Hace un año y medio, tras la catástrofe electoral de Andalucía, Pedro Sánchez aceleraba la ocupación de instituciones y organismos clave del Estado dispuesto a atrincherarse en el poder o, al menos, a convertir lo que se anunciaba como una derrota en las urnas en 2023 en otra oportunidad para gobernar cuatro años más fuera al precio que fuera y comprando los apoyos de quien hiciera falta, y costara –no paga él- lo que costara.
Se puso manos a la obra tras llevar al PSOE al peor resultado de su historia en Andalucía. Tiró del BOE y de su mayoría Frankenstein en el Congreso y amplificó la colonización de puestos clave del Estado con vistas a lo que finalmente sucedió: tener que recurrir a ellos para llegar a lo que describe en su segundo libro de desmemorias como “Tierra firme”: un nuevo mandato.
Tras el desastre andaluz, Pedro Sánchez consumaba el asalto a Indra, empresa clave en la industria de Seguridad en la época de Pegasus y de las guerras en Ucrania y Gaza, pero, también, en el recuento de los votos electorales. Sánchez ocupaba Indra a través de Amber Capital, el fondo que es primer accionista en Prisa y, por tanto, de El País y la SER. Con ese movimiento, Moncloa colocaba tres consejeros en Indra, tomaba la empresa por la puerta de atrás y, mientras, la CNMV miraba para otro lado.
El plan de Pedro Sánchez
Con Indra en la buchaca, esa misma semana Pedro Sánchez reforzaba el CIS de Tezanos autorizando, vía BOE, a que cuatro asesores “de confianza” sirvieran de enlace entre Tezanos y Moncloa con una labor de “análisis de datos sensibles que sirvan para el asesoramiento de la Aministración y el Gobierno”. Con Indra bajo control y con el CIS con más funcionarios a su servicio para la labor de ‘oráculo’ de Moncloa, a Sánchez le faltaba otra pata sociológica: el INE, cuyos informes disgustaban a Pedro Sánchez y a Nadia Calviño. Dicho y hecho: destituyó al díscolo Juan Manuel Rodríguez Poo y le cambió por Israel Arroyo, un exsecretario de Estado del ministro Escrivá.
En unos días, tras el hundimiento socialista andaluz, Sánchez tomaba el control de la empresa que recuenta los votos; daba más poder al CIS y ponía a un adepto al frente del INE, que evalúa las previsiones económicas.
Desde entonces, Sánchez ha seguido colonizando sin disimulo todas y cada una de las instituciones o empresas que ha creído conveniente controlar para poder seguir en Moncloa. Poco después de las andaluzas amagó con una reforma legislativa que terminó por cambiar la mayoría en el Tribunal Constitucional y poner al frente a Cándido Conde Pumpido y entre sus miembros a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ahora mismo, la mayoría de 7-4 le garantiza que la ley de Amnistía cabrá en la Constitución. Sí o sí.
En noviembre del pasado año nombraba presidenta del Consejo de Estado a Magdalena Valerio, cuyo mérito acreditado para ello era haber sido su ministra de Trabajo. El Supremo ha tumbado el nombramiento al tiempo que declaraba por primera vez en la historia “no idóneo” al fiscal general, Álvaro García, nombrado a su vez a dedo por Dolores Delgado, también elegida para el cargo tras salir del Ministerio de Justicia de Sánchez y también anulado su ascenso a fiscal de Sala. Todo un sindiós que da buena cuenta de cómo gobierna Pedro Sánchez.
Tras amordazar a la justicia con la ocupación del Constitucional, la Fiscalía y hasta el Consejo de Estado, no es de extrañar el empeño que pone Pedro Sánchez en que se renueve el CGPJ y en contaminar a la judicatura con acusaciones de lawfare: el Gobierno de los jueces es prácticamente el último dique de contención frente a los anhelos de Su Sanchidad. Y haría bien Feijóo en mantenerse firme y no renovar sin antes cambiar la ley.
No es de extrañar el empeño que pone Pedro Sánchez en que se renueve el CGPJ y en contaminar a la judicatura con acusaciones de lawfare: el Gobierno de los jueces es prácticamente el último dique de contención frente a los anhelos de Su Sanchidad.
Estamos asistiendo ahora a la culminación –vía Consejo de Ministros- de la sanchistización de España. En los puestos clave de las principales empresas de la SEPI ya estaban los amigos de Pedro Sánchez: Correos, con Juanma Serrano y sus mil millones de déficit; Beatriz Corredor, exministra de Vivienda, al frente de Red Eléctrica y su más de medio millón de euros al año; Maurici Lucena –exdiputado socialista por Girona- al frente de AENA; otro diputado socialista por Albacete al frente del SEPE… Hasta el Hipódromo de la Zarzuela tiene al frente a la última jefa de prensa del PSOE, la periodista Maritcha Ruiz Mateos.
Ahora toca –ante el estupor del cuerpo diplomático- colocar a los colegas en puestos importantes cuando no claves para la política exterior. Es el caso de Héctor Gómez, exportavoz del PSOE y exministro, que ahora se pone al frente de un destino clave como la representación ante Naciones Unidas en Nueva York. Miquel Iceta, mientras tanto, podrá descansar en uno de los puestos envidiados –no por su trabajo, precisamente- como es la Unesco en París.
El (pen)último episodio en la colonización de puestos ha sido el nombramiento del presidente de la Agencia EFE. Sin ningún atisbo de pudor ha colocado al frente de la agencia pública de noticias al que fuera su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el mismo que citó a Fernando Garea –entonces presidente de la Agencia- a una cafetería para destituirle por ser incómodo para el Gobierno. Hoy, como premio, presidirá EFE para oprobio de los compañeros trabajadores.
Pedro Sánchez, en esto, ya no lleva a nadie a engaño. En su nuevo libro, con Irene Lozano también como amanuense -¡quién te ha visto y quién te ve, Irene!- habla de una persecución mediática y se propone acabar con el problema que, según Pedro Sánchez, España sufre de “pluralismo periodístico". “La España progresista no está representada en los medios de comunicación de acuerdo con su dimensión y su peso social", asegura.
Tiene a Prisa, con El País y la SER; ahora EFE, con su exsecretario de Comunicación, más atada en corto que nunca; RTVE… Tiene el Constitucional, el Consejo de Estado y la Fiscalía General. Tiene Indra, el INE, la CNMC, Correos, el CIS, toda la SEPI y empieza con las embajadas. Y eso que ha perdido las elecciones. Solo nos quedan los jueces, Europa y gran parte de los Gobiernos autonómicos. Y confiar en que la sangre de la lucha entre los socios de Pedro Sánchez –de Junts contra ERC; de PNV contra Bildu; y ahora, de Podemos contra Sumar- acabe un día llegando al río.
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