No es una pregunta retórica. En las últimas elecciones generales, los españoles que acudieron a las urnas fueron 24,3 millones (de un censo de 35). El número de funcionarios y pensionistas, dos de los colectivos con menor vocación abstencionista, supera con creces los 12,5 millones de almas. El 36% del censo y más de la mitad de los que el 10 de noviembre de 2019 fueron a votar. Jubilados y empleados públicos, sin lugar a dudas, son los dos grupos de presión más potentes del país.
El problema es que la suma de salarios púbicos y gasto en pensiones ya alcanza el 25% del PIB, y subiendo, según las previsiones del Gobierno, que en el cuadro macro de 2023 contempla el incremento de ambas partidas conforme a la inflación. El problema es que, en España, el número de personas que viven del sector público (unos 16 millones) es casi idéntico al de las que cuelgan del privado. El problema es que el actual sistema de pensiones, se mire por donde se mire, está quebrado (el último superávit de la Seguridad Social data de 2010) y, si no se modifica, con perspectivas irrebatibles de empeorar.
Según el Banco de España, con el modelo actual, y teniendo en cuenta la esperanza de vida, aquellos que se jubilaron en 2017, y de ahí en adelante, van a percibir de promedio un 74% más de lo que aportaron a la Seguridad Social; la pensión media ya sobrepasa en cien euros el salario más habitual (1.080 euros netos); las nuevas jubilaciones son un 23,3% más elevadas que el sueldo más frecuente; y mientras las pensiones se han revalorizado en los últimos diez años un 30,29%, los salarios solo lo han hecho en un 4,85%.
Mientras las pensiones se han revalorizado en los últimos diez años un 30,29 por ciento, los salarios solo lo han hecho en un 4,85
Podríamos añadir más datos para ilustrar la anomalía, el desajuste generacional; para certificar el hundimiento de un sistema concebido para hacer frente a una remota realidad que nada se parece a la actual, ni en lo económico ni en lo demográfico. Podríamos, y deberíamos, pero ¿hay alguien que en el arranque de un nuevo ciclo electoral se atreva a decirles a la cara a jubilados y funcionarios que esto no puede seguir así?; ¿hay en la constelación de la política española algún valiente que reconozca abiertamente que no es ni posible ni solidario seguir actualizando sueldos y pensiones con la inflación?
Fondos Next Generation en el aire
Con esa sutileza diplomática, no siempre oportuna, con la que elige su lenguaje, la Comisión Europea denunciaba en su último Informe País sobre España la ausencia de planes de “consolidación creíbles” para corregir los grandes déficits estructurales de nuestra economía, empezando por el déficit y la deuda. El Gobierno sigue mirando para otro lado. Actúa como si las exhortaciones de Bruselas no fueran con él. El comisario de Economía, Gentiloni, se lo ha advertido a Calviño y a Escrivá: si no se desanclan del IPC los sueldos de los funcionarios y las pensiones, los futuros desembolsos de las ayudas covid serán cuestionados por varios socios europeos.
No parece probable que los países del norte y centro de Europa, que tendrán que pedir a sus ciudadanos nuevos sacrificios derivados de la crisis energética provocada por Putin, estén dispuestos a transigir con una nueva excepción ibérica, en este caso solo española. La Unión Europea le ha pedido a Pedro Sánchez que introduzca reformas que hagan sostenible el sistema de pensiones, entre las que incluye eliminar la indexación de estas al IPC y la ampliación del período de cálculo desde los 25 años a toda la vida laboral. Tampoco parece probable que Sánchez atienda tales peticiones, ni que Núñez Feijóo se arme de valor y asuma su cuota de responsabilidad reconociendo que si algún día gobierna tendrá que coger el toro por los cuernos.
No parece probable que los países del norte de Europa, afectados por la crisis provocada por Putin, vayan a transigir con una nueva excepción ibérica
No hay nadie a la vista (¿o sí?: ver postdata) con el coraje necesario para defender que los funcionarios, con la mochila repleta de trienios, asuman la mengua de sus futuras pensiones provocada por el incremento del período de cálculo. Nadie les va a decir a los jubilados, tampoco a los de pensiones más altas, o que gracias a prerrogativas extraordinarias -caso del Concierto Vasco- cuentan con mejores servicios que el resto (las pensiones medias en el País Vasco son casi un 25% superiores a las del conjunto de España), que el país no está en disposición de incrementar su paga al ritmo de la inflación. Esta interminable campaña electoral que empieza en Andalucía, y que si no hay sorpresas se alargará hasta finales de 2023, amenaza con el aplazamiento de reformas tan inevitables como necesarias, nos condena a subsistir por mucho más tiempo que el estrictamente necesario en una economía dopada y a reincidir en los errores que debilitan los cimientos sobre los que se asienta el Estado de bienestar y ensanchan el desencuentro generacional. A resignarnos a aceptar lo que una clase política oportunista y anodina nos empuja a ser: un país de segunda división.
La postdata: Arrimadas y su ¿último? servicio al país
El único partido que está en condiciones de desnudar esta estrategia falsaria de ocultar la realidad a los españoles, porque nada tiene que perder y sí mucho que ganar, es Ciudadanos. Lo más probable es que no lo haga, porque se acabará imponiendo la estrategia de no molestar demasiado para recibir a cambio una pequeña porción del pastel mediático. Y, quizá, la raquítica recompensa de uno o dos escaños. Se equivocará. Porque su última carta es nadar contra corriente, volver a los orígenes, renunciar a la pelea menor y salir a campo abierto, de frente, cuerpo a cuerpo; dibujar un retrato tan descarnado como cierto del país; poner a funcionarios y jubilados frente al espejo de su responsabilidad. También a los demás. A las administraciones públicas. A sindicatos y empresarios. Les puede salir mal. O no. En todo caso, Inés Arrimadas tiene ante sí una ocasión imprevista de hacerle un último servicio al país.
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