bueno, el PSOE y Pedro Sánchez, desde la misma noche electoral dejaron claro que ese no sería el camino a seguir.
Y por tanto, estaba claro que nos meteríamos de hoz y coz donde estamos: la amnistía, es decir, la ruptura del principio de igualdad de los españoles, en que una fuerza política vota la investidura a cambio de autoamnistiarse. Sí, es la creación directa de españoles de primera –los que se autoamnistían con sus votos– y de segunda. Por quien lea esto, lo siento: esté de acuerdo o no, usted no es igual ante la ley que el Sr. Puigdemont; usted –como todos los españoles– es un ciudadano de segunda.
Sobre la mentira no se construye ningún futuro para los pueblos. Hay momentos en la vida de las naciones en que hay que saber parar. Saber que la investidura no se puede obtener a cualquier precio, procedente de un fraude electoral, rompiendo los principios de libertad e igualdad que alumbran nuestra Constitución. En efecto, saber que no vale la pena, que es mejor devolver la palabra al pueblo español para que éste se exprese en unas elecciones generales el próximo 14 de enero. Sería un buen momento para que los españoles pudiéramos pronunciarnos sobre la amnistía.
Va a resultar, al cabo, que el tweet que Gabriel Rufián en octubre de 2017 arrojó al Sr. Puigdemont –las 155 monedas de plata– es un modelo de elegancia comparado con lo que ahora vivimos; fue todo por siete votos.
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