Bajo el nombre de “operación Tres Reyes” se conoce el despliegue policial y judicial entorno a una causa en la que se hallan imputados, desde 2013, siete personas en Almería. Como cabezas del grupo, quien fuera durante veinticinco años Jefe de la Abogacía del Estado en aquella provincia, Demetrio Carmona del Barco, y un supuesto militar de las COES, con grado de capitán del Ejército español que, según se lee en casi todas las declaraciones de los acusados en la instrucción, habría pertenecido al CNI, aspecto este que la propia institución desmintió en contra de los hábitos habituales de “la Casa”. Sucedió a las pocas horas de publicarse la primera información sobre el caso.
A esta singular, compleja y llamativa causa se la conoce como “la farsa monea”, no solo por los dinares iraquíes falsificados como móvil fundamental del caso, sino porque nadie parece querer juzgar algo que tiene pinta de patata caliente, regularmente cocinada policial y judicialmente.
La Audiencia de Almería acaba de emitir un auto hace unos días devolviendo al Juzgado de Instrucción el sumario y, de paso, dejando en evidencia aspectos de una instrucción larga, compleja y, para las defensas, prospectiva e ilegal en la búsqueda de posibles delitos cometidos. “No puede ser reputada de obligada imposición para todos los supuestos de delitos de pertenencia a grupo criminal”, sentencia la Audiencia. Un proceso a todas luces inquisitorial, según lo han definido repetidamente las defensas en numerosas ocasiones.
Un Abogado del Estado que denuncia corrupción
En 2012 el abogado del estado Demetrio Carmona dice sufrir persecución interna en las estructuras de la delegación de Hacienda provincial y territorial. Cuenta que le quieren quitar de en medio porque ha denunciado internamente numerosos casos de corrupción de los que serían cómplices altos funcionarios de la delegación, con la pasividad o complicidad de Granada y Sevilla. Al sentirse acosado y saber que la jefa de los Abogados del Estado, Marta Silva Lapuerta, barajaban su relevo, busca apoyos en la política. La hija de Silva Muñoz, sobrina del extesorero del PP y ex consejera de Sacyr, cesó a Carmona tras las primeras noticias de prensa con su imputación. Habían aparecido ya en escena un grupo de personas de Madrid como supuestos agentes del CNI y es el líder del grupo, José Antonio Mateos Acedo, al que conocen Demetrio Carmona y sus socios en una reunión con él en la que aparece vestido de capitán, en un MacDonald cercano a un cuartel de Toledo, quien se ofrece a organizar una entrevista con el propio Alberto Ruiz Gallardón en el ministerio y resolver el problema de una vez. Mateos habría estado destinado en el servicio de contravigilancia desplegado por la seguridad del Estado en el Tribunal Supremo, y se decía amigo de numerosos magistrados, presumiendo al menos de gran ascendencia e influencia en la cúpula judicial española y del Ministerio de Justicia.
Carmona ve el cielo abierto y se entrega a quien puede ayudarle a defenderse...y contraatacar. A cambio, Mateos Acedo, le pregunta si conoce a un empresario de El Ejido, Manuel Rodríguez Lozano, poseedor de millones de dinares iraquíes comprados legalmente en el Líbano, falsificados en su día por la CIA para desestabilizar a Sadam Husein y que guarda en una enorme caja fuerte de seguridad. Carmona no solo le conoce, sino que el verano anterior ha estado invitado a la boda de su hija en Aguadulce. Acepta encantado hacer la conexión y la pone en marcha.
Los "espías" llegan a los millones de dinares iraquíes
Se establece el contacto y los “espías” se ganan la confianza de Rodríguez Lozano, que incluso otorga poderes notariales a uno de ellos para que gestionen la venta de los dinares que, según contaron, pretendía recuperar la CIA. (Mateos se presentó a los imputados almerienses como agente especialista para “La casa” en tráfico de divisas y falsificación de moneda). En el sumario aparecen personas como supuestos funcionarios de EEUU (CIA) a los que ni la Guardia Civil actuante ni el juzgado llamó nunca a declarar.
Rodríguez Lozano sería quien, tras considerarse amenazado por Mateos Acedo y sus ayudantes, presentó denuncia en la GC, dando pie formalmente al nacimiento de la “Operación Tres Reyes”, bautizada en un alarde de imaginación policial, recurriendo al título de la película de David O. Rusell. Los móviles de ambas historias eran, en definitiva, riquezas procedentes del Irak de Sadam Hussein.
Paralelamente, el grupo de Mateos Acedo, se gana la confianza de Carmona y sus socios locales ofreciéndose, de paso, a resolver problemas de diversa índole, como un enquistado contencioso de millones de euros entre la familia Carmona y la de un potentado empresario de Tíjola, Estanislao Berruezo, conocido mediáticamente a raíz de su implicación en la denominada Operación Lila en 2010.
Berruezo les acaba denunciando también por presuntas amenzas y extorsión, otra denuncia que se suma a la de Rodríguez Lozano y que el juzgado admite. Se añaden alguna más sobre la marcha. Los investigados en esta causa siempre pensaron que el papel del influyente empresario de Tíjola había sido determinante en la actuación, por ejemplo, de los agentes de la Guardia Civil y en especial del sargento instructor.
Horas de pinchazos telefónicos ayudan a la Guardia Civil a armar su hipótesis de primera hora, que sustentan en la pertenencia de todos a un grupo criminal dedicado a la extorsión. Llama la atención leyendo la instrucción como desde el inicio en sus informes la GC descarta vinculación alguna de Acedo con el Ejército y aún más con el CNI. Pasaría tiempo para las periciales sobre placas, carnés y documentos que, efectivamente, no avalaron su autenticidad, señalándose que las placas estaban a la venta en Internet.
La Audiencia da un revés a la instrucción
Tras años de instrucción, en dos ocasiones ha sido suspendida la vista oral a petición de las defensas, cosa que la juez aceptó sin oposición de Fiscalía. Fijada una tercera vista para el próximo mes de julio, hace tres semanas la juez eleva por sorpresa el sumario a la Audiencia. Esta instancia respondió rápido, el pasado día 20, devolviéndola otra vez al Juzgado Nº 3 y justificándolo en que “ninguna de las partes acusadoras imputa a los acusados una pertenencia a grupo criminal cuya actividad se desarrolle o se enmascare en la realización de actividades económicas o negocios jurídicos” (...), ” en cuyo caso la pena sería improcedente por su manifiesta carencia de contenido.” Las defensas consideran que la Audiencia da un sonoro revés a la instructora y a la fiscal del caso.
Sigue pues pendiente el final de este sumario de película en la tierra del cine. Una vista oral cuya banda sonora será, cuando se celebre –si se celebra algún día–, una composición muy realista que recreará el baile que marcan ciertos poderes caciquiles, muy diversos, en una rica y olvidada provincia llamada Almería. Todo ello corriendo el Siglo XXI.
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