La parte social-liberal del actual ejecutivo lo ha vuelto a hacer. No contentos con la financiarización de la energía, de los alimentos, o del acceso a la vivienda, ahora pretenden financiarizar las pensiones públicas. Espero simplemente que la otra parte del ejecutivo se oponga firmemente, y no permita el cruce de determinadas líneas rojas. Los argumentos, los de siempre, aquellos que proporciona la economía neoclásica. Siguen sin entender el fracaso del fundamentalismo del mercado aplicado a los derechos humanos –vivienda, energía, alimentos, agua, y ahora pensiones-. Siguen sin comprender que el aumento de la inflación se debe, hasta ahora, a los precios fijados en los mercados derivados de materias primas, y su traslado a energía y alimentos no elaborados, fruto de esa desregulación financiera de finales de los 90, que tanto jadearon. Y ahora pretender trasladar el fundamentalismo de mercado, aplicado al mercado eléctrico o a la vivienda, a las pensiones públicas.
Para ello cuentan con la colaboración de ciertos medios de comunicación, esos mismos que exigen reformas estructurales y alaban la reforma del mercado laboral, y que nos avisan de la insostenibilidad de las pensiones públicas. El agujero de nuestra Seguridad Social, en ausencia de soberanía monetaria, es cada día mayor, tras décadas de descensos salariales, empleo precario y bonificaciones a las cotizaciones. En este escenario, el esquema de pensiones públicas basado en el sistema de reparto se encuentra sometido a un ataque constante por parte de la ortodoxia neoclásica y de los mass media. Estos sistemas han funcionado bien en el pasado, sin embargo en la actualidad presentan una serie de problemas de financiación como consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, los cambios en la distribución de la renta y los errores de política económica derivados de la implementación de la ortodoxia económica -reforma laboral, salarios, …-.
En muchos países de nuestro entorno veremos mucho antes el colapso de los esquemas de pensiones privados, especialmente cuando pinche la burbuja actual, que aún puede durar unos meses
A partir de estos problemas reales, ciertos responsables de las políticas públicas trabajan bajo la hipótesis de una nueva crisis que se avecina, de la que vienen hablando hace décadas, la de las pensiones públicas basadas en el sistema de reparto. Las soluciones que proponen implican generalmente una reducción de los beneficios logrados, mediante el aumento de la edad de jubilación, y un movimiento claro en favor de sistemas pre-financiados, total o parcialmente, que incluso lleve a una privatización de parte o de la totalidad del sistema. Sin embargo, en muchos países de nuestro entorno veremos mucho antes el colapso de los esquemas de pensiones privados, especialmente cuando pinche la burbuja actual, que aún puede durar unos meses más. La solución a los problemas de la economía global debería virar en la dirección contraria, reforzar los sistemas de reparto.
En el origen de todo, como siempre, las falsedades de los modelos neoclásicos. La hipótesis de partida de la ortodoxia neoclásica era que la transición desde un sistema público de reparto a otro completamente financiado, público o privado, tendría un efecto positivo real de dotar a las generaciones futuras de un mayor capital y un producto per cápita más alto, ya que debería producir un aumento del ahorro agregado y del stock de capital, lo que permitiría preparar a la economía para afrontar desarrollos demográficos futuros.
En el corazón de este razonamiento se encuentra la causalidad neoclásica de que “el ahorro genera inversión”, frente al punto de vista postkeynesiano donde “es la inversión la que genera ahorro”. La evidencia empírica valida la hipótesis postkeynesiana, rechazando la causalidad neoclásica. La realidad es tozuda. La financiarización de la economía global ha acabado disminuyendo de manera significativa la tasa de inversión en capital y el desarrollo empresarial. Ahora, sorprendidos, achacan a la concentración empresarial el descenso en las tasas de inversión y en la productividad del capital. Es cierto, pero esa concentración solamente fue posible por la desregulación y los diferentes procesos de liberalizaciones que ellos aplaudieron.
El estancamiento de los salarios
Los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto, y que se deberían atacar, son otros: el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, la ausencia de inversión productiva y la caída de la productividad. Remediar el estancamiento de los salarios y la desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la inversión en capital y desarrollo y, por ende, de la productividad, son las partes intrínsecas que permitirían solucionar los problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto, sin necesidad de acudir a sistemas financiados y a sus efectos perversos.
En realidad, se está gestando la tormenta perfecta en el mundo de los esquemas de pensiones pre-financiados. La enésima burbuja financiera, en la que estamos inmersos, pinchará, y distintos fondos de pensiones que se ocupan de las prestaciones de jubilación para colectivos de trabajadores específicos presentarán solicitudes para recortar los beneficios de sus partícipes. Ello activará una dinámica perversa. Muchos trabajadores que deberían estar disfrutando de la jubilación, se verán forzados a continuar en el mercado laboral para complementar sus menguantes pensiones futuras, por debajo de lo inicialmente esperado. Por eso, sería necesario analizar las razones de la actual situación del sistema de reparto antes de ofrecer una alternativa pre-financiada, total o parcialmente, que sabemos fracasará.
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