La presunta colaboración de al menos doce empleados de la ONU pertenecientes a la agencia UNRWA en la mayor matanza de judíos desde el Holocausto es un escándalo que amenaza la propia utilidad de las Naciones Unidas.
La denuncia que ha hecho Israel sobre la cooperación de estos trabajadores en los atentados del pasado 7 de octubre está siendo investigada. Y varios países; entre ellos Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Alemania, entre otros; han anunciado que no enviarán más fondos a la UNWRA hasta que se aclare lo ocurrido.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio –UNRWA- se fundó en 1949 tras la guerra árabe-israelí. Es uno de los principales programas de la ONU y desde luego uno de los mejor financiados.
La ONU, en Palestina
Se calcula que 1,5 millones de palestinos del total de 2 millones que viven en Gaza dependen de la ayuda de UNRWA –desde la asistencia médica hasta la educación-. Se calcula que la agencia tiene unos 13.000 empleados en Gaza y gestiona 58 campos de refugiados, no sólo en Palestina también en otros países como el Líbano.
Su papel en Gaza y Oriente Próximo se ha visto muy cuestionado en la última década. Israel siempre ha denunciado que es uno de principales problemas de este conflicto perenne. Tel Aviv ha denunciado –en muchas ocasiones con pruebas- que la organización terrorista Hamás ha utilizado material humanitario de la UNRWA en la fabricación de armamento con el que ataca regularmente a Israel. Y sostiene que Hamás mantiene secuestrada la ayuda de las Naciones Unidas para someter a la población de los territorios y la libera cuando le conviene.
Uno de los casos más graves, que hizo tambalearse la propia existencia de la UNRWA, fue el informe Takkenberg. Este documento, que salió a la luz en 2018, fue coordinado por el holandés Lex Takkenberg, que era responsable del comité de ética de esta agencia.
Las conclusiones del informe Takkenberg fueron demoledoras y se construyeron con el testimonio de decenas de denunciantes anónimos, entre ellos la mayoría de sus directores, que estaban alarmados por lo que veían. El documento era una denuncia de la corrupción sistemática y generalizada liderada por la propia cúpula de la UNRWA, que había derivado además en una situación de miedo a las represalias, intimidación y amenazas al personal. El nepotismo, el desvío de fondos y otras prácticas acabaron, como casi todo en la ONU, en nada.
UNRWA y la matanza del 7-O
Pero el informe Takkenberg, por grave que sea, palidece ante esta presunta colaboración en la masacre del 7 de octubre. La investigación interna abierta por la ONU tiene el deber de aclarar esta participación. De probarse, Naciones Unidas no podría mantener esta agencia tal y como la conocemos ni un minuto más.
La decisión de una decena de países de cortar de forma inmediata los fondos que destina a la UNRWA es más que lógica. Nadie quiere ser cómplice de una matanza de civiles como la que Hamás perpetró en suelo israelí el 7 de octubre. Una infamia que algunos todavía celebran en este país. Un periodista de TV3 le calificó el ataque como el más audaz de Hamás en los últimos tiempos.
La media de ayuda internacional que ha recibido Palestina en la última década ronda los 2.000 millones de euros año, según recogió Newtral en un informe. La aportación de España no es de las más significativas, entre 29 y 31 millones de euros en los últimos ejercicios, según cifras oficiales.
Convendría que se cortase de raíz si se prueba la colaboración de empleados de la agencia en los atentados. A no ser que este sea el famoso terrorismo bueno que merece la pena amnistiar.
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