El respeto a la propiedad privada es uno de los pilares de nuestra sociedad y las autoridades deben comprometerse a defenderlo en toda circunstancia. Para mí es absurdo que si tengo diez coches y alguien se mete dentro de uno, la policía actúe contra él de inmediato pero si tengo diez viviendas no. Sin embargo, esta historia real de un amigo mío no admite ningún pero de los habituales que son usados por los defensores de la okupación, como alegar que es una segunda residencia o que pertenece a un “gran tenedor”. No relato este sucedido con el afán de convencer a a alguno de estos sujetos, aunque espero que la denuncia llegue a esos ingenuos que piensan que el fenómeno de la okupación es el fake que algunos políticos sin escrúpulos (y los fanáticos que les siguen ciegamente) defienden. Llegan a negar incluso no sólo su gravedad, sino hasta su propia existencia. A partir del siguiente párrafo y hasta el final, no hay ninguna reflexión mía, sólo una historia real: que cada lector decida si cree que el Gobierno debe hacer algo para que estas cosas no ocurran o si, como algunos insisten incluso desde el BOE, hay que dar más derechos aún a los okupas.
Mi amigo es el tutor legal de su tía, que debido a su alzhéimer, necesitó ser ingresada en una residencia hace unos años. La decisión, de la que ahora tanto se arrepiente, parecía tener todo el sentido: alquilar su vivienda (vivienda habitual pero en la que por enfermedad no podía residir) para ayudar a poder pagar la citada residencia. Encuentra unos inquilinos y sin problemas, y antes de acabar el contrato en diciembre de 2018, mi amigo les informa -por burofax- de la no renovación del contrato. No les tenía que dar explicaciones ya que estaba en el plazo legal, pero los motivos que alega son las quejas de otros vecinos por ruidos y peleas en el domicilio. Ante eso, los inquilinos cambian a bolígrafo la fecha de finalización del contrato creyendo que eso les iba a servir de algo, y se niegan a dejar la vivienda.
El expediente se ralentiza ante el recurso que ponen los okupas… que se desestima en marzo de 2020 y se fija una vista oral para septiembre de ese año
A los 15 días de no haber abandonado el domicilio tras la finalización del contrato (es el periodo de gracia legal que se exige), mi amigo le pide al juzgado de la tutela (recordemos que él actúa en nombre de su tía) poder poner la demanda. Se solicita en enero de 2019 y se confirma en mayo. Pero no es admitida a trámite hasta septiembre de 2019. Las excusas para tanto retraso son las típicas que conocemos todos los que hemos tenido experiencia con la justicia española: personas de baja o directamente falta de personal. El caso es que estos meses de más sí se los podemos achacar al hecho de ser un tutor y no el directamente afectado por la okupación. Pero incluso admitida a trámite la denuncia, el expediente se ralentiza ante el recurso que ponen los okupas… que se desestima en marzo de 2020 y se fija una vista oral para septiembre de ese año. Es decir, no podemos achacar a la pandemia el que esto aún no esté resuelto.
En esa vista oral, los inquilinos -que llevan sin pagar desde enero- alegan que no tienen recursos y, sorprendentemente, la sentencia sale muy pronto: octubre de 2020. Por supuesto es a favor de la tía de mi amigo, y por tanto, los “inquiokupas” deben abandonar el domicilio. Pero claro, en este tiempo, ellos han consultado con ONGs, financiadas con subvenciones de todos los españoles, que les ayudan y les aconsejan que recurran a la Audiencia provincial (todo esto sucede en Madrid). Y lo hacen. Y aquí ocurre algo curioso: no se puede, legalmente, recurrir sin estar al corriente de pago, así que, para hacerlo, pagan de golpe a mi amigo todos los meses atrasados, demostrando la falsedad de su alegación ante el juez: sí que tenían recursos suficientes.
Lo paradójico del caso es que la que afirma ser vulnerable no está entre las que han firmado el contrato de alquiler y además tiene una nómina de 1.300 euros al mes
No hay más vistas, directamente la Audiencia Provincial de Madrid emite su fallo en febrero de 2022, ¡16 meses después! De nuevo es favorable a la tía de mi amigo, y el juzgado de instrucción debe ejecutar la sentencia. Otra vez la lentitud -recordemos que por ejemplo agosto no es hábil para los juzgados- y las alegaciones (dicen ser vulnerables, exigen que Servicios Sociales les ofrezcan una solución de habitabilidad) y no se decreta el lanzamiento, es decir, que los okupas deban irse, hasta diciembre de 2022. Pero una nueva persona vuelve a alegar vulnerabilidad. Lo paradójico del caso es que la que afirma ser vulnerable no está entre las que han firmado el contrato de alquiler y además tiene una nómina de 1.300 euros al mes. Incomprensiblemente, el juzgado lo admite aunque acaba rectificando y pone una nueva fecha para el lanzamiento: febrero de 2023.
Pero ahora no hay ya ni rastro de los inquilinos originales: en el domicilio se hacinan quince personas (todas empadronadas en el piso okupado, es extraño lo fácil que resulta ese trámite) pertenecientes a tres familias subalquiladas (ellas afirman estar pagando alquiler a los okupas originales). Como la identidad de estas personas no está registrada en la demanda, el juzgado no puede ejecutar el lanzamiento y debe hacer uno nuevo. A la espera está -por de pronto hay huelga de letrados y funcionarios judiciales por lo que la cosa va aún más lenta- pero lo más probable es que el asunto vuelva a la Audiencia Provincial otra vez y, aunque parece que ya no van las cosas tan lentas como en la pandemia, mínimo algunos meses habrá que esperar al fallo, luego de regreso al juzgado de instrucción, después volverán a alegar vulnerabilidad etc.
Nada que ver con lo que pasa en otros países de Europa. Mi amigo sigue sin poder acceder a la vivienda -y lo que queda-, no cobra el alquiler desde otoño de 2020, está asumiendo todos los costes como propietario (y falta la factura del agua cuando puedan acceder a hacer la lectura) a lo que sumar el coste del abogado. Además, todo este tiempo ha tenido que pagar (la pensión no era suficiente) la residencia de su tía que, por cierto, falleció hace algunas semanas. Ahora está inmerso en el proceso de herencia (bastante costoso al no ser familiar directo, a pesar de la fama de “paraíso fiscal” de Madrid) y tiene un problema de efectivo importante ya que va a tener que pedir un crédito para poder heredar una propiedad a la que no puede acceder. Luego se extrañan de que haya poca oferta de pisos en alquiler…
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