Opinión

Pedro, no son cuatro abajofirmantes

Sánchez ha sabido capear numerosos temporales, pero la ‘tormenta’ por la rebaja de la sedición y la malversación amenaza su futuro político con una intensidad en contra nunca vista hasta ahora

Algo me dice que la decisión de Pedro Sánchez de rebajar las penas por sedición y malversación a Oriol Junqueras y al resto de implicados en el referéndum ilegal en Cataluña después de tanto silencio y medias palabras interesadas probablemente para despistar a los suyos, representa para muchos en el PSOE -y fuera- la gota que colma el vaso de unas cesiones digeribles solo porque hemos vivido amodorrados en la teoría del shock: ya saben, una noticia tapa otra a cual más escandalosa, y así sucesivamente.

A Sánchez y, sobre todo, a esa Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que no quiere ver a decenas de sus mandos procesados por lo que hicieron, les han entrado las prisas; prisa por anular de facto ”futuras” sentencia, prisa porque el todopoderoso Junqueras -hoy apartado de cargo público por inhabilitación- pueda presentarse a unas próximas elecciones; y prisa, digámoslo todo, por asegurarse otra legislatura en La Moncloa si dan los números... Vamos, prisa por lo que viene siendo ”pactar con los delincuentes su propia condena” (sic) que dejó dicho este martes el rebelde Emiliano García-Page.

Llegados a este punto en que solo parece importar la aritmética parlamentaria presente y futura, para el presidente del Gobierno y para su asesor judicial áulico, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el mayor problema no es ni ese Alberto Núñez Feijóo que espera heredarles, ni Santiago Abascal y su moción de censura, ni las palabras gruesas de Page y del presidente aragonés Javier Lambán, o esos cuatro abajofirmantes -piensan en Ferraz-, en realidad varios cientos de ex ministros socialistas, políticos, juristas, intelectuales, que han suscrito un manifiesto con verdades como puños negro sobre blanco.

Lo peor para Sánchez es que más de un 70% de españoles, firme o no el famoso manifiesto, piensa esto: ”Es una burla hablar de desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo”

Lo peor para el inquilino de La Moncloa es saber que más de un 70% de españoles, firme o no, el famoso manifiesto, piensa esto: ”Es una burla hablar de desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo”, dice el texto que ha puesto de acuerdo a decenas de personajes de primer nivel que fueron, de todos los colores políticos y condición.

Políticamente, ese es un sapo indigerible para cualquier ciudadano con algo de autoestima; por todo: por el fondo del pacto, que ha obligado a la vicesecretaria general socialista y ministra, María Jesús Montero, a perseguir a barones y a los diputados -prietas las filas en la votación de este jueves en el Congreso, no vaya a ser qué…-, pero también por la forma; por tanta prisa delatora que busca limpiar el calendario electoral 2023 de problemas políticos.

¿Qué va a pasar cuando la nueva reforma entre en vigor y los abogados de 526 condenados por malversación que hay en España se pongan a trabajar para reducir las penas? ¿Nos tenemos que creer a pies juntillas -como cuando la ministra de Igualdad Irene Montero, decía que no habría excarcelación de agresores sexuales- que Iñaki Urgandarín o los condenados en los casos Púnica o Kitchen no se beneficiarán de esta reforma Junqueras del Código Penal? ¿En serio?

No hace falta ser catedrático en la materia para saber que cualquier cambio en una tipificación afecta a otras. Es igual que coger cerezas de un cesto, nunca sale una sola porque están entrelazadas. Resulta tan complejo técnicamente -la reforma que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2015 estuvo un año en el horno legislativo, a pesar de la mayoría absoluta del PP- que por ello han de intervenir ex ante, cosa que no se está haciendo por las prisas, la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, la cual vela por la unicidad de la norma tras los cambios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. Y por eso, también, el Código Penal goza de categoría de ley orgánica, con mayorías reforzadas para su aprobación, no simples.

Se trata de la misma ERC y el mismo Junqueras que acaban de dar las gracias a Sánchez y al PSOE, por su esfuerzo a favor de la “desjudicialización” del conflicto catalán, insistiendo en una hoja de ruta nítidamente independentista… es decir, ilegal de nuevo

Que la reforma del llamado Código Penal de la democracia (1995), apadrinado entonces por un magistrado y ex ministro socialista de Felipe González, Juan Alberto Belloch, la esté impulsando esa ERC que dos décadas después anduvo en la sala de máquina del procés da la medida del deterioro institucional al que se dirige este país; digan lo que digan su presidente y el ministro Bolaños.

Porque conviene no engañarse: se trata de la misma ERC y el mismo Junqueras que controla la Generalitat de Cataluña gracias a esas CUP antisistema ese Junts pel Cat que, a su vez, teledirige desde Bélgica el huido Carles Puigdemont -por más que hayan roto, veremos qué pasa con el Presupuesto-, y que acaban de dar las gracias a Sánchez y a este PSOE por sus esfuerzos en pro de la ”desjudicialización” (sic) insistiendo en una hoja de ruta nítidamente independentista… es decir, ilegal de nuevo.

Ley de claridad, llaman los republicanos catalanes a su propuesta con resonancias canadienses, donde se estipula lo siguiente: el Gobierno de España -el de Pedro Sánchez o el siguiente- deberá autorizar y plegarse a lo que se decida en un referéndum cuya validez estriba en que participe, mínimo, la mitad del censo real de catalanes y diga sí a la independencia un 55% de los que voten; o sea, que con solo un 27,5% del censo real de catalanes a favor, República Catalana sí o sí. Al margen de lo que opine el 73% restante…

No, si yo veo clarísima la jugada (antidemocrática): es la misma que ya intentó el astuto Artur Mas con las urnas de cartón en 2014, o la más institucional, con urnas de plástico chino, apadrinada por la Generalitat de Puigdemont & Junqueras en 2017 y llevada a cabo en colegios electorales improvisados fuera del control de Junta Electoral alguna… Ahora solo falta que la vea el presidente y recuerde cuando todo le parecía una “rebelión” de libro.

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