La semana pasada pudimos comprobar que el plan para desespañolizar el País Vasco goza de una salud estupenda. Este plan no es un proyecto a largo plazo para la independencia real, algo así como una reedición de aquel ‘Plan Ibarretxe’ de inicios de los 2000, sino sencillamente el Estatuto de Autonomía de 1979. En política, como en tantas otras cosas, pensamos y hablamos con el automático puesto. Pensamos que la Constitución se vulnera cada vez que un gobierno nacionalista consigue un nuevo privilegio, pero como señalaba Jon Juaristi hace menos de un año, son precisamente la Constitución y el ‘espíritu de la Transición’ los que conducen progresivamente a la desaparición de España en las regiones con ‘derechos históricos’.
El auténtico hecho diferencial, fue el asesinato político y su justificación desde un partido con representación parlamentaria
Después de las primeras transferencias, en el País Vasco algunos aspectos del desarrollo autonómico avanzaron más lentamente porque existían circunstancias especiales. Desde el fin de la dictadura franquista, la principal aportación a lo común de los nacionalistas norteños, el auténtico hecho diferencial, fue el asesinato político y su justificación desde un partido con representación parlamentaria. Durante décadas, la banda terrorista y la banda política pusieron en práctica un programa educativo radical y moderno: la anulación, mediante la violencia y el miedo, de un sector concreto e importante de la sociedad. Gracias a esta política educativa aprendimos que la manera más rápida y eficaz de aceptar que lo español es extraño -y que lo vasco es especial- no es memorizar la lista de los derechos históricos, sino desayunar con fotos de féretros y de suelos ensangrentados.
Las décadas del terrorismo no sirvieron para crear una república vasca socialista, pero sí para poner límites particulares dentro de los límites comunes de la Constitución. La sección sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas se consideró demasiado generosa, y ahí estuvo ETA en todas sus formas para separar la libertad del libertinaje. Derecho a la vida sí, pero relativo. Libertad ideológica sí, pero atente a las consecuencias. Derecho al honor y a la intimidad personal sí, pero subordinado a la libertad de nuestra red de chivatos para comunicar información veraz sobre los objetivos.
Saldar una deuda
Muchos de quienes participaron en ese entramado de transformación social llamado ETA fueron detenidos y juzgados, y algunos de ellos aún están en la cárcel cumpliendo su condena. Esto debería haber sido el final de una historia terrible, pero no fue más que el comienzo de otro capítulo: “la cuestión de los presos”. La semana pasada, decíamos, se escenificó la transferencia de cuatro nuevas competencias al País Vasco. Vulnerant omnes, y aunque ninguna de ellas será la última sí hay una que se ocupará de quienes mataron: entre esas transferencias está la gestión de los centros penitenciarios. El ministro para la cuestión territorial, Miquel Iceta, acompañó la entrega con palabras bien escogidas. Se “salda una deuda”, dijo el ministro, y las nuevas cesiones suponen “volver a la normalidad y cumplir con lo que dicen la Constitución, el Estatuto y las leyes”. El Gobierno vasco por su parte presentó al día siguiente un documento en el que explica qué van a hacer con las prisiones y con sus moradores más especiales. La idea que ya han repetido en varias ocasiones es que serán considerados como cualquier otro preso, sin tratos distintos para perjudicarlos ni para beneficiarlos.
Pero no son como cualquier otro preso. En primer lugar, por lo que hicieron. El terrorismo es distinto del robo, del fraude, del homicidio e incluso del asesinato en general. El asesinato político no es un fin sino un medio, no es individual sino colectivo, no es impulsivo sino racional. Sus efectos van mucho más allá de las vidas que elimina y de las que destruye, porque es ante todo un aviso para el resto.
Allí tuvimos a Javi de Usánsolo, condenado por el asesinato del niño Fabio Moreno y recibido con antorchas y cohetes cuando salió de prisión
Hay un segundo factor por el que no son como cualquier otro preso, y es precisamente el de los beneficios. No hace falta que el Gobierno autonómico les dé un trato de favor; ya se lo da la sociedad. Ahí tenemos a Eneko Compains, condenado por ser dirigente del aparato político de ETA e integrado ahora en Sortu y en la Universidad del País Vasco como profesor de Derecho Constitucional; allí tuvimos a Javi de Usánsolo, condenado por el asesinato del niño Fabio Moreno y recibido con antorchas y cohetes cuando salió de prisión; a Iñaki Igerategi, condenado por dar información para que compañeros de militancia asesinaran a Joseba Pagazaurtundua, y a quien recibieron con un homenaje en Andoain y con una campaña de LAB para que fuera readmitido en el cuerpo de bomberos de Guipúzcoa. Los carteles de presos de ETA en las fiestas populares, las fotos de Josu Ternera en Miravalles con las palabras “Te queremos”, la exposición de la obra artística de Jon Bienzobas en la casa de cultura de Galdácano...
Dice el Gobierno vasco que su modelo penitenciario apostará por la reinserción de los presos en la sociedad. Arnaldo Otegi, antiguo terrorista, sonríe mientras termina de ordenar las fichas de los nuevos afiliados de su partido, al que vota casi un tercio de los vascos. “Tranquilos, ya nos ocupamos”.
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