En los últimos años el debate político catalán ha estado dominado por la obsesión del referéndum de autodeterminación. Los partidos secesionistas insisten en que la única salida razonable al conflicto entre Cataluña y España es una votación abierta sobre la independencia de la región. La solución del debate debe ser democrática, y un referéndum daría respuesta de forma clara, contundente y definida al problema.
El obstáculo, en este caso, es el pérfido gobierno de Madrid. La constitución española exige que cualquier referéndum consultivo deba ser autorizado por el congreso. Es muy dudoso, por no decir casi imposible, que los legisladores den luz verde a una votación que contradice la constitución, por mucho que no sea legalmente vinculante.
Es muy dudoso, por no decir casi imposible, que los legisladores den luz verde a una votación que contradice la constitución
Esto es visto por los secesionistas como una afrenta a los principios democráticos y la voluntad mayoritaria del pueblo catalán, así que están considerando otras alternativas. En un primer momento, hace algo más de un año, a Artur Mas se le ocurrió plantear unas elecciones autonómicas plebiscitarias. Los partidos independentistas tendrían una candidatura unitaria (o casi – la CUP no entró en el juego) y un programa secesionista claro. Si sacaban mayoría, eso les daría la fuerza moral para empezar los trámites hacia la secesión.
El plan, sin embargo, no salió como esperaban, y los partidos independentistas se quedaron con un 46%. A las pocas semanas Mas y los suyos ya decían que el plebiscito no había sido tal; lo que había quedado claro es que los catalanes querían votar. El procès se centraría ahora en buscar una manera de convocar un referéndum de independencia, unilateral si fuera preciso, apoyándose en la idea que la mayoría de partidos catalanes “querían votar”. Dado que Madrid seguía dando largas, los independentistas abogaron por utilizar la “legalidad catalana vigente”, es decir, el Estatut y las leyes que ellos mismos aprobaran, para convocar un referéndum.
Si Cataluña quiere redefinir las reglas sobre su relación con España siguiendo la legalidad vigente, el Estatut, en su título VII, tiene una explicación clara y detallada
Si algo tiene el Estatut de Catalunya del 2006, el texto que define la relación entre Cataluña y España, es que es un documento largo donde está incluido medio país. En 156 página, 223 artículos, 15 disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales (más apéndices) hay sitio de sobra para incluir como cambiarlo. Los estatutos de autonomía en España tienen esencialmente rango constitucional, así que los procedimientos de reforma son complejos. Si Cataluña quiere redefinir las reglas sobre su relación con España siguiendo la legalidad vigente, el Estatut, en su título VII, tiene una explicación clara y detallada.
Los secesionistas, sin embargo, no la están siguiendo. La reforma del Estatut requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán incluso antes de poder enviarla a Madrid para que sea ratificada. Dado que no tienen esa mayoría, ERC, PDC y la CUP han decidido que es mejor preguntar a la gente directamente, ignorando el procedimiento que los propios legisladores catalanes se autoimpusieron en el caso que quisieran redefinir su relación con España.
El argumento, como no, es la democracia. Dado que hay una mayoría parlamentaria (y social, cuando citan encuestas) que dice estar en favor del referéndum en Cataluña, lo natural es que los políticos que favorecen el referéndum lo impulsen, a ver qué sale. Y ahí tenemos a los partidos independentistas catalanes, todo excitados decidiendo cómo montar una votación de secesión, siguiendo las normas para hacerlo que ellos mismos irán diseñando sobre la marcha.
El estado de derecho es, en su versión más simple, la garantía de que las autoridades y gobiernos están obligados a actuar siguiendo la ley
Esto puede que sea democrático, pero es un problema grave desde el punto de vista del estado de derecho. El estado de derecho es, en su versión más simple, la garantía de que las autoridades y gobiernos están obligados a actuar siguiendo la ley. Esta es la protección más básica de las democracias liberales: las leyes son estables y previsibles, y los políticos no pueden tomar decisiones de forma arbitraria. La administración y los gobiernos, en el estado de derecho, deben seguir las reglas para actuar que la ley define para asegurar que nadie es víctima de una decisión arbitraria.
Un referéndum unilateral de independencia es, por definición, una vulneración de este principio. Los políticos deciden unilateralmente que las leyes que definen como se cambia el marco institucional del país no les valen (en este caso, porque no tienen votos para cambiarlas), así que cambian las reglas y listos. Los ciudadanos, en este caso, dejan de estar protegidos por leyes previsibles, y deben atenerse a las decisiones unilaterales de una mayoría parlamentaria. En un arreglo institucional así, nada impide a los integrantes de esta mayoría parlamentaria definir normas y procedimientos para un referéndum que discriminan o excluyen a los perdedores. El derecho plenamente legítimo a querer seguir siendo español y vivir bajo la protección legal de la constitución española es ignorado. La mayoría actúa sin controles ni contrapesos. La retórica democrática, en el fondo, acaba por ser excluyente.
La cuestión principal es que idea de los independentistas de una España inamovible que se niega a negociar es falsa. Primero porque incluso en un clima de confrontación abierta, un 45% de españoles está dispuesto a considerar una consulta, y la tendencia es que este número aumente. Una discusión abierta y conciliadora, junto con el apoyo de otros partidos nacionales, haría factible pactar un referéndum. Segundo, la misma experiencia del sistema autonómico demuestra que España ha sido capaz de redefinir su relación con sus regiones. Cataluña tiene hoy muchas más competencias que en 1980. Nada impide que sigan mejorando, y la experiencia del País Vasco y Navarra demuestran que es perfectamente factible acomodar un techo competencial más alto y eliminar o reducir mucho los conflictos centro-periferia.
Los gobiernos de Madrid y Barcelona deben empezar a comportarse como adultos. Los partidos independistas deben dejar de actuar como si Cataluña fuera el Congo Belga
Antes que eso suceda, sin embargo, los gobiernos de Madrid y Barcelona deben empezar a comportarse como adultos. Los partidos independistas deben dejar de actuar como si Cataluña fuera el Congo Belga, y entender que por mucho entusiasmo que tengan sus bases, el apoyo real para una secesión dista mucho de ser una mayoría abrumadora. En vez de actuar sin arreglo a leyes ninguneando los derechos de quienes no les han votado, es hora de empezar a buscar soluciones realistas.
Los partidos políticos estatales, mientras tanto, y especialmente el PP, deben dejar de actuar como si las protestas, quejas y agravios expresados por un porcentaje enorme de la sociedad catalana son algo ridículo. El hecho que un número considerable de residentes de una región quiera largarse debe dejar de ser utilizado como arma arrojadiza en el Congreso, y visto como algo que exige una respuesta constructiva. Esto exige una negociación honesta y basada en el respeto mutuo, no en una idea de lealtad a la unidad nacional obsoleta, y debe incluir la posibilidad de crear un mecanismo legal claro, predecible y justo para convocar un referéndum de secesión con garantías, si en el Parlament hubiera una mayoría suficiente.
Es hora que los políticos busquen solucionar problemas, no cómo crearlos
Uno puede jugar a demoler el país o a las provocaciones institucionales una buena temporada, como hemos visto estos últimos años. Las peleas generan aplausos de los de tu tribu, portadas y distracciones, y quizás ayuden a ganar algunas elecciones, pero no cambian nada. Es hora que los políticos busquen solucionar problemas, no cómo crearlos.
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