La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de respaldar y no ordenar el archivo de la investigación iniciada por el juez José Luis Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno, y su socio, consultor y empresario Carlos Barrabés, es la tercera resolución judicial en menos de veinticuatro horas que desmonta el inmenso bulo que viene divulgando de forma constante Pedro Sánchez sobre la falsa idea de que Begoña Gómez es objeto de una persecución judicial infundada, politizada y mediatizada para destruirle políticamente. Sánchez habla de los denunciantes y querellantes como elementos de la extrema derecha carentes de legitimidad. Y también el PSOE ha tratado de deslegitimar a la figura del juez Peinado porque su hija fue concejal del PP en un pueblo de Madrid. Todo en la sinuosa mente de Sánchez es una confabulación contra él. Sin embargo, no es cierto. No es creíble que todos los órganos judiciales con investigaciones que afectan al PSOE o al propio entorno familiar de Pedro Sánchez sea una conspiración organizada.
La Audiencia Provincial de Madrid no sólo constata que podría haber indicios de un delito de tráfico de influencias para que la investigación iniciada se reafirme y continúe adelante. También incide en algo relevante para la función social, la profesionalidad y el rigor de los periodistas. Es cierto que las denuncias iniciales y las querellas se formalizan con acusaciones basadas en la publicación de artículos periodísticos en distintos medios de comunicación. Y, como sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es perfectamente válido porque para iniciar una instrucción judicial bastan la verosimilitud y la mera posibilidad fundada de que haya conductas irregulares y con apariencia delictiva para arrancar una indagación. En el caso de Begoña Gómez no estamos aún en la fase de los procedimientos judiciales próximas a un procesamiento o a la apertura de juicio oral, donde, en efecto, es imprescindible que la investigación arroje indicios suficientes, claros y probables de criminalidad.
Ha iniciado una persecución insultante contra distintos medios –'la fachosfera', los 'pseudomedios'- y también contra los jueces"
En estas diligencias judiciales, el PSOE ha lanzado todo tipo de improperios contra los periodistas que vienen publicando informaciones alusivas a los negocios de Begoña Gómez, a sus reuniones con empresarios, a sus cartas de recomendación para empresas que después resultaron adjudicatarias de ayudas millonarias, e incluso de rescates para salvar a empresas de personas cercanas o amigos de la ruina. Los periodistas estamos cumpliendo con nuestra función esencial: averiguar, contrastar, redactar y publicar con rigor, y con ese plus de verosimilitud que exige nuestra legislación. Pero eso, algo tan normal y lógico en cualquier democracia desarrollada, es algo que Sánchez no entiende. Por eso ha iniciado una persecución insultante contra distintos medios –'la fachosfera', los 'pseudomedios'- y también contra los jueces. No puede olvidar Sánchez que las investigaciones periodísticas fueron ejemplares y condicionantes de procesos judiciales trascendentales en nuestra democracia con otros Gobiernos anteriores, tanto con el PSOE como con el PP. Ahí están los casos 'Filesa', 'Roldán', el uso fraudulento de los fondos reservados, las distintas ramas de la 'red Gürtel', el 'caso Bárcenas'… En alguno de esos casos, por cierto, y alabando informaciones periodísticas al respecto, se basó Sánchez precisamente para plantear en 2018 la moción de censura que le llevó al poder.
Lo que no puede es negar la evidencia de que Begoña Gómez y sus negocios opacos le están arrastrando a una situación límite. No es solo ser honrado. Es parecerlo. Y en este caso, ese segundo supuesto no se da"
Ocurre sin embargo que no sólo la justicia ha ratificado que hay indicios suficientes para investigar el entorno empresarial de Begoña Gómez, sino que conforme se van conociendo novedades sobre su amplia red de contactos y su influencia sobre ellos para instaurar una suerte de 'mercado negro' de negocios con sede en La Moncloa, el escándalo acorrala cada vez más a Sánchez. Haya o no haya delito de tráfico de influencias, hay una vulneración ética de cualquier principio de higiene democrática. Sánchez puede ampararse cuanto quiera en el insulto a los medios de comunicación o en las campañas de desprestigio a los jueces. Lo que no puede es negar la evidencia de que Begoña Gómez y sus negocios opacos le están arrastrando a una situación límite. No es solo ser honrado. Es parecerlo. Y en el caso de Begoña Gómez, ese segundo supuesto no se da.