Tenemos en este país a pederastas campando a sus anchas mientras nuestros menores siguen siendo acosados. Vemos que el marco legal actual no es suficiente y que esta situación no se puede consentir. El último no solo ha sido acosado sexualmente sino que ha sido asesinado: el pequeño Álex. Los sucesos de la localidad de Lardero nos han conmocionado a todos pero este sentimiento generalizado no resuelve una situación que requiere ser abordada desde otra perspectiva, como la de reconsiderar seriamente la reinserción para los depredadores sexuales partiendo de la base sólida de que buena parte de ellos no tienen cura.
Sigue habiendo salvajes, auténticos monstruos, pederastas en la calle campando a sus anchas porque sus delitos han prescrito o porque ya han cumplido condena, aún a sabiendas de que pasar por prisión no es la solución porque van a convivir con su enfermedad de por vida, no van a alcanzar el objetivo de la reinserción y van a dejar de nuevo a su paso a víctimas inocentes. Posiblemente el monstruo de Lardero tenga una biografía atroz con una mochila vital de dolor y sufrimiento que desconocemos porque todo tiene un porqué. Pero ni Álex ni ningún niño o niña de este país tienen la culpa. No podemos mirar hacia otro lado ni silenciar lo obvio: los abusadores sexuales están en nuestro entorno, en nuestra familia, entre nuestros amigos, en el colegio de nuestros hijos o en las extraescolares a las que les llevamos.
El criterio de los profesionales
Esto es una realidad y otra es que la reinserción para ellos no existe. El pederasta y asesino de Lardero era un preso ejemplar, cumplió con todos los permisos carcelarios, pero su instinto criminal le llevó a los parques y a la vista está lo que ocurrió. Todos nos preguntamos si este espantoso crimen se podía haber evitado. Quizás no se le debió conceder nunca el tercer grado. Algo falla y conviene afinar legalmente en este sentido para acorralar a los pederastas, a estos depredadores sexuales.
Médicos, sicólogos, profesionales de los centros penitenciarios insisten una y otra vez en asegurar que se trata de reos multireincidentes, imposibilitados para retornar a una vida normal. Es preciso señalarles, mantenerlos allí donde deben estar porque, de no ser a sí, van a tener ellos más derecho que los menores a los que acosan. Un agresor sexual que no reciba tratamiento y que no permanezca bajo control profesional debe ser apartado socialmente porque sabemos que lo volverá a hacer.
Tenemos centenares, miles de víctimas y pocas condenas, tan solo hay cifrados unos 40.000 pederastas que por sentencia firme no pueden acercarse a menores. Los abusos sexuales a menores no son casos aislados, debemos darles visibilidad, debemos abordar la problemática, legalmente, políticamente y socialmente. La Fundación ANAR atiende a 6.000 menores víctimas de abuso sexual y apuntan que en la última década esos abusos se han multiplicado por cuatro los casos. No hay marcas, no dejan huella y nuestros hijos en muchos casos difícilmente se pueden defender o explicar. Esto sí que requiere un abordaje no el politiqueo banal del día a día. Cuídense.
