Las fonotecas de las emisoras de radio y las videotecas de las televisiones españolas están repletas de declaraciones del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, día sí día también, con ese plus de credibilidad que le da el aspecto bonachón que luce, asegurándonos que el cómputo de años trabajados para calcular nuestras pensiones solo subiría por encima de su cadáver y que, por supuesto, nunca íbamos a ver mermada la cuantía.
Bueno, pues parece que la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) ya le han pasao, que cantaba la cupletista Celia Gámez en aquella España franquista y destruida de los años 40, haciendo mofa del ¡No pasarán! republicano derrotado. Y ahí sigue el señor ministro, políticamente vivito y coleando como si nada: sin que se le mueva un pelo de la cabeza, Escrivá ha comunicado en la mesa donde negocia las pensiones con los agentes sociales su propuesta de elevar la base de cálculo de la pensión a 30 años trabajados, en lugar de los actuales 25, de los cuales vamos a poder elegir “los mejores 28”, dice… Cuidao con las carteras.
De momento, lo que viene a significar su anuncio es que donde dije digo digo Diego y que vamos a cobrar menos, aunque no lo diga así… algo que los del famoso baby-boom -nacidos entre 1956 y 1970- ya sospechábamos. No hacía falta ser muy listo para intuir que, con dos trabajadores cotizando por cada pensionista hoy día -y el alarmante e imposible pronóstico del Banco de España de solo 1,5 cotizantes por jubilado en 2050-, las cuentas y los cuentos que Escriva y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, iban contando por Bruselas meses atrás no se los creía nadie; y, claro, se han puesto duros con España antes de que el descontrol haga de las suyas en la cuarta economía del euro y el miedo se apodere de los mercados de deuda, que son muy suyos.
Esto va de que en una España con un serio problema de endeudamiento (115% del PIB), la sostenibilidad de las pensiones esté garantizada para todos; para los jubilados de ahora, y los que llegaremos. Sin demagogia ni postureo electoralista del Gobierno
De esto va esta vaina, como dicen en Hispanoamérica, de viabilidad del sistema público; no sobre si los españoles tenemos derecho a cobrar una pensión después de cuarenta años cotizados -¡por supuesto!-. Va de que, en un país con un serio problema de endeudamiento (115% del Producto Interior Bruto), la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo esté garantizada para todos; para los jubilados de ahora, y para los que estamos por llegar. Sin demagogia ni postureo electoralista de nadie; y menos que nadie, el Gobierno.
Porque en Bruselas han acabado de torcer el gesto cuando han visto que Pedro Sánchez se va a permitir indexar todas al IPC a uno de enero, las más bajas (800 euros) y las más altas (2.800): un 8,5% lineal solo porque el año que viene hay dos citas con las urnas. La factura va a ser 13.500 millones más de lo previsto en los Presupuestos vigentes, lo cual es un roto en las arcas públicas de considerables dimensiones, por mucho que el Estado esté recaudando un 25% más en IVA y IRPF.
Lo que les han dicho a Calviño y, sobre todo, a Escrivá en sus viajes a la capital comunitaria, es que ese gasto extra, en tanto que estructural, o encuentran forma de financiarlo o la reforma del sistema, la cual debe estar aprobada a 31 de diciembre, no pasa la prueba del algodón bruselense; de ahí que el ministro Escrivá haya ido aprisa y corriendo a la mesa negociadora a reconocer que 25 años de cómputo son pocos, que 30 pero, eso sí, ”los mejores 28”; a la carta, vamos. En Bruselas deben estar alucinando. Apuesto doble contra sencillo que la siguiente visita del ministro a la mesa negociadora es para proponer ”los mejores 30” por indicación de arriba… al tiempo.
Si el Pacto de Toledo había acordado en 2013 (con Bruselas vigilando, ojo) un factor de sostenibilidad, habría sido inteligente no derogarlo a las primeras de cambio; máxime si con el mecanismo de solidaridad intergeneracional no salen las cuentas
A lo que nos debería llevar este chusco episodio es a concluir que un país que respeta a sí mismo no juega con las cosas de comer a conveniencia del Gobierno de turno; que no todo lo que hace tu predecesor es necesariamente malo y que, si los partidos participantes en el Pacto de Toledo habían acordado en 2013 (con Bruselas vigilando, ojo) durante la etapa de Mariano Rajoy un factor de sostenibilidad… igual habría sido conveniente mantenerlo y no derogarlo a las primeras de cambio.
Máxime si luego vienen los hombres de negro a decir que tu mecanismo de equidad intergeneracional es magia porque el aumento de cotizaciones para mantener la indexación anual con el IPC -hasta 70.000 millones, según los últimos cálculos- no está claro y que las cuentas siguen sin salir… Tan simple (o tan complejo) como eso.
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