Hace casi un siglo, en el verano de 1921, se produjo el conocido como el Desastre de Annual, que fue la grave derrota del Ejército español en Marruecos a manos de los rebeldes rifeños que, durante años, traían en jaque a nuestros soldados en las famosas guerras marroquíes que tanto dolor causaron a España en las primeras décadas del siglo XX. La derrota causó más de 9.000 muertos y todo lo que rodeó a la misma, fundamentalmente la incompetencia de los responsables políticos y militares, colmó el vaso de la paciencia de los españoles, lo que obligó al parlamento de entonces a iniciar la depuración de responsabilidades. Con ello se puso de manifiesto la crisis terminal del régimen de la Restauración, que ya se venía arrastrando a lo largo de todo el reinado de Alfonso XIII. Y ahora el orden de la Transición, profundamente quebrantado por la incuria y la corrupción dominantes en las últimas décadas, se enfrenta a un desastre, el de la pandemia del coronavirus, que, visto lo visto, podría acarrear un final ominoso para el bienestar y la libertad de los españoles.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, España vivió los avatares críticos derivados de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, entre ellos el decaimiento de la moral nacional y la falta de energía e inteligencia para afrontar la adecuación política y económica a las necesidades de un nuevo siglo bajo el signo de la regeneración. Este fue el objetivo señalado por algunos pensadores y asumido por determinados políticos de la Restauración, tales como Maura y Canalejas. Las propuestas reformistas fueron numerosas, tanto desde el punto de vista político como social, con dos objetivos principales: erradicar el viejo caciquismo ejercido por los partidos dinásticos, que corroía el régimen representativo, y establecer mejoras sociales para las clases populares, en especial para el incipiente proletariado industrial.
La acumulación de problemas, con el telón de fondo de las guerras marroquíes, resquebrajó el sistema de partidos y provocó una inestabilidad creciente de los gobiernos
Sin embargo, las clases dirigentes y la propia actitud renuente a las reformas de Alfonso XIII, muy celoso de su poder, fueron dando al traste con tales iniciativas con el propósito nunca negado de mantener a ultranza el statu quo, sin calibrar las consecuencias negativas de tal actitud para el país y para sus propios intereses. Con ese guión se fue acentuando la crisis del Estado, alimentándose dos corrientes que, a la postre, marcaron el final: las iniciativas centrífugas procedentes fundamentalmente de Cataluña, pero no sólo, y la insatisfacción social, únicamente atemperada durante la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) por los beneficios derivados de ello.
La acumulación de problemas, con el telón de fondo de las guerras marroquíes, resquebrajó el sistema de partidos y provocó una inestabilidad creciente de los gobiernos. En paralelo, los movimientos políticos y sociales, que se desenvolvían extramuros del orden constitucional, acentuaban su presión sobre el mismo sin obtener respuestas. A ello se sumaban las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes que también se encontraron ayunos de propuestas con las que negociar sus reivindicaciones de autonomía. Y así, desde 1918, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la política española se adentró en un clima de desorden que se trató de frenar con los llamados gobiernos de concentración. Sin embargo, la derrota y los miles de muertos de Annual, 1921, dejaron al régimen desencuadernado hasta caer en 1923 en brazos de la Dictadura de Primo de Rivera, que sentenció su final.
Los ingresos públicos crecieron en todas las administraciones, desde la local y regional a la central, haciendo creer que habíamos descubierto la piedra filosofal de un crecimiento sin límites
Ahora, un siglo después, España lleva casi dos décadas balanceándose entre múltiples problemas estructurales que no terminan de ser ordenados: primero vivimos el espejismo de la entrada en el euro, con su secuela de inflación desmesurada, acompañada de una expansión crediticia sin límites, nada acorde con el crecimiento real de nuestra economía. Como en anteriores ocasiones se estimuló lo de siempre, la construcción inmobiliaria, creando una burbuja de dimensiones desconocidas en el país, lo que atrajo una inmigración numerosísima para atender las necesidades de la mano de obra de tal burbuja. A consecuencia de ello, los ingresos públicos crecieron en todas las administraciones, desde la local y regional a la central, haciendo creer que habíamos descubierto la piedra filosofal de un crecimiento sin límites, cuya distribución de recursos, aunque desigual, narcotizaba a la sociedad y permitía a sus dirigentes eludir proyectos para sanear de verdad la economía y la política españolas.
Rescate europeo
Pero en 2007/2008 el espejismo se trocó en drama: una epidemia económico-financiera arrampló con todo aquello que se creía sólido y que los acontecimientos demostraron que era puro cartón piedra. Varios países europeos, entre ellos el nuestro, fueron objeto de rescates instrumentados por la Unión Europea y, por su parte, el Banco Central Europeo se vio obligado a suministrar liquidez y sostener la deuda pública para evitar el colapso del euro. La contrapartida de esas pretendidas políticas de salvamento fue la ejecución de durísimas medidas que afectaban a derechos sociales y, en determinados casos, a aspectos emblemáticos del bienestar nacional que convirtieron al sur de Europa en un verdadero campo de Agramante político y social. Desde entonces, nuestro país no ha recuperado el sosiego, porque emergió abruptamente lo que había sido cubierto artificiosamente en los días de vino y rosas de las finanzas exuberantes.
Como antaño, las fuerzas centrífugas, engordadas por la insolidaridad sembrada a causa de una ejecución irregular del Estado autonómico, encontraron su mascarón de proa en Cataluña, cuyos dirigentes levantaron la bandera de la independencia para conservar el poder que veían amenazado por la izquierda creciente en la ola de protestas por las políticas de austeridad practicadas en la región. El resto de España, también sufriente de tales políticas, asistía atónito al envite catalán acompañado además por un rosario de denuncias de corrupción, que afectaba a partidos e instituciones, iniciándose un camino de degradación sin horizonte. Y el primer hito del camino de esa degradación fue la abdicación del Rey Juan Carlos I, el fundador del régimen de la Transición, en junio de 2014, lo que, a mi juicio, abrió un paréntesis de inestabilidad de la política española que, seis años después, no sólo no se ha cerrado, sino que parece ahondarse a pasos agigantados.
Regeneración del Estado
La crisis de los partidos dinásticos a partir de 2016 y las dificultades de gobernación del país han sido los hitos siguientes y sus consecuencias están a la vista de todos. Como también lo están el descrédito institucional y las barreras casi insuperables para abordar los cambios que regeneren al Estado y restauren el crédito del poder público. No creo que sea necesario repetir lo que llevan las corrientes de ese río de inquietudes que va anegando a gran parte de nuestra sociedad.
La tragedia de la pandemia se ha abatido sobre nosotros en las peores condiciones políticas y económicas: dificultades del Gobierno para ejecutar sus directrices en el seno del enjambre de las comunidades autónomas y fragilidad económica de nuestro tejido productivo, aún convaleciente de la crisis de 2008. De la Unión Europea, ¡qué quieren que les diga!. Desunida y burocratizada, víctima de sus graves desaciertos durante los años pasados. Sólo inspira seguridad la existencia de unos funcionarios públicos que son los que en estos años de problemas mantienen el pulso de la administración del país y que ahora son el activo más importante para hacer frente a la pandemia.
Por eso creo que, cuando España enfile la salida de esta tempestad trágica, no debería practicarse el como decíamos ayer de nuestro Fray Luis de León y pelillos a la mar. El pueblo español, cuya paciencia y obediencia es una joya para cualquier gobernante que tenga un proyecto nacional, tiene derecho a esperar de unas nuevas Cortes las propuestas para ordenar su Estado con el objetivo de que el país inicie un camino distinto al recorrido estas décadas para lograr la limpieza y la austeridad, verdaderos fundamentos de la libertad y de la democracia.
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