Dicen que Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, es uno de los miembros del Gobierno más cercanos ideológicamente a Unidas Podemos. Por eso sorprendió a muchos la contundencia, por no decir agresividad, con la que despachó el pasado lunes en el Congreso las mágicas simplezas arreglalotodo de sus socios de Gabinete. Ribera es de izquierdas quinto dan, solo hay que echar un vistazo rápido a su trayectoria para comprobarlo, y en materia de energía y electricidad sabe de lo que habla. Lo que ocurre, lo que ha ocurrido hasta ahora, es que las exigencias de la coalición le impedían decir lo que pensaba o sabía. Prohibido ceder espacio a los morados y a sus eslóganes baratos: “Esto lo arreglamos con una empresa pública de electricidad”; “hay que buscar soluciones en otros mercados mayoristas”. Eslóganes baratos, sí, pero efectivos frente a la falta de pedagogía, y destinados a un público que necesita culpables.
La dureza de Ribera no es solo un desahogo. Ni una excepción que añadir a la de Margarita Robles. Es una señal más de que algo está cambiando. La consigna de no combatir la demagogia para no importunar al copartícipe, utilizando el ingenioso método de consolidar la demagogia, parece haber dado todo lo que podía dar de sí. Las órdenes ya no son las del curso pasado. Ha quedado inaugurada la Fase 2 de la legislatura, esa que prevé que en una primera etapa se produzca el paulatino desenganche de Podemos y que en algún momento previo, y aún no determinado, a las municipales y autonómicas de mayo de 2023, Pedro Sánchez verifique el nuevo rumbo del PSOE y explosione desde dentro la coalición. ¿Problema? Que sea Podemos quien decida anticipar la detonación, hipótesis no descartable si tenemos en cuenta que a partir de ahora su presencia en el Gobierno, con los presupuestos aprobados, garantizada su prórroga en 2022, y los dineros de la Unión Europea mayoritariamente en manos de los ministros y altos cargos socialistas, pasará de ser testimonial a meramente anecdótica.
En algún momento anterior a las municipales y autonómicas de mayo de 2023, aún no determinado, Pedro Sánchez dará orden de explosionar desde dentro la coalición
Por cierto, que nada tiene de casual que el talón que la Unión Europea enviaba a España a mediados de agosto, 9.000 millones, fuera tan solo del 6 por ciento del total de los fondos previstos, mientras Italia, no se sabe por qué regla de tres, recibía el 13 por ciento, 24.900 millones. Un mensaje nada sutil a modo de advertencia; la diferencia existente entre despertar dudas y transmitir certezas; entre Sánchez y Draghi. Entre una Italia hace bien poco casi desahuciada por los mercados, y hoy ejemplo de gestión fiable, y una España aún sin modelo definido de gestión de los fondos -ocho meses después de aprobado el decreto-ley 36/2020 que regula la metodología de la ejecución de los distintos proyectos- y convertida en una de las principales preocupaciones europeas. Para que llegue el dinero prometido, en tiempo y forma, hay que despejar incertidumbres, descartar aventuras, ahuyentar tentaciones dudosamente democráticas, poner sin más demora fecha a reformas imprescindibles, y dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades. Y eso, con Unidas Podemos en el Gobierno, es de todo punto imposible. Lo sabe Sánchez, lo sabe Yolanda Díaz y lo sabe… Pablo Iglesias.
Iglesias, más político que nunca
No se lo crean. Iglesias no está fuera de la política sino más dentro que nunca. De otra manera, pero bien dentro, con la libertad de poder hacer un día sí y otro también, desde altavoces consolidados, campaña para frenar el declive de una formación que bien poco ha aportado al bienestar del país. Una campaña que de ningún modo puede descansar sobre lo hecho, sino, lo repetirán hasta el aburrimiento, sobre lo que no les han dejado hacer. ¿Quiénes? Los herederos del franquismo, el Ibex 35, la cloaca, el sector liberal del PSOE… Iglesias echará el resto porque la supervivencia de la élite morada, al modo peronista, dependerá de que Podemos siga siendo un actor político influyente. Iglesias echará el resto porque sabe que Sánchez tiene bien armado el plan de cara a la recta final de la legislatura (con el talonario a punto y un apoyo mediático que puede acabar rozando lo indecoroso), pero conoce bien su punto débil: el deterioro exponencial de la credibilidad del presidente entre la población en general y en amplios sectores de la izquierda en particular.
Hoy, la figura del líder socialista solo da para que al PSOE le voten aquellos cuyo único objetivo vital es evitar que gane la derecha, pero con eso no se llega ni a 100 diputados
El jefe de Gobierno ha vaciado en tiempo récord su depósito de autoridad moral, y cuanto más explota en su beneficio los méritos ajenos, ya sean los de los sanitarios, el Ejército, las Fuerzas de Seguridad o el personal del Servicio Exterior, más alimenta esa imagen pancista que tanta antipatía provoca en el respetable. Hoy, la figura del líder socialista solo llega para que al PSOE le voten aquellos cuyo único objetivo vital es impedir que gane la derecha. Pero con eso no se llega ni a 100 diputados. De ahí que la operación desenganche se acelere; el tantas veces anunciado giro al centro. Veremos a los ministros asaltar las televisiones, circular por donde Alsina y Herrera, vendiendo moderación, consenso y sensatez frente al aventurerismo suicida de sus hasta ahora compañeros de viaje.
Ni el PSOE ni Unidas Podemos se pueden permitir llegar juntos al último tramo de la legislatura. Pedro Sánchez abría ayer el curso con un discurso redundante en lo político y de injustificada euforia en lo económico. Nada con gaseosa, como dice nuestro editor. Lo más significativo es lo que no dijo. Ni un guiño al socio de Gobierno; ningún gesto de complicidad con Yolanda Díaz, a quien además le afanó el anuncio del incremento del salario mínimo. Entramos en otra dimensión. Y veremos cosas sorprendentes.
La postdata: Escrivá maltrata los que quieren jubilarse
La decisión de jubilarse es de las que se toman, por lo general, solo una vez en la vida. Es un paso importante, muy importante, que no suele tener marcha atrás y que la Administración debiera gestionar con especial atención y cuidadoso respeto a los derechos del solicitante. Nada más lejos de la realidad. Muchos ciudadanos que en los últimos meses han querido jubilarse, habiendo cumplido los requisitos de edad y años de cotización, se han encontrado con la sorpresa de que ninguna oficina de la Seguridad Social les daba cita presencial para realizar tan trascendental gestión. A lo sumo, se les ofrecía cita telefónica, o se les indicaba que lo hicieran a través de internet. Algo así como jubilarte a ciegas, sin que ningún funcionario revisara al detalle los datos de la vida laboral del peticionario y comprobara sin margen de error el montante preciso de la correspondiente pensión.
Es inaudito, por no decir indecente, que en muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades, a un trabajador se le niegue la atención personalizada que exige una decisión de esta naturaleza después de 40 o más años cotizados. Pretender despachar con una conversación telefónica, o un “hágalo usted por internet”, un trámite de esta complejidad, es más que una burla a quien se ha ganado con creces el derecho a una jubilación digna; es un fracaso de un sistema que hace aguas y que el ministro Escrivá ni ha previsto, ni parece que sea capaz de solucionar. Es comprensible que la pandemia haya obligado a restringir determinadas gestiones, pero la jubilación no es un trámite cualquiera, y lo que no tiene un pase es obligar a muchos ciudadanos a trasladarse a otras provincias para poder ser atendidos, práctica cada vez más habitual si, por ejemplo, pretendes jubilarte en Madrid.
A Escrivá se le amontona el trabajo, principalmente porque la incertidumbre provocada por los vaivenes del Gobierno en materia de pensiones ha provocado que sean muchos los trabajadores, especialmente trabajadores públicos, los que han optado por jubilarse anticipadamente. El atasco en las oficinas del INSS es monumental. Mientras, en su estado de excitación permanente, el ministro sigue sin entender cuál es el valor político de la palabra “prioridad”.
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