El Pacto de Rentas que busca el Gobierno ya nace viciado. Empeñado en subir las pensiones en la misma proporción que el IPC, intentará colar que el resto de los asalariados lo haga por menos de la mitad y que los autónomos no mejoremos nuestros ingresos y encima paguemos una cuota mayor, mientras logra, con la complicidad sindical que no tendría un gobierno de otro signo, que los funcionarios acepten. Todo eso sin compromiso alguno de recortar el gasto y centrando el ajuste en intentar recortar los beneficios empresariales. La situación económica actual se parece bastante a la de los Pactos de la Moncloa de hace 45 años, pero en nada al propuesto Pacto de Rentas. Repasemos la historia.
Si bien ideológicamente la dictadura franquista es considerada de derechas por sus valores conservadores, su política económica se acerca más a la izquierda, de hecho fueron muy similares las medidas tomadas por el franquismo más duro en España y el castrismo en Cuba. Lo que ocurre es que en 40 años hubo muchos vaivenes y en la década de los 60 se aprecia una ligera liberalización pero, con todo y con eso, muchos de los puntos del programa económico de Unidas Podemos (sí, UP y no Vox) ya existieron en aquella época: grandes empresas públicas (muchas en situación de monopolio), bancos públicos (y con los privados muy intervenidos, de hecho durante la mayor parte del franquismo estuvieron prohibidos los bancos extranjeros), control de precios (eso que ahora se quiere volver a imponer), mucha vivienda de protección oficial, alquileres subvencionados (la famosa Renta Antigua que tantos años perduró), gran protección al trabajador contra su despido, etc...
Los gobiernos de Franco provocaron que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno
Tras el Plan de Estabilización de 1959 en el que la economía autárquica franquista da un giro radical, y en el ambiente de la Guerra Fría –consigue el apoyo decidido de los Estados Unidos a cambio, entre otras cosas, de las bases militares-, España crece de 1960 a 1973 más que ningún otro país de Europa (lo que nos seguía situando en la cola –en 1973 nuestro PIB per cápita era el 64% del europeo- ya que partíamos desde muy atrás), nos abrimos al turismo y se disparan las contrataciones en el sector servicios y la construcción. Si bien se cometieron muchos errores ya que -igual que pasó años después con las cajas de ahorros-, con la concesión de vías privilegiadas de crédito y de otras ventajas a determinados sectores y empresas públicas y privadas, los gobiernos de Franco provocaron que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno, y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas de futuro de cada sector.
Tanto crecimiento económico repentino provocó un alza de precios importante, con lo que era habitual un IPC por encima del 8% en el comienzo de la década de 1970. Cuando llega la crisis mundial de 1973 por la subida del precio del crudo (que se cuadruplicó de octubre de 1973 a enero de 1974), la reacción del débil gobierno español, atenazado entre la decrepitud del jefe del estado y el atentado que acabó con la vida del presidente Carrero Blanco ese diciembre, fue intentar calmar los ánimos y tomar medidas sociales que supusieron pan para aquel hoy y problemas para el mañana. De hecho, repercutieron sólo parcialmente al consumidor la subida del crudo (era aún más importante que ahora puesto que las centrales térmicas que sostenían la mayor parte de la electricidad del país usaban fuel) y no aplicaron ninguna medida de ajuste ni de control de la inflación, subiendo los salarios incluso por encima del IPC.
El terrorismo, las huelgas y toda clase de problemas derivados de los cambios políticos no ayudaban a una economía que iba sin rumbo
Cuando en el verano de 1976 llega Suárez a la jefatura del Gobierno, el empeoramiento de las cuentas públicas es muy evidente: la inflación supera el 20% y el desempleo -que apenas superaba las 100 mil personas 3 años antes- llegaba al medio millón. El terrorismo, las huelgas y toda clase de problemas derivados de los cambios políticos no ayudaban a una economía que iba sin rumbo. Como hicieron los últimos gobiernos franquistas, intentó aplacar las consecuencias de la crisis con concesiones a los que más protestaban; el mejor ejemplo en formato legal es la Ley de Relaciones Laborales de 1976 que, según recogen medios sindicalistas de izquierdas “es sin duda la cota más alta de derechos laborales individuales que jamás hemos alcanzado: readmisión en sus propios términos ante el despido improcedente; presunción directa de la contratación indefinida; disminución de la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales y descanso de doce horas entre jornada y jornada; descanso de 15 minutos en la jornada continua de 6 horas; autorización administrativa para la modificación del horario; ampliación de la maternidad posparto a 8 semanas y de la excedencia por maternidad hasta tres años; constitución del Fogasa; previsión de la revisión semestral del SMI si el índice general del coste de la vida aumentaba un 5%, etc.”
Pero tras las elecciones de 1977 Suárez comprende que la economía se está yendo a pique y es entonces cuando encarga al profesor Enrique Fuentes Quintana (al que le concede una vicepresidencia económica) que saque al país del atolladero. Con minoría parlamentaria y la necesidad de ajustes, el panorama se tornaba sombrío pero la oposición -e incluso los sindicatos- estuvieron a la altura y en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa que derivaron –muy resumidamente- en dos medidas económicas: Un ajuste económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación. Y la introducción de algunas reformas: modernización del sistema fiscal, aprobación de un nuevo marco legal para las relaciones laborales y liberalización del sistema financiero. Como vemos, todos cedieron y todos esos ajustes tuvieron cierto éxito en la reducción de la inflación, si bien redujeron el crecimiento. Y la única similitud de la situación actual con los Pactos de la Moncloa originales (la política monetaria más restrictiva) viene impuesta por BCE, nada tiene que ver con el Gobierno.
Para acabar de contar la historia: llegó la caída del Sah de Irán y la llegada de Jomeini y de nuevo el precio del crudo se disparó (se triplicó de enero de 1979 a diciembre de 1980) y con el déficit público tan alto, esta vez sí que las subidas de precios se trasladaron al consumidor. Este empeoramiento económico -que también disparó el paro por encima de los dos millones- tuvo una gran responsabilidad tanto en la dimisión de Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981 como en el intento de golpe de estado del 23 de febrero del mismo año como en la mayoría absoluta (y desplome de UCD) del PSOE en octubre de 1982 con un Felipe González que prometió crear 800 mil puestos de trabajo pero disparó la tasa de paro EPA, del 16,61% cuando llegó al poder, al 21,48% 3 años después, llegándose por vez primera a los 3 millones de parados. Con la entrada en la UE en 1985 ya empezó otro ciclo.
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