A la luz de lo acontecido en las últimas semanas y después de que el Ministerio de Trabajo haya tenido que recular frente a los empresarios, hay dos cosas que son evidentes: la total incapacidad para negociar de la ministra Yolanda Díaz y el afán que tiene el Gobierno de España de perpetrar un intervencionismo radical que amenaza con socavar la economía española. Atrás quedaron las políticas promovidas en su momento por ministros del Partido Popular como Javier Arenas y Manuel Pimentel, quienes lograron acuerdos significativos con los agentes sociales.
Es un hecho notorio que los modelos de trabajo están experimentando una transformación significativa que abarca desde la creciente adopción del teletrabajo y los horarios flexibles hasta la implementación de tecnologías avanzadas. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo, ni por la forma ni en el fondo, con la propuesta que plantea la izquierda y la ultraizquierda de este país de obligar a los empresarios a reducir la jornada laboral de sus empleados sin merma salarial, máxime cuando los agentes sociales no han alcanzado ningún acuerdo, a pesar de los ultimátum de la ministra.
Este tipo de medidas de ‘ingeniería social’ no solo son imprudentes, sino también perjudiciales para el tejido empresarial y para el propio mercado laboral. Ya tuvimos la oportunidad de debatir en la Asamblea de Madrid la Proposición No de Ley que presentó el grupo parlamentario Más Madrid, discípulo de Sumar. La extrema izquierda madrileña todavía fue más ambiciosa e imprudente que la ministra. Sin ningún pudor, nos plantearon la implantación de una jornada laboral de 32 horas sin merma salarial y la abolición de los turnos partidos en la Comunidad de Madrid. Con un discurso simplista y vacío de contenido, los grupos de la oposición defendieron dicha propuesta sin tener en cuenta la estructura económica de nuestro país, ni la circunstancia de que España sea uno de los países con menor productividad de la Unión Europea, ni tan siquiera el dato de que el sector servicios es el predominante en el mercado de trabajo español.
El coste productivo para el empresario
Aunque quieran justificar esta iniciativa en una medida para favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de los trabajadores, reduciendo sus horas de trabajo o alargando el período vacacional de los asalariados, como ha interpretado la patronal durante las negociaciones, lo cierto es que el trasfondo de esta propuesta es otro. Lo que el Gobierno de España está buscando con la reducción de la jornada laboral no es otra cosa que poder modular, o incluso manipular, las cifras del paro, es decir, disfrazarlas con el subempleo; repartir el empleo, en lugar de crearlo, y fomentar un ‘empleo subvencionado’ al más puro estilo bolivariano.
Pretenden que los empresarios asuman una reducción de las horas efectivas de trabajo, sin tener en cuenta lo que supone el coste productivo, el riesgo de inversión o incluso el margen neto empresarial, con la promesa de que se establecerán ayudas para paliar estos costes, al menos para las pequeñas y medianas empresas, como así exigió el grupo Más Madrid al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El ciudadano pagará la cuenta
No sabemos cuánta credibilidad puede tener una ministra que hasta ahora ha incumplido todos los compromisos establecidos en materia de negociación colectiva, pero, si las consecuencias económicas de este tipo de medidas las financian las Administraciones Públicas, eso significa que, una vez más, serán los ciudadanos los que pagarán la cuenta. ¿Y de cuánto hablamos? En Madrid, hicimos el cálculo teniendo como referencia las 195.273 empresas de menos de 250 trabajadores y los más de 425.000 trabajadores autónomos. Así, en la región, si tuviéramos que subvencionar una reducción de 6,5 horas semanales por cada trabajador, como nos pedían los grupos de la izquierda, significaría que los madrileños tendrían que costear más de ocho mil millones de euros, lo que supone un tercio del presupuesto actual de la Comunidad de Madrid. Una auténtica barbaridad que la propia Administración Pública no podría soportar y las empresas, especialmente las pymes, mucho menos.
Por todo ello, es entendible el malestar y la crispación existente. Negociación y acuerdo, hoy por hoy, no existen, pero eso no significa que esta polémica medida finalmente no salga adelante, habida cuenta de la inclinación por el intervencionismo económico de los que nos gobiernan. Lo han demostrado en repetidas ocasiones. Desde la imposición unilateral de la subida del SMI hasta las restricciones en el mercado de alquiler, es patente una gran desconfianza en el libre mercado y una preferencia por la imposición estatal. La propuesta de reducir la jornada laboral sin merma salarial es solo otro ejemplo de esta peligrosa tendencia propia de los regímenes dictatoriales existentes en otros países.
Las pequeñas y medianas empresas son las que más han acusado los costes laborales derivados del aumento del salario mínimo interprofesional por su reducida estructura
Recordemos cómo la ministra Yolanda Díaz no tuvo ningún escrúpulo en imponer unilateralmente, sin consenso alguno con la patronal, la subida del SMI obligando a las empresas a soportar una carga adicional y cuyos efectos han sido nefastos. El informe Repercusión de la subida del SMI en la Pyme Española, elaborado por Cepyme, refleja que las pequeñas y medianas empresas son las que más han acusado los costes laborales derivados del aumento del salario mínimo interprofesional por su reducida estructura, su pequeña plantilla, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala. Su aplicación ha afectado al 40% de las empresas, es decir, de cada 10 pymes, cuatro han tenido que subir sus salarios tras la actualización del SMI. El aumento del 47% del SMI desde 2018 ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y evitado la creación de 150.400 empleos, minando en especial a los colectivos de más difícil inserción laboral: los activos de baja cualificación, jóvenes y mujeres.
Sin consenso ni negociación
Estas son las crudas consecuencias de las ocurrencias impositivas de una ministra que aspira a ser la ‘protagonista’ de un elenco de ministros cada vez más incompetentes. La creencia de que el Estado puede imponer condiciones laborales sin consenso, sin negociación colectiva y sin tener en cuenta las realidades económicas es una receta para el desastre. El vaivén de propuestas que ha vertido la ministra de Trabajo en las últimas semanas para lograr la reducción de la jornada laboral sin merma salarial es un brutal ataque a la libertad de empresa y al espíritu de la negociación colectiva, olvidándose de las políticas que realmente impulsan la productividad y el crecimiento económico. Con estas políticas extremas no se puede garantizar un futuro próspero y sostenible para España.
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