El principal argumento de los que minusvaloran el enorme volumen de deuda pública que se está acumulando en el mundo es que en realidad es un dinero que nunca se devuelve puesto que se refinancia; es decir, que como los estados no paran de emitir deuda, cada vez que captan nuevo dinero con él pagan los activos que van venciendo. De este modo, a no ser que el emisor deje de ser confiable y no encuentre fondos que acudan a sus subastas de bonos, nunca tiene riesgo de impago, le basta con elevar más los intereses que ofrece. Sin embargo, esto se demostró falso en la Eurozona cuando, a pesar del paraguas del BCE, en la crisis de 2010 se tuvo que recurrir desde la UE, al rescate de Grecia, Portugal e Irlanda y que, en el caso del país heleno, se tradujo en una condonación parcial de su deuda, con un alto coste para los inversores. Esto fue tan grave que Draghi, -con el apoyo explícito de Merkel, saltándose la norma que dice que tanto el BCE como los bancos centrales nacionales del Eurosistema tienen prohibido conceder créditos a las administraciones públicas- iniciaron un programa, copiado de la Fed estadounidense, que llevaba a nuestro banco central a comprar, con el truco de no hacerlo en mercado primario sino en el secundario adquiriéndosela al sector financiero privado, emisiones de deuda pública y financiando con ello a los estados. Es por esto que la deuda que asumen las administraciones públicas no ha sido motivo de preocupación a pesar de su intenso aumento de la última década, ya que el coste se ha mantenido muy contenido gracias a los bancos centrales que no sólo bajaron los tipos de interés, además aumentaron sus balances comprándola.
El giro radical de los bancos centrales, tanto por las subidas de tipos como por la reducción de sus balances, justo después de hincharlos aún más para intentar reducir el impacto de la crisis pandémica, desmiente la falacia de que el aumento del volumen de deuda no importe. Incluso cuando, como está pasando en la actualidad al subir más el PIB que la deuda anual (revisiones del pasado mediante), la ratio deuda/PIB disminuye algo. El motivo no es otro que el aumento de los intereses que hay que pagar. Cuando el Tesoro español colocaba letras y algunos bonos en negativo (es decir, cobrando intereses) como llegó a pasar en diciembre de 2020 incluso en una subasta de deuda a 10 años, daba igual emitir un millón que mil millones, incluso hasta venía bien que el montante fuera muy alto. Pero cuando se abona un 3,6% de intereses, como pasó en la última subasta de bonos con vencimiento 2033, el volumen sí importa. El estado renueva en torno al 13% de su pasivo cada año, en 2022 pagó 31.000 millones de euros sólo en intereses (cinco mil más que en 2021) y los cálculos dicen que en 2026 podrían superarse los 46.000 millones. Sean o no ciertos estos supuestos, es evidente que la subida de los tipos de interés implica un mayor coste, como sabe cualquier hipotecado, y el dinero creciente que en los Presupuestos Generales del Estado se destine a ello, se tendrá que quitar de otro lado o venir de un mayor aumento impositivo. Es decir, que el volumen sí importa.
Este auténtico ejercicio de recentralización (pasar deuda local a estatal es lo contrario del espíritu federalista que dice tener este gobierno) aumentará los costes para colocar las emisiones del Tesoro español
Es por eso que la Generalitat de Cataluña tenía tanto interés en traspasar parte de su deuda autonómica al estado central, ya que, aunque la deuda “nunca se devuelva”, reducir para siempre, y en un porcentaje importante, los intereses que debe pagar, sí que libera mucho dinero que el actual gobierno de ERC puede destinar a otros gastos. Se calcula que se ahorrará unos 1.300 millones en intereses que deberán pagar los demás. Incluso si el proceso se repite con todas las demás autonomías, no es lo mismo asumir por todos los españoles el 20% de la inmensa deuda catalana que el 20% de la pequeña deuda riojana. Y, a cambio, este auténtico ejercicio de recentralización (pasar deuda local a estatal es lo contrario del espíritu federalista que dice tener este gobierno) aumentará los costes para colocar las emisiones del Tesoro español. Por tanto, es falso que se condone deuda, simplemente se cambia de una administración pública española a otra, y así será si este mismo proceso se repite con otras entidades locales.
Es el mismo neolenguaje que triunfa debido a la complicidad vergonzosa de medios palmeros del gobierno, como cuando se titula que la Seguridad Social tiene superávit cuando en realidad está técnicamente quebrada. Gasta mucho más de lo que ingresa por cotizaciones pero recibe una inyección periódica de fondos (que encima llaman crédito cuando jamás se devolverá), es decir, un rescate en toda regla, similar al que en su día recibieron algunos países por parte de la UE para evitar que cayeran en el impago o el que reciben cada año varias empresas públicas españolas para no quebrar debido a sus abultadas pérdidas. Ante este panorama lo primero sería intentar que la deuda se redujera, y para que eso pase debemos eliminar el déficit presupuestario, el desfase entre ingresos y gastos. Como eso no está en la agenda de este Gobierno, el volumen de deuda seguirá creciendo y, desgraciadamente, aumentando el déficit al crecer los intereses que pagamos. Un círculo vicioso y peligroso.
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