La derrota del PSOE y sus socios en las elecciones autonómicas andaluzas del mes pasado ha obligado a Sánchez a mover ficha. La economía no anda muy bien y todos esperaban que anunciase algo relacionado con ella. En otras circunstancias quizá hubiese tirado de Franco o de alguna ley ideológica de esas que tanto gustan a sus socios de Podemos, pero no está el horno para bollos. En Andalucía el voto que ha perdido el PSOE no se lo ha llevado Podemos en ninguna de sus dos variedades y eso le daba ya una pista de por dónde le aprieta el zapato.
Los españoles están, aparte de algo hartos del trilero de Moncloa, muy preocupados por la economía. No es para menos. La inflación está disparada. El mes pasado se fue por encima del 10% y ya ha entrado en la zona de dos dígitos, desde mediados de los ochenta no se veía nada igual. El empleo por ahora se mantiene, pero no será por mucho tiempo ya que el crecimiento se ha parado en seco. En el primer trimestre de este año sólo creció un 0,2% y la guerra en Ucrania no había hecho más que empezar. Desde entonces todo ha ido a peor. Entretanto el déficit público está por las nubes. En 2021 cerró en un 6,7% y este año se estima que no baje del 5%. La deuda pública, por su parte, ha escalado hasta el 120% sobre PIB y sigue subiendo porque el Gobierno emite bonos sin cesar y gasta como un niño tonto. Sin crecimiento no se genera empleo y en España el Gobierno no puede echar mano de la impresora de billetes como hacen en Argentina o en Turquía. La impresora está ahí, pero no al servicio del inquilino de Moncloa.
Como los problemas son de índole económica y esos son difíciles de ocultar, cosa que el Gobierno trató de hacer al principio hablando de sólida recuperación y necedades por el estilo, la reacción de Sánchez al batacazo en Andalucía tenía que ser económica. En abril el Gobierno aprobó un plan anticrisis con mucho bombo. Iba a durar 90 días, del 1 de abril al 30 de junio. En ese tiempo calcularon que ya se habría acabado lo de Ucrania y entraría a raudales el dinero de los fondos europeos. Con la guerra concluida, el gas a precios más razonables y el maná europeo sería fácil encarar el último tramo de la legislatura. Pero si a Sánchez los planes le suelen salir mal, las presunciones le salen aún peor. Lo de Ucrania no se ha acabado, el gas está más caro que nunca, ídem con el petróleo y, para colmo de males, la cadena de suministro completamente estrangulada ha provocado una crisis de suministros a escala mundial que afecta a todo: desde las bobinas de acero a los automóviles pasando por los alimentos o los teléfonos móviles. La demanda es mucho más fuerte que la oferta y eso ha contribuido a elevar los precios.
A Sánchez, que se ve perdiendo las próximas elecciones, sólo le queda el presupuesto y eso mismo es lo que va a utilizar mientras le sigan prestando dinero
El segundo plan anticrisis, aprobado hace justo una semana, parte de idénticos principios que el anterior: gasto a raudales y luego ya veremos lo que pasa. A Sánchez, que se ve perdiendo las próximas elecciones, sólo le queda el presupuesto y eso mismo es lo que va a utilizar mientras le sigan prestando dinero. Ese dinero lo va a emplear en hacer transferencias masivas en forma de subsidios, algo que ya consagraba el anterior plan y que no ha funcionado más que para engordar la deuda pública y complicar la calificación crediticia del país.
El equipo económico de Moncloa, como ya sucedió en tiempos de Zapatero con los tristemente recordados planes E en los que se quemaron 20.000 millones de euros para nada, sigue apostándolo todo a un keynesianismo rancio que lo cifra todo en gastar sin medida hipotecando de paso los próximos años en los que tendremos que pagar la fiesta. Esto en el BCE ya lo van notando. Hasta hace no mucho España no despertaba demasiadas preocupaciones en Bruselas. Estaban centrados en la pandemia y en cómo evitar que provocase una depresión económica. Ahora, de vuelta a la realidad, se empiezan a dar cuenta que en el extremo suroeste del continente tienen un problema y un tipo al frente de ese problema del que no se pueden fiar. El BCE ya ha puesto bajo vigilancia al Gobierno español por su afición al gasto sin medida. No han sido los primeros. El Banco de España lo viene diciendo desde hace tiempo. Ante una crisis como la actual, caracterizada por un shock de oferta que no puede mantenerse al ritmo que impone la demanda y un encarecimiento repentino de la energía, lo peor que se puede hacer el abrir la espita del gasto.
Es un Gobierno ideológico, seguramente el más ideológico desde los años 70. Su agenda es de máximos. Su estatismo les ciega
Cuando las cosas vienen muy mal dadas, como es el caso, se ha de ser muy cauto con el gasto, de hecho, lo mejor es reducirlo y hacer todo lo posible para que quienes generan riqueza y empleo lo sigan haciendo. Eso implica bajar impuestos, aligerar trámites y meter un tajo consistente al gasto público. Eso es lo que haría cualquiera que no esté poseído por la ideología o apurado políticamente. En el caso de Sánchez se dan los dos males. Es un Gobierno ideológico, seguramente el más ideológico desde los años 70. Su agenda es de máximos. Su estatismo les ciega, por lo que bajar impuestos es algo que ni se plantean. Esto se vio bien cuando empezó a escalar el precio de la gasolina hace unos meses. En lugar de rebajar la carga fiscal de los combustibles, que es altísima, lo que hicieron fue poner un subsidio de 20 céntimos por litro a costa del contribuyente, un subsidio, además, muy mal gestionado que ha puesto al borde de la quiebra a muchas gasolineras. Con la luz se encontraron ante un problema parecido. Ahí primero se negaron arguyendo que la UE no les dejaba bajar impuestos, luego redujeron el IVA del 21% al 10%. Ahora lo han dejado en el 5%. El IVA es sólo una de las muchas cargas que encarecen el recibo de la luz. No han tocado ninguna de las otras, al contrario, acaban de sacarse de la manga un impuesto especial a las eléctricas que neutralizará la bajada del IVA.
Con todo, lo de la bajada del IVA de la luz se lo pidió el PP hace tres meses (pidieron bajarlo al 4%) y lo desestimaron. También desestimaron la idea de bajar el IRPF por tramos con carácter retroactivo. Los impuestos son sagrados para esta gente y no quisieron ni oír hablar del tema. En la visita que Feijóo hizo a Moncloa en abril recomendó a Sánchez recortar un poco de gasto superfluo. Una especie de carta a los reyes magos escrita a un Gobierno con 22 ministerios y que ha multiplicado los asesores y los cargos de confianza. El gasto político está por las nubes y ese gasto es el primero que debe eliminarse cuando empieza a faltar el dinero. Pero el gasto político es útil para mantener caliente el pesebre y cerca a los socios de Gobierno, que llevan dos años perdiendo poder regional y tienen muchas bocas que alimentar.
El problema de Sánchez es que su descrédito es ya muy grande y pocos son los que se fían de él. Si no lo hacían cuando aún había dinero en la caja, menos lo harán ahora que en breve empezará a escasear. El modo que ha elegido para canalizar los subsidios no es, además, el más adecuado si pretende que la economía recupere el aliento en algún momento del próximo año y medio. Regalar 20 céntimos por litro a todo el que ponga gasolina no le reportará más votos de los que ya tiene y lo único que conseguirá es que los carburantes suban de golpe el día que se acabe el subsidio. Eso ocasionará un disgusto considerable a no ser que el precio del petróleo se derrumbe y vuelva a niveles de 2020, algo que amortiguaría el palo, pero es poco probable que suceda.
Si quiere seguir endeudándose tendrá que hacerlo en el mercado abierto a tipos sensiblemente mayores. Entonces entrará en la espiral que padecimos hace diez años
Lo que si puede suceder es que, tras el verano y la falsa ilusión de normalidad que generan los ingresos turísticos, sobrevenga lo peor. Para entonces el programa de compra de bonos soberanos por parte del BCE ya habrá concluido. Si quiere seguir endeudándose tendrá que hacerlo en el mercado abierto a tipos sensiblemente mayores. Entonces entrará en la espiral que padecimos hace diez años. Las agencias de calificación penalizarán los títulos del Tesoro y eso hará que suba el diferencial con el bono alemán. Llegado un punto no se podrá emitir más y tampoco se podrá gastar más. Pero tiene comprometido demasiado gasto, empezando por la indexación al IPC de las pensiones, algo que en Bruselas no saben ya como pedir que elimine porque con estas tasas de inflación es insostenible, y terminando por todo el gasto político que ha ocasionado el ejecutivo de coalición.
Ahí no quedará otra que ir con las orejas gachas a Bruselas y pedir ayuda. Se la darán seguro porque España es, por tamaño, la cuarta economía de la eurozona. Pero no será gratis. Exigirán condiciones que más duras serán cuanto más lejos llegue esta huida hacia delante de un aventurero que se encuentra ya en el final de su escapada. Las condiciones implicarán impuestos y recortes presupuestarios a cambio del dinero justo para pagar a fin de mes las pensiones y las nóminas de los empleados públicos. Esto ya lo hemos vivido una vez. Lo increíble es que estemos reviviéndolo sólo una década más tarde.
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