Hasta septiembre del 2015 ejercí el cargo, no remunerado y voluntario, de presidente de “Societat Civil Catalana”, asociación fundada el 23 de abril del 2014 por 72 catalanes, todos ellos personajes relevantes de la sociedad. La movilización de los constitucionalistas en Catalunya, hartos del proceso rupturista, fue el eje promotor de SCC, complementado con el arduo trabajo de recopilar denuncias de colegios por adoctrinamiento nacionalista, alertar del acoso a que estaban siendo sometidos los empresarios discrepantes del mandato oficial, llamar la atención de la persecución de las personas civiles opuestas a la secesión, la interposición de acciones judiciales para denunciar la presencia de banderas y enseñas separatistas en edificios públicos o las múltiples denuncias contra TV3 y los dirigentes golpistas. Todo ello provocó una enorme dosis de odio del mundo independentista contra Societat Civil Catalana y muy especialmente hacia mi persona.
Un día después de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015, anuncié mi dimisión de la presidencia de SCC “por razones de índole personal y profesional”, aunque ciertamente pesó una causa: la interposición de una querella por injurias y amenazas que la asociación de juristas Drets (fundada por el presunto delincuente Carles Mundó, hoy en libertad provisional) me había presentado unos días antes. En la querella firmada por el actor Toni Albà, se me acusaba de haber usado un perfil falso de Facebook para lanzar mensajes insultantes hacia “relevantes figuras del independentismo”. A pesar de la falsedad de la acusación, la campaña mediática emprendida contra mí fue impresionante, con reportajes en “prime time” en TV3 y “Catalunya Ràdio” acusándome de amenazar al president Mas, tertulias en las emisoras del subvencionado conde de Godó y Grande de España con graves desprecios hacia mi persona, reportajes insultantes en uno de los medios del monárquico grupo “Prensa Ibérica”. La querella recaló en el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa archivó el caso, al considerar que los presuntos delitos, de existir, habrían prescrito. Sin embargo, a pesar de la falsedad de las pruebas presentadas, el objetivo de los investigadores, periodistas, delincuentes y bazofia separatista ya lo habían conseguido. La muerte civil que buscaban en mi persona la obtuvieron. Señalado, amenazado, insultado y vejado, vivir en Catalunya contra el separatismo y sin protección mediática en Catalunya, es un suicidio. Por protección a mi familia y a mi trabajo, decidí dar un paso atrás.
El pasado 17 de diciembre me llamó un periodista para comunicarme que tenía constancia de que la unidad de los “Mossos d´esquadra”, conocida como “UCRO”, realizó en mi entorno personal, multitud de investigaciones y seguimientos con el fin de encontrar cualquier pasado o presente que pudiese ligarme a algo que sonase a radicalidad o bien extrema derecha, con la espuria finalidad de eliminarme social y públicamente. La información salió en varios digitales el 18 de diciembre, noticia de la que no tengo constancia oficial y sólo la conozco por lo que sale en los medios de comunicación. La información decía que “Los Mossos tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y líderes de Sociedad Civil Catalana, y con especial intensidad en uno de sus líderes: el que fuera presidente de la organización constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch”.
Así consta en uno de los informes que los Mossos D’Esquadra intentaron destruir en una incineradora el pasado 26 de septiembre, un informe relativo a los datos obtenidos a través de estos seguimientos y que no pudieron ser eliminados por la intervención de miembros del Cuerpo de Policía Nacional. Según se desprende de la información publicada, y recogen los medios, fue durante el mandato del Mayor José Luis Trapero, cuando se creó la Unidad UCRO, centrada en el espionaje a los personalidades contrarias al golpe de estado y que se dedicaban al hackeo de ordenadores, mails y teléfonos, violando la intimidad de las personas a las que seguían, y especialmente hacia mi persona, con la única finalidad de desacreditar la actuación de Sociedad Civil Catalana, que empezaba a ser francamente molesta al proyecto político creado por Jordi Pujol. Todo ello realizado mediante graves anomalías de funcionarios públicos, que deberían incardinarse en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, complementado por el odio ideológico que caracteriza al nacionalismo.
De esta forma se utilizaron dinero de todos los contribuyentes, para espiarme sin la correspondiente orden judicial, para posteriormente facilitar datos a unos medios periodísticos a fin y efecto de urdir un plan para acusarme de delitos fabricados ad hoc y acabar con la asociación constitucionalista “Societat Civil Catalana”. Yo dimití para poder defenderme, y no perjudicar el proyecto de defensa de la unidad de España que desde SCC habíamos emprendido.
Decidí marcharme a mi casa, pero tuve que aprender a vivir entre seguimientos y acoso, mi domicilio en Santpedor, a unos pocos kilómetros de Manresa, se convirtió en objetivo habitual de escraches, pintadas, insultos, amenazas y coacciones varias; mi hija fue agredida en una fiesta popular al ser reconocida como la “hija de puta del facha”, perdí amigos, relación social. En mi empresa, de la que ejercía de director general, recibieron miles de e-mails solicitando mi despido por ser persona que acosa e insulta al “pueblo catalán”. Vivir en estas condiciones es muy duro. Se llama “muerte civil”.
Societat Civil Catalana no fue la única asociación o entidad a la que se espío, ni yo he sido el único al que con dinero público se ha intentado destruir la vida. Dirigentes de “Ciutadans”, personalidades ligadas al gobierno de España y al Partido Popular, el Secretario General del Sindicato de Policíes de Catalunya, David José Mañas, su mujer Sònia Blanch Torrents y su hijo, el abogado Josep María Fuster-Fabra… Seguramente en Catalunya somos legión los catalanes que hemos sido espiados con el consentimiento, conocimiento y colaboración de distintos mandos del cuerpo regional de policía, durante el mandato del mayor Josep Lluís Trapero, de forma sistemática con fondos reservados.
Ahora muchos esperemos que la justicia haga bien su trabajo y depure las responsabilidades emanadas de tantos delitos cometidos en el oasis putrefacto en que han convertido a Catalunya.
Sin embargo, una terrible sensación de abandono y desamparo embarga el ánimo de muchas personas que decidimos emprender batalla contra el separatismo, un estado español capaz de pactar con el enemigo que lo quiere destruir y abandona a quien pretende defenderlo. Un estado que premia al delincuente y persigue al honesto.
Un estado así, no nos merece.
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