Es muy de agradecer el despliegue de circunloquios, rodeos buenistas y maquillajes con los que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, trató de adoctrinar a los ciudadanos para aclararles qué debe ser un medio de comunicación, cómo debe financiarse, quién ha de controlarlo, de qué y cómo debe informar... y sobre todo, qué es la auténtica democracia según el Gobierno. No merece la pena dedicar demasiado esfuerzo argumental a negar a estas alturas que el 'Plan de Acción por la Democracia' no responde a una exigencia europea de ningún tipo, sino a una pose reactiva del presidente del Gobierno en cuanto tomó conciencia de la imputación de su mujer en un proceso penal susceptible de generar información pura y dura. Históricamente, a la izquierda nunca le agradaron las libertades de prensa, de información y de opinión. Pero de lo poco o nada que concretó Bolaños sobre el plan del Ejecutivo para 'regenerar' a los periodistas españoles, conviene sospechar por una razón sustancial: La Moncloa definirá qué es un medio, creará un registro para conocer cómo se financia, ordenará a quién excluir o no del reparto de publicidad institucional, y sustraerá a los jueces el control legal de los abusos periodísticos para establecer su propio régimen de persecución gubernativa.
El Gobierno ha iniciado su plan de adoctrinamiento mediático para imponer a los ciudadanos qué debe ser un medio de comunicación, cómo debe financiarse, quién ha de controlarlo y de qué y cómo debe informar
Permítame traducirle entre tanto almíbar democráticamente europeizante del ministro Bolaños. El Gobierno considera obsoleto, por inútil, el derecho de rectificación contra los medios de comunicación que publiquen noticias "falsas o abiertamente tendenciosas". Más allá de que será un organismo designado por Moncloa, y por tanto parcial y de parte, quien decida al final qué es tendencioso o no, lo novedoso es la idea de incorporar indemnizaciones al derecho de rectificación que no decidirán los tribunales, sino La Moncloa. ¿Habrá multas si no se informa con el criterio que La Moncloa considere el idóneo y debido? A priori, prejuicios aparte, parece una versión 3.0 de la censura previa.
Cien millones para digitalización de medios de comunicación. Una medida siempre interesante si respondiese a criterios objetivos que en realidad no deja de ocultar una intrigante sospecha: ¿lo imperante será la ideologización específica del medio para ser premiado o ser vetado, independientemente de su audiencia? Además, se va a dotar a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de nuevas funciones específicas en materia de "servicios digitales y medios de comunicación". La coartada para semejante empellón de 'acción democrática' será evitar la concentración de medios. Pero no deja de ser la excusa para atribuir a un organismo público controlado por el Ejecutivo la capacidad de restringir el margen de maniobra de los medios de comunicación. Allá donde judicialmente un magistrado no encuentre motivos para actuar, sí podrá hacerlo administrativamente un ente colonizado por el Gobierno. ¿En serio Competencia tiene que irrumpir en el mercado de medios en España, la inmensa mayoría de ellos pymes?
El Gobierno se garantiza carta blanca para confundir deliberadamente proporcionalidad y arbitrariedad a favor o en contra de cualquier medio de Prensa, según convenga a los intereses de La Moncloa
Se va a reformar la ley del secreto profesional atribuido a los periodistas. La pregunta que surge es la siguiente: ¿con la obligación nueva de identificar, conocer y delatar a una fuente ante la sospecha de que realmente no hay fuentes rigurosas, sino propagadores de bulos? La restricción de derechos profesionales que asoma en este nuevo periodismo resulta tan intervencionista como preocupante. También lo será la decisión del Gobierno para limitar por ley a las Administraciones Públicas la financiación da medios, o el ahogamiento previsto en una nueva Ley de Publicidad Institucional en la que sea el Gobierno quien imponga qué criterios de audiencias o qué requisitos de proporcionalidad son necesarios para recibir fondos públicos y poder pagar así parte las nóminas de sus periodistas. Un chiringuito mediático a manos de colectivos muy minoritarios, por raquítica audiencia que tenga, podrá ser merecedor de fondos institucionales si responde a los cánones de ideologización monclovita por aquello de la proporcionalidad y la pluralidad. Otro que tenga mucha más audiencia, por el contrario, podrá quedar tranquilamente proscrito si así lo acuerda la "comisión de expertos" que La Moncloa designe. A los meros efectos de esta traducción, el Gobierno se garantiza carta blanca para confundir deliberadamente proporcionalidad y arbitrariedad, según convenga.
El Gobierno, en sus 31 medidas, habla de "responsabilidad en el ecosistema informativo" sin definirla. De nuevo una pregunta retórica. ¿Quién decide qué es responsable o qué no lo es? ¿Un código deontológico que vincule por norma a todos los periodistas? ¿Un juez que delimite si hay injurias o calumnias? ¿Una asociación de la prensa que defienda el secreto profesional? ¿De nuevo serán los mismos expertos de Bolaños, esos que tendrán el mandato de ser permisivos con las "ayudas" directas a los medios que utilicen las lenguas cooficiales? Sánchez ni siquiera hace el amago de esconder un plan diseñado a la medida de su sectario concepto de la democracia, en el que los contrapesos al Gobierno se pervierten y en el que hasta el nacionalismo y el independentismo quedarán como guardianes de las esencias de la pluralidad informativa y editorial. Todo será que al final la libertad de prensa en España termine dependiendo de Ábalos… Como ironía de la ética y estética del sanchismo no tendría precio.