Cursar estudios superiores tiene retornos positivos, los graduados universitarios tienen más oportunidades profesionales y ganan más a lo largo de su vida que los que sólo obtienen un título de secundaria (Kim, Tamborini y Sakamoto, 2015). Acceder a estudios universitarios se percibe y, en cierta medida lo es, como un ascensor social. Por este motivo, con el desarrollo de los Estados del bienestar, diferentes gobiernos de diferente color y en distintos países han puesto en marcha toda una serie de políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a los estudios superiores y, especialmente, a los universitarios.
En España, los universitarios no tienen la obligación de asumir el coste total de su matrícula. Los distintos gobiernos regionales (los encargados de fijar los precios públicos conducentes a la obtención de un título universitario) subvencionan entre el 80% y el 85% de la matrícula de grado en las universidades públicas. Y, pese a que estas aumentaron tras la crisis de 2008 en prácticamente todas las Comunidades Autónomas españolas, aunque con diferente intensidad, en los últimos dos años han vuelto a disminuir.
Recientemente, se han equiparado los precios públicos de los máster habilitantes con los de los grados y, como consecuencia del Real Decreto-ley 17/2020 que topó el precio por crédito universitario, se están reduciendo, todavía más, los precios de las matrículas de grado en las universidades públicas de algunas autonomías como Cataluña o la Comunidad de Madrid.
Una financiación regresiva
La financiación del sistema universitario tiene un componente regresivo en países como el nuestro: los ciudadanos más pobres subvencionan la educación de las rentas medias y altas. Esto se debe a que los jóvenes que proceden de familias con ingresos bajos o muy bajos están infrarrepresentados entre los universitarios, tienen una tasa de escolarización en la Universidad más baja (Sacristán, 2012). Según Ariño et al., 2022, con una muestra representativa de estudiantes encuestados 20 universidades distintas, el número de estudiantes procedente de un estrato social bajo (con ninguno de los progenitores con estudios superiores) únicamente representa 1 de cada 10 estudiantes de grado.
Quienes inician estudios superiores ya han pasado por filtros de otras etapas educativas en las que las características socioeconómicas son un factor determinante. La estabilidad, la ausencia de estrés, la atención de los padres o las lecturas a los hijos son factores que ayudan a los niños de las familias con rendimientos más altos a desarrollar más variedad de estímulos cognitivos desde un principio. Por lo tanto, antes de llegar a la educación postobligatoria, la igualdad de oportunidades ya parece haberse esfumado. Si nos fijamos en la tasa de abandono escolar temprano (como porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años con un nivel máximo de secundaria obligatoria), esta es casi 6 veces superior en los hogares más humildes (con menor renta per cápita) que en los hogares más acomodados (un 33,5% frente a un 6%) (Soler et al., 2021).
Actuar durante el verano inmediatamente posterior a la finalización de la secundaria (el período en el que muchos se matriculan pero acaban no asistiendo a la Universidad) es crucial para aumentar las posibilidades de que acudan a la Universidad
Si atendemos a las cuestiones que afectan a la probabilidad de cursar y terminar estudios universitarios, encontramos que multitud de ellos, aunque están relacionados con la situación socioeconómica personal y familiar, van más allá. La información, el apoyo y la motivación recibida (Carrell y Sacerdote, 2017; Dynarski, Libassi, Michelmore y Owen, 2018) o tener un vecino cercano o un hermano mayor que va a ir a la universidad (Barrios-Fernández, 2021), son algunas. Estas cuestiones tienen más sentido de forma interrelacionada. Tanto es así que Carrell y Sacerdote (2017) señala que la información y los incentivos económicos, de forma aislada, no parecen ser efectivos. Además, de forma especialmente importante para los estudiantes que provienen de familias con ingresos bajos, actuar durante el verano inmediatamente posterior a la finalización de la secundaria (el período en el que muchos se matriculan pero acaban no asistiendo a la Universidad) es crucial para aumentar las posibilidades de que acudan a la Universidad (Castleman et al., 2014).
Existen dudas razonables sobre el efecto de disminuir las tasas de los estudios universitarios, tal y como reclaman sindicatos, partidos políticos o diferentes plataformas de la sociedad civil, sobre el número de estudiantes matriculados procedentes de entornos humildes.
Préstamos contingentes
Si nos preocupa la igualdad de oportunidades, hemos de centrar nuestros esfuerzos, no en gastar más, sino en gastar mejor. Y, para ello, primero debemos explorar qué alternativas existen para mejorar la eficiencia de la inversión educativa en etapas superiores. Los préstamos contingentes a la renta son una solución que se ha introducido en países como Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido o la República Sudafricana. Un sistema consiste en el establecimiento de una línea de crédito gubernamental, la devolución de la cual está condicionada a los ingresos obtenidos por el estudiante una vez finalizados sus estudios universitarios, y que podría aplicarse en nuestro país (Cabrales et al., 2018; Castilla, 2019).
La segunda que debemos plantearnos y, probablemente la más controvertida, es si todos los jóvenes deben ir a la Universidad o si hay alternativas formativas igual o más útiles para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral.
La Formación Profesional (FP) puede ser una de ellas. Pero para que sea una alternativa para cada vez más personas no puede estar sujeta a cambios constantes ligados a la elección de gobiernos de distinto color, ni podemos concebirla como una alternativa "de segunda" reservada para quienes no tienen la capacidad o los recursos para asistir a la Universidad.
Las necesidades profesionales del mercado de trabajo presente y futuro requieren una revalorización de la FP. Un 65% de los puestos de trabajo que se creen en los próximos años van a requerir profesionales con cualificaciones medias, mientras que sólo un 35% requerirá de graduados universitarios o profesionales con cualificaciones superiores (Cedefop, 2020).
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