“Veo mal el futuro porque se está gestionando inadecuadamente para la naturaleza de la crisis actual. En España se prefiere repartir dinero en subsidios que apostar por crear empleo”. Al otro lado del teléfono, la voz serena, pedagógica y rotunda -como siempre- del profesor Mikel Buesa -una de estas mañanas de radio en Onda Madrid- a propósito de las líneas generales de su estudio sobre la primera ola del coronavirus, entre enero y julio. Lectura recomendable e imprescindible para que la información de usar y tirar no nos bloquee las arterias del conocimiento. Sin espíritu crítico dejamos de ser ciudadanos de pleno derecho de manera voluntaria. Por eso hay que prestar atención a quien no renuncia a poner en el dedo en la llaga.
El profesor Buesa habla de lo que ha escrito, sin temor a quedar bien o mal con el sujeto de su análisis, basado en los datos y en los hechos. El título del libro es una sentencia que no deja margen a la enmienda: Abuso de poder. El coronavirus en España. Incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis. (Marcial Pons, 2020). Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, espera que el futuro de sus nietos (“la generación de la epidemia”) sea de “esperanza y progreso”. A corto plazo suena a otro cantar porque de la crisis económica no se sale, pronostica Buesa, “en dos o tres años por lo menos”.
Desde el 14 de marzo, con el paréntesis del verano, España está bajo un estado de alarma aplicado de manera excepcional, es decir, con más sombras constitucionales que luces. Tal y como explica Buesa en su capítulo dedicado a “la vida en confinamiento”, los españoles han optado por un recorte de sus derechos fundamentales, todo sea por la salud. El poder absoluto del presidente del Gobierno le permite aprovechar ese miedo en el cuerpo. No hay reproche a sus actos porque el control parlamentario, o lo que quedaba de él, ha pasado a mejor vida con un decreto que durante seis meses le permite ese todo vale tan del gusto de la actual generación política española. Si estamos en alarma no debería hacerse nada más que políticas relacionadas con la epidemia y las crisis económica y social. Ocurre lo contrario.
Lejos de dedicar todos los esfuerzos y recursos a terminar de una vez con la epidemia, el Gobierno hace camino, cerrando un acuerdo presupuestario que le mete kilómetros a la legislatura, hasta 2023
El primer estado de alarma fue aprovechado, sin venir a cuento, por ejemplo, para colar al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, en la comisión gubernamental del CNI. Desde entonces, ya sabemos que lo que menos le importa al número 3 del Gobierno son los asuntos sociales de su competencia. La segunda alarma tiene en pocas semanas todavía muchas más aristas. Lejos de dedicar todos los esfuerzos y recursos a terminar de una vez con la epidemia, el Gobierno hace camino, cerrando un acuerdo presupuestario que le mete kilómetros a la legislatura, hasta 2023. A lo largo de estas dos semanas se ha realizado una operación política de poder que va desde la aprobación de una ley de educación que implanta un monocultivo ideológico hasta la cesión de una instalación militar al Ayuntamiento de San Sebastián que expulsa al Ejército de la provincia de Guipúzcoa, a petición del incansable PNV.
Desguace de la Constitución
Entre medias, el portavoz de ERC, Rufián asoma el centralismo catalán al arrancar del Gobierno el fin de la autonomía en Madrid con la prohibición de bajar los impuestos sin el permiso del Estado. El independentismo contra el sistema autonómico, como en septiembre y octubre de 2017, cuando suspendieron la legalidad vigente. Según el Supremo, una “ensoñación” calificada como sedición y malversación de caudales públicos que se perfeccionará en cuanto Junqueras salga de la cárcel.
Las broncas entre el PSOE y Podemos no dejan de ser un entretenimiento más. El Gobierno hace más comunicación política que cualquier otra cosa, pero sin perder de vista lo esencial. Sánchez es presidente desde el 1 de junio de 2018. Hasta finales de 2023 no habrá otras elecciones. Sumando los dos períodos -desde la censura a la investidura y desde el pacto con Iglesias hasta el final de la legislatura- se habrá mantenido en el poder cinco años y medio, más que un mandato del presidente de la República en Francia. Sánchez va a conseguir el próximo diciembre unos Presupuestos para varios años. Durante 30 meses ha sido capaz de gobernar con las cuentas del PP, a base de decretos y con un estado de alarma que, de agotarse el plazo, le habrá permitido un poder excepcional durante casi un año. La enmienda de Podemos, Bildu y ERC para alargar la prohibición de los desahucios, tal y como desveló Vozpopuli, enseñaba la patita de una prórroga de dos años más a los poderes excepcionales del jefe del Gobierno. Sánchez sabe que no necesita ganar las siguientes elecciones. Le basta con sumar desde el segundo puesto los votos de la censura, tal y como hizo en 2018.
Mientras la operación de reunificación de electores (no de partidos) puesta en marcha por Casado trata de reunir, al menos, diez millones de votos -el tamaño de Vox dificulta mucho que sea posible de aquí a 3 años- el bloque actual del poder seguirá avanzando con la reforma, deconstrucción e incluso desguace del 78. Nada de lo sucedido esta semana debe ser tomado a título de inventario sino como inversión del binomio Sánchez-Iglesias para 2023, para seguir otros cuatro años más, como mínimo.
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